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¿Corrupción Mx?

ERUBIEL TIRADO

Este sexenio pasará a la historia como la invención de justificaciones de la corrupción por parte de nuestros políticos: “sí robo… pero poquito”, dijo un presidente municipal del norte (aunque ya se sabe tampoco ejerce el gasto social o que más bien se lo asigna a sus amigos y parientes; “en efecto, cobré liquidación millonaria por dos años de servicio en CFE… pero es legal” (como también fue legal ignorar las restricciones del gasto impuestas por Hacienda y pagar sumas millonarias para viajar a Suiza a promover la inversión energética); o, “la casa de campo me la vendió (a precio por debajo del mercado) la misma constructora que se benefició con obra pública del Gobierno estatal…, pero yo ya no era funcionario”.

Estas afirmaciones que se mueven entre el cinismo y la pseudointeligencia política son el reflejo de comportamientos abusivos de los políticos que se aprovechan de aparentes zonas grises donde la ley supuestamente no distingue los conflictos de interese o los procesos de control son más bien tardíos o perezosos que, cuando los órganos fiscalizadores se alistan a aplicar sanciones luego de comprobar conductas corruptas, los responsables ya no están para rendir cuentas… o siguen en el poder.

El otro extremo de la madeja es la falta de consecuencias reales contra quienes, a nuestra costa no solo se enriquecen, sino que incurren en comportamientos de negligencia criminal. Esto nos lleva de vuelta a la simplificación presidencial. Quien ejerce el poder en México, se espera que se enriquezca y deje enriquecerse a quienes lo rodean (“que salpique” dice la conseja de siniestra picardía), dejando otro silogismo nefasto en nuestra cultura: quien no se aprovecha, entonces es un verdadero imbécil.

Los datos y las historias dejan de ser anécdotas cuando se cuantifica el daño económico que deja la corrupción en general (en este espacio solo hemos abordado un solo tipo) para el país: entre el 10 y el 18 por ciento del PIB es el costo que pagamos todos los mexicanos.

La dimensión es brutal cuando se piensa que esto representa cuatro o cinco veces más el dinero que recortó el Gobierno y el Congreso en este año de contracción y escasez económica. Por algo México ocupa el lugar 170 de un total de 190 entre los que son más corruptos.

¿Anticorrupción como sistema? El país está a punto de estrenar un pomposo sistema nacional anticorrupción, cuyo diseño legal e institucional obedece a una negociación cupular de nuestra clase política (el PRI-gobierno apoyaría la iniciativa anticorrupción del PAN a cambio de las reformas estructurales peñistas) y que es seguida por diversas iniciativas ciudadanas.

Sin embargo, las vicisitudes en la conformación de los notables de la anticorrupción y el eventual nombramiento de un flamante Fiscal General no anticipan una marcha suave ni garantiza una eficacia mínima (ahí está la foto elocuente de la cabeza del Comité Coordinador Ciudadano, flanqueada por los titulares de la Función Pública y la PGR, vivos ejemplos de la aplicación floja de la ley).

Su principal debilidad, las reglas no escritas del sistema político mexicano del “nomás tantito” o que se haga la voluntad anticorrupción en los bueyes de mi compadre (del otro partido). En realidad, lo que se tiene en concreto es una cauda de regulaciones desde los años ochenta y noventa que dieron forma más bien a un sistema que debía prevenir la corrupción en el ejercicio público del poder pero que más bien sirvió para muy poco.

El nuevo sistema nace con la tara mexicana, no de la una subcultura como la que alude el presidente Peña, sino de ser parte estructural del sistema político. Habrá que esperar.

*Politólogo, coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana