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Conveniente

  • Pablo Marentes

  • Pablo Marentes

Surgen algunas voces, unas cuántas pero legítimas y autorizadas, que coinciden en señalar que no es acertado que el Poder Ejecutivo Federal “continúe empleando con la frecuencia que lo hace, a contingentes de las Fuerzas Armadas nacionales para perseguir grupos de delincuencia organizada y recuperar territorios ocupados por el narcotráfico”. Es ya una solicitud común de los gobernadores al Presidente de la República, que incremente la presencia de efectivos del Ejército y de la Armada en sus respectivos estados. Hace algún tiempo el representante en México de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, opinó: “no es aconsejable que el Gobierno ocupe al Ejército para perseguir delincuentes, enfrentarlos, combatirlos y someterlos”.

La investigación militar anticipatoria, es sigilosa, secreta, para evaluar peligros y riesgos y decidir un procedimiento infalible que asegure el propósito militar. Las Fuerzas Armadas no aplican acciones preventivas y menos por convencimiento. Dada la orden por el Supremo Comandante, éstas actúan una vez que han asegurado el triunfo en la misión encargada. Si se les encomiendan acciones policíacas, las Fuerzas Armadas pierden su razón de existir.

Directivos de partidos políticos han señalado que el Ejército no debe salir a las calles a enfrentarse con distribuidores y vendedores de estupefacientes. Y tienen razón. Las Fuerzas Armadas van directo al objetivo. No le pedirán al presidente municipal: “denos permiso para transitar en sentido contrario por la avenida Principal.” El Ejército actúa en acatamiento de una orden irrebatible. Y la cumple.

El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, son aparatos represivos del Estado. El Ejército actúa en contra de un enemigo definido anticipadamente. Declarada la guerra, nada detendrá la acción militar. Pero en México no hay guerra. En México hay personas dedicadas a la producción, distribución y venta de mercancías fuera del comercio.

A esas personas es menester perseguirlas, enfrentarlas, inmovilizarlas para sujetarlas a un proceso penal a lo largo del cual se escucharán acusaciones y defensas, y al final una sentencia dictada de conformidad con las penas y sanciones que señala el Código Penal de cada Estado de la Federación para cada conducta “típica, antijurídica, culpable y punible”.

Si el Gobierno federal empleara al Ejército nacional para perseguir delincuentes, el Presidente del Estado Mexicano estaría violando normas que él, juró cumplir y hacer cumplir.

El Ejército Mexicano tiene experiencia en la preparación e integración en el cortísimo plazo, de cuerpos de protección social en zonas urbanas y en zonas de población dispersa. En seis semanas el Ejército adiestraría a los primeros cuerpos policíacos especiales, -o la Guardia Nacional que prevé el Artículo 76 Constitucional en su fracción IV-, que saldrían a enfrentar a los grupos que constituyen las cadenas de cultivo, producción, transformación y venta de estupefacientes y la ordeña de combustibles. Esa era la idea inherente a la creación de la Gendarmería: hombres armados y adiestrados para enfrentar hasta vencer a los traficantes. La orden del presidente Peña Nieto, a los altos mandos de las tres Fuerzas Armadas habría de ser: elijan, adiestren y dediquen a la defensa y protección de los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes y maduros, a los hombres más eficaces.