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Crisis / Pablo Marentes

  • Pablo Marentes

En cuanto que toda estructura social es sujeto de relaciones de poder, es consecuente afirmar que las sociedades son objeto de un discurso dominante. Marx lo connotaría comoideología: Las ideas políticas y económicas relacionadas con los intereses de los grupos dominantes. Antonio Gramsci lo identificaría como un factor de hegemonía: fuerza represiva más consentimiento por convencimiento. En México los erróneos significados atribuidos a Política y Estado fueron diseminados por los profesores de los licenciados (en derecho) -los “lics”-, los administradores y los economistas egresados de algunas universidades privadas y otras públicas que desde hace tres sexenios vienen ocupado prominentes cargos en el gobierno federal y en buena parte de las administraciones estatales y algunas municipales. Les dijeron, les explicaron, les reiteraron que Max Weber tuvo el acierto de percibir que en el Estado contemporáneo la relación entre Estado y violencia es especialmente íntima. En el pasado, afirma Weber, “instituciones muy diversas, a partir de la estirpe, han empleado la fuerza física como un recurso normal, necesario, de control social. Hoy debemos afirmar que un Estado es una comunidad humana que se atribuye con éxito, el monopolio del uso legítima de la fuerza física dentro de un territorio dado”. El Estado, en consecuencia, es la única fuente del “derecho” a hacer uso de la violencia. Por lo tanto Política significa esfuerzos para compartir el poder o esfuerzos para determinar el proceso de la distribución del poder, ya sea entre estados o entre grupos dentro del estado. La definición evoca el medievo.

Por política debe entenderse en la actualidad el propósito permanente de estimular, determinar y encausar la redistribución de valores para la sociedad entera, entendido como valor el objeto de cualquier necesidad, actitud o deseo. Y Estado es el inhibidor del empleo de la fuerza física con excepción de los casos en que por mandato de ley, y de conformidad con un proceso legal definido en las leyes y reglamentos vigentes, derivados de la Constitución, una persona física o moral ha sido vencido en juicio y se ha hecho acreedor a la sanción que establecen las leyes generales y los códigos de procedimientos legales que llevan a demostrar violaciones a las normas en vigor. El Estado emplea la fuerza física represiva para inmovilizar a un ciudadano o un grupo que ciudadanos que hubieran violado la ley. El último grado de represión que permiten las leyes de México es la inmovilización mediante la fuerza represiva cuando se detiene a un individuo en flagrante comisión de una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. La fuerza represiva no ha de aplicarse en México en contra de algún ciudadano que exprese su rechazo o critique una ley, a un servidor público, o a cualquier miembro de alguno de los tres poderes que constituyen el Estado contemporáneo: la Judicatura, el Ejecutivo y el Legislativo.

Se señala que el Estado está en Crisis. Y que la crisis proviene de la violación del Pacto por México perpetrada por el ejecutivo federal.

Crisis, sabemos, significa el momento en que una enfermedad, alteración física o emocional se habrá de resolver dilemáticamente: o se supera, o la alteración vence a su presa. La crisis en un Estado, anticipa que o sale robustecido o desaparece. El ejemplo más reciente es el de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

Al analizar la situación actual mexicana, suelen los analistas inculpar a las oposiciones. Y se procede a la condena de todas. El Pacto fue una anticipación de lo que México necesita en su Legislativo: la aceptación de la oposición no como un grupo de derrotados sino como factor eficaz y activo del quehacer político redistributivo de valores.