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Concertar la impunidad

  • Danner González

El descrédito de la clase política alcanza niveles insospechados. En Veracruz, era sabido desde el sexenio pasado que una nueva clase política se enriquecía rápidamente a costa del erario público. Hoy vemos priístas que se erigen en adalides de la justicia y denuncian la corrupción rampante del sexenio duartista, pero que, fueron parte, o guardaron un silencio cómplice de sus trapacerías.

El año pasado, como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, al denunciar el desaseo en el manejo de los recursos públicos que arrojó la Cuenta Pública 2013, propuse revisar con celeridad las cuentas públicas, pues su desfase de dos años, ralentiza el proceso de rendición de cuentas y posibilita que quienes causan perjuicio a la hacienda pública, logren evadir la acción de la justicia, como sucede por estos días con Padrés y Duarte. Me pregunté entonces, como ahora: ¿Es el apartado de solventación de las “observaciones”, un subterfugio mediante el cual la Auditoría Superior de la Federación negocia con los gobernadores arreglar sus desmanes?

A estas alturas del deshonor de la clase política gobernante, hace falta cuestionar: ¿Cómo se construyen los pactos de impunidad entre quienes aportan dinero público a las campañas políticas, asumiéndose por ello intocables? ¿En qué momento del ejercicio del poder un gobernante supone que el compromiso político es superior a la rendición de cuentas? ¿Cuánto le debían el Presidente y su partido al gobernador Javier Duarte, para abrirle una puerta de escape? Y ¿quién protege a los diputados federales priístas que, siendo responsables del quebranto a las finanzas públicas de Veracruz, siguen en San Lázaro escudados en el fuero?

Si hubo evidencias irrefutables del mal uso de recursos, ¿por qué no se ejercieron las acciones penales en contra de los responsables, aun cuando desde mayo del año pasado, en la Comisión Permanente, senadores y diputados exhortamos por unanimidad a la PGR a que actuara? ¿Qué significa el traspaso de la procuradora Arely Gómez (quien conoce a la perfección los expedientes en contra de exgobernadores) al Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuál será su encomienda allá, cuando no ejerció las acciones como abogada de la nación? ¿Será velar por la conservación del pacto de impunidad entre priístas y panistas, mientras a la PGR llega un priísta, para mayores señas, primo del Consejero Jurídico de la Presidencia?

Priístas y panistas pueden desgañitarse todo lo que quieran, reclamando los excesos de los impresentables de enfrente, pero lo cierto es que unos y otros han usado a Duarte y Padrés como moneda de cambio en sus cúpulas y en sus discusiones en las Cámaras. Es la concertación de la impunidad rampante. Es el “no toques a los míos y no toco a los tuyos”. Es el “te cambio la pala por el bat” de la ya olvidada cumbia del encanto.

Diputado federal y Consejero del Poder

Legislativo ante el INE en la LXII Legislatura.

@dannerglez