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Constitución centenaria / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

Antes de que aparezca mi siguiente colaboración habrá transcurrido ya el fin de semana largo en el que se incluye el día de asueto supuestamente dedicado a la conmemoración del aniversario de la Constitución elaborada por el Constituyente de Querétaro hace 99 años. La celebración, como el objeto de la misma, se han ido diluyendo, la primera por el afán, aparentemente eficientista, que en busca de la productividad se adjudicó victorias ideológicas, sacrificando específicamente la memoria de las gestas históricas que más han molestado a los herederos del conservadurismo del siglo XIX: la victoria de Juárez y la Revolución Mexicana, a la que algunos no quieren ni mentar y la reducen a sus siglas RM.

Las festividades desalojadas de su día natural para hacerlas perdedizas en el anonimato del calendario fueron las que debían rendir homenaje a la Constitución surgida del movimiento revolucionario (5 de febrero) a Benito Juárez (21 de marzo) y, ¡por supuesto!, a la Revolución Mexicana (20 de noviembre). No desaparecieron el 1o de Mayo, gracias a la razonada y razonable oposición de los representantes obreros en el Congreso cuando se consumó el desaguisado, a quienes solo habría que reprocharles no haber mostrado el mismo celo para defender los otros fastos.

La creación del Congreso Constituyente que plasmó las conquistas de la Revolución ha sufrido tantas modificaciones y alteraciones que difícilmente la reconocerían sus autores originales. Diversas decisiones políticas fundamentales tomadas en 1916-17 han variado radicalmente en los casi cien años transcurridos.

Para empezar, en el artículo primero se abandonó una concepción juspositivista tendiente a fortalecer la posición del Estado mexicano frente a intereses privados nacionales y extranjeros para sustituirla por un retorno al jusnaturalismo, cuya base filosófica es digna del mayor respeto, pero cuya interpretación llevada al extremo hace peligrar intereses superiores de la comunidad nacional para privilegiar finalidades individuales motivadas más por propósitos crematísticos que humanitarios.

La redacción original, según la cual los derechos fundamentales se concretan en garantías “otorgadas” por la Constitución, rechazaba la existencia de derechos anteriores y superiores al Estado y con ello defendía los heterodoxos preceptos que rompían con añejos dogmas liberales para introducir derechos sociales como los otorgados a los trabajadores con carácter irrenunciable y las limitaciones impuestas a la propiedad rural a partir de la declaración de que la nación es la propietaria original de las tierras y las aguas del territorio nacional, de manera que toda propiedad privada es derivada, puesto que la nación, dice el texto del artículo 27, “ha tenido” y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.

La expresión “ha tenido” permitía operar sobre la bárbara acumulación de propiedad territorial que propiciaba una rampante explotación humana en el campo sin que se pretendiera alegar la afectación de “derechos naturales”. Hay que recordar que el jusnaturalismo incluye entre los referidos derechos naturales a la propiedad.

En el ámbito de la protección de recursos estratégicos y previsiones políticas como la no reelección también ha habido notables cambios, si bien debe reconocerse que al respecto las normas modificadas con las recientes reformas se habían hecho más rígidas después de 1917.
eandrade@oem.com.mx