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CONASAMI entre la negativa y la opacidad para subir el salario / En Cantera y Pata / Claudia S. Corichi

  • Claudia Corichi

Dos cosas hacían falta al debate sobre el aumento al salario mínimo en México. La primera es una ley reglamentaria –aún pendiente y que ya debería haberse emitido- a partir de la aprobación el año pasado de la desindexación del mismo; y la segunda, una que ha sido revelada desde el trabajo de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que evidencia que a partir de los parámetros de trabajo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, no existen argumentos –ni siquiera metodología- para impedir que se materialice un aumento sustancial a los ingresos de la ciudadanía.

La revelación es contundente en dos sentidos, primero por que la ASF identificó que de 2001 a 2014 la CONASAMI utilizó casi 540 millones de pesos en 144 estudios socioeconómicos e investigaciones, que tenían como objeto determinar el salario mínimo; sin embargo, dichas pesquisas no reflejaron una metodología para la determinación de los salarios. Es decir, además del incumplimiento de sus funciones, la Comisión utilizó un promedio de tres millones 747 mil pesos anualmente para labores que no se tradujeron en beneficios tangibles para las y los trabajadores.

Mientras tanto, en esos trece años, en siete ocasiones, el incremento al salario mínimo nominal fue menor que la inflación, a la vez que el salario mínimo real registró una pérdida acumulada de 3.1 por ciento.

Esta situación ha llevado a que México sea el país latinoamericano con el salario mínimo más bajo para un trabajador de tiempo completo, con una remuneración mensual de 175.5 dólares, -5.9 dólares diarios-;es decir, aun por debajo de países como Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, entre otros, que tienen históricamente ingresos bajos. En Argentina por ejemplo, se ofrece una dieta mínima de mil 182 dólares, lo que equivaldría a 575 veces el salario mínimo mexicano.

La precariedad de los ingresos en nuestro país ha sido señalada por especialistas como un fenómeno que, además de perpetuar una brecha salarial con respecto al empleo en la región y afectar directamente los derechos económicos y sociales de las y los mexicanos, inhibe el consumo y por ende afecta la economía de todo el país.

Una de las industrias más emblemáticas de esta situación ha sido la automotriz, pues aunque el auge de ésta le ha permitido a México ser el principal proveedor de autos a Estados Unidos, los sueldos de los trabajadores de este sector solo han crecido 0.3 por ciento anual desde 2003, lo que lo ha vuelto uno de los más pauperizados y de ahí parte de las altas ganancias a costa de una población con empleos de hambre.

Es inaceptable que en este contexto, la CONASAMI haya reconocido ante la evidencia, la carencia siquiera de una metodología, alegando con descaro la falta de recursos presupuestarios, humanos y materiales para realizar su trabajo, toda vez que como lo ha hecho evidente la Auditoría, el dinero ha fluido hacia la institución, solo que ésta simplemente no ha hecho su trabajo, incumpliendo legal, formal y éticamente con sus objetivos para el país.

En México, el promedio de ingresos para más del 67 por ciento de la población es de entre uno y hasta tres salarios mínimos, por lo que desde algunos espacios se ha impulsado la idea de que la determinación de éste, en el marco de la Ley Secundaría aún por debatir, se dé dentro de una instancia técnica como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en razón no solo de las demandas macroeconómicas, sino de las necesidades de las personas para acceder a insumos básicos.

Como lo señaló la ASF, que la Comisión incumpla con la implementación de una metodología para determinar el salario mínimo, abre amplios cuestionamientos, desde si la fijación del mismo se ha dado de forma razonable a las necesidades básicas de la población, hasta si la propia existencia de la CONASAMI –y el gasto que nos ha generado- han valido la pena, o de si es hora de pensar en acabar con un costoso elefante blanco, o incluso, en el último de los casos, de llevar ante la Ley a los responsables de omisiones que han mantenido a millones de personas en la pobreza.