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Constitución centenaria e incumplible

  • Juan Antonio García Villa

Quizá la principal característica de la Constitución vigente, que acaba de cumplir cien años, sea su maleabilidad. Es decir, su constante modificación, a un ritmo de locura, de tal manera que en cien años ha sufrido nada menos que 699 enmiendas, según cómputo puntual revelado en días pasados. Ello a pesar de que la misma Carta Magna establece un procedimiento que la doctrina califica como rígido (o sea, complejo, dificultoso, nada fácil) para introducirle cambios.

El otro rasgo distintivo de la Constitución es su carácter meramente literario. Éste se hace consistir -es cierto- en lo inmejorable de su contenido, en sus preceptos de avanzada y en que las instituciones que prevé lindan en la perfección. Pero son incumplibles. Incumplibles por tratarse de normas diseñadas a sabiendas de que no podrán ser acatadas, y que aun siéndolo no existe ni en sus mismos autores el menor ánimo de cumplirlas.

Quien conozca, así sea de manera superficial, tanto la historia como la realidad presente del país, sabe perfectamente que lo afirmado no es invención. Que se trata de una verdad incontrovertible, negada solo por quienes pretenden autoengañarse.

Hace más de ocho décadas, hacia mediados de los años 30 del siglo pasado, con singular claridad ya había hecho notar lo anterior el filósofo Samuel Ramos. En su libro clásico “El perfil del hombre y la cultura en México”, Ramos planteó las consecuencias que derivan de copiar en forma extralógica un marco constitucional ajeno para ser aplicado a una realidad diferente. Produce, escribió, un necesario divorcio entre el Derecho y la propia realidad. “La ley adquiere entonces -reflexionó Ramos- el prestigio de un fetiche intocable; pero como la movilidad de la vida no se deja apresar dentro de fórmulas rígidas, rompe a cada momento la legalidad, dando la impresión de una conducta incongruente”.

En apoyo a su tesis, Ramos cita al efecto al autor francés André Siegried, quien sobre el punto escribió lo siguiente: “Nunca he oído hablar tanto de Constitución como en esos países en donde la Constitución se viola todos los días. Eminentes juristas discuten seria y concienzudamente la significación de los textos de los cuales los políticos se burlan, y si uno sonríe, los doctos apuntan con el dedo los artículos que son la garantía del derecho. La ley no tiene majestad sino en las palabras”.

Así ha sido, de simulación permanente, el régimen constitucional mexicano. Así al menos, durante las últimas dieciséis décadas, si bien con razones atendibles Cosío Villegas y Enrique Krauze han insistido en excluir de tal situación a la década que va de 1867 a 1876, al restaurarse la república.

¿Por qué? Muy sencillo: porque los principios, entre otros, los relativos al federalismo, la división de Poderes, la independencia del Legislativo, la autonomía de los estados, el municipio libre, al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la vigencia de las instituciones democráticas, así como al eficaz combate de la corrupción y la impunidad, han sido, en mayor o menor medida, letra muerta, simple ficción, objeto de burlas. De manera comedida, a esto Cosío Villegas lo llamó “la veneración formal de la Constitución y su desobediencia en los hechos”.