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Consulta a pueblos indígenas, una simulación

Por Angélica de la Peña*

Es una verdadera tragedia la que sobreviven pueblos y las comunidades indígenas en nuestro país, los cuales a pesar de su épica resistencia son despojados de su territorio, de sus recursos naturales, de su cultura y de su pasado, por la maquinaria del supuesto desarrollo sustentable de la generación de energías alternativas.

Los proyectos, con anuencia de las autoridades, carecen de un enfoque de reconocimiento de los pueblos y comunidades originarias como parte de la Nación mexicana, que es única e indivisible, conforme establece nuestra Constitución.

No se les ha consultado con información veraz y previa, no se ha tomado en cuenta la realidad de cada grupo indígena, su lengua materna, la cosmovisión que guía su vida cotidiana y mucho menos, considerado los derechos reconocidos constitucionalmente. Hasta ahora las consultas han sido meras simulaciones.

Esta es una de las varias conclusiones del foro “Derecho a la Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas en México”, organizado por PRODESC y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

Además, coincidimos en que personas medioambientalistas y defensoras de derechos humanos se han convertido en objetivos de hostigamiento, de agresiones e incluso de asesinatos, por parte de personeros de la industria generadora de energía, pero también de mineras, madereras, de grandes productores agropecuarios y de megaproyectos de infraestructura.

Y si todo lo anterior no fuera suficiente, también está la perniciosa presencia de las bandas delincuenciales.

Así observamos que este fenómeno de despojo y desplazamiento forzado interno se repite en diversas regiones. En San Luis Potosí, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta durante de cinco años se ha enfrentado pacíficamente a mineras canadienses, mientras que en Sinaloa, la construcción de la presa Picachos dejó sin hogar a cientos de comuneros.

En tanto que en Sonora, la lucha de los Yaquis es de auténtica supervivencia ante la construcción de un acueducto que les priva del agua, de la que por cierto son dueños ancestrales y ha derivado en una sentencia de la SCJN; mientras en Oaxaca, pueblos istmeños viven bajo el amago de consorcios transnacionales que pretenden arrebatarles su territorio para construir parques eólicos.

Mención aparte merece la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, que se ha convertido en un botín para las bandas de la delincuencia organizada.

Estas referencias solo son un botón de muestra del desastre que debemos corregir para garantizar que los impulsores de los megaproyectos, que se pretenden instalar en territorios indígenas, contemplen efectiva y previamente la decisión de los pueblos y comunidades y que los resultados sean vinculatorios.

Esta es una responsabilidad del Estado mexicano, constituido no solamente por el gobierno federal sino también por los gobiernos estatales y el Poder Legislativo federal y estatal y de manera relevante por el Poder Judicial que, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya está comenzando a resolver amparos de casos emblemáticos como el de la Tribu Yaqui en contra de la construcción de un acueducto.

El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas exige el reconocimiento y respeto a sus instituciones representativas, lengua, tradiciones, pasado y cosmovisión.

Sin pueblos y comunidades indígenas es inviable una Nación mexicana única e indivisible.

*Senadora por el PRD

@angelicadelap