imagotipo

Clientelismo electoral

  • José Roberto Ruíz Saldaña

José Roberto Ruiz Saldaña

La evolución de la regulación electoral en nuestro país, sobre todo los últimos 20 años, ha permitido introducir más certeza, legalidad y transparencia en la organización de las elecciones. Para fortuna de las mexicanas y los mexicanos, contamos con una autoridad electoral nacional muy profesional para preparar y realizar elecciones, y todos los votos se cuentan y se cuentan bien.

Sin embargo, el enorme reto ahora es mejorar la calidad de la competencia electoral. Ciertamente, su mejora será en gran parte reflejo -algún día- de una mayor cultura política democrática, pero también el resultado de una generación de reformas que apunten ante todo a acrecentar esa calidad. Las leyes no son suficientes pero sí necesarias para una democracia consolidada.

Uno de los grandes desafíos para mejorar la calidad de la competencia electoral es, sin duda, garantizar plenamente la libertad del sufragio, es decir, la posibilidad de emitir de forma libre la voluntad popular. No obstante que se ha llevado al ámbito penal la sanción de conductas que afectan esa libertad, como la compra, presión o coacción del voto, la vía es insuficiente. Las modalidades cada vez son más sutiles a fin de afectar la libertad del sufragio

Una manifestación preocupante en este sentido, sobre todo en las campañas electorales, es la utilización de recursos con absoluta discrecionalidad para otorgar “apoyos”, que de ninguna manera constituyen una política pública ni son resultado de programas previamente presupuestados, todo ello -como es evidente- con la pretensión de generar “gratitud” del ciudadano hacia el otorgante del “apoyo”. Este clientelismo electoral más indignante cuanto más reiterativo y desapercibido se presenta a nivel municipal. A veces pareciera que la competencia fuera sobre cuál alcalde concibe la entrega más discrecional y personalista de recursos públicos.

Para que lo anterior no suceda necesitamos como sociedad dimensionar la gravedad del problema y que la sociedad organizada impulse en la agenda legislativa electoral reformas que tiendan a regular la creación estricta de programas, sin conceder otra tipología como acciones, apoyos, medidas, entre otras, que en realidad evitan dar cuenta de la conveniencia, viabilidad y eficiencia de los genuinos programas. Asimismo, se requiere que todo programa de desarrollo social, incluso a nivel municipal, cuente necesariamente con reglas de operación y un padrón de beneficiarios. De igual manera, endurecer sanciones a servidores públicos que utilicen discrecionalmente los recursos públicos otorgando “apoyos”.

El clientelismo electoral puede convertirse en un gran cáncer en nuestra incipiente regularidad democrática. Es hora para las reformas electorales que atiendan nuestra realidad y encaren los grandes desafíos de nuestra democracia aún por consolidar.
Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77

joseroberto.ruiz@ine.mx