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Crisis en derechos humanos / Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

Las apreciaciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la existencia de una situación crítica en dicha materia en nuestro país, parece carente de un sustento sólido en lo cuantitativo y en lo cualitativo. La duración y alcance de sus visitas no son suficientes para llegar a tal conclusión, como lo ha hecho notar el propio Gobierno mexicano, y los inspectores extranjeros no toman en cuenta que la situación conflictiva en materia de seguridad que vive México deriva de la existencia de una criminalidad organizada que ha sido provista de armas por el país vecino, en parte, por la falta de control en esa materia que da lugar al tráfico ilícito, y en otra, porque las propias autoridades estadunidenses han facilitado la entrega de armas a los grupos delictivos. Empero, es claro que el Gobierno de México no patrocina sistemáticamente la violación de derechos ni el abuso de la autoridad en contra de los ciudadanos, esto puede ocurrir por parte de algunas fuerzas de seguridad pública como el caso de Iguala, pero no constituye una política, ni una práctica apoyada por el Gobierno de la Nación. Situación diferente a la que se imputa a Jordania que, por ser nacional de ese país debería conocer el alto comisionado, en donde Amnistía Internacional afirma que existen cárceles clandestinas apoyadas por el Gobierno, y en ellas se interroga mediante tortura, con el patrocinio de Estados Unidos, a personas sospechosas de terrorismo.

Parece mentira que el principal responsable en el mundo de la protección de los derechos humanos desconozca la esencial naturaleza de éstos y haga que su actividad se asimile más a una condena prejuiciada y politizada que a una auténtica preocupación por el combate a las violaciones de tales derechos.

El señor Zeid Ra’ad Al Hussein parece ignorar que tales violaciones solo pueden provenir de la autoridad constituida y no genéricamente de la existencia de una situación violenta, en la que actúan grupos criminales que el Estado tiene el deber de combatir. Ciertamente, ese combate no puede justificar violaciones y la estrategia iniciada el sexenio anterior no ha probado ser la más adecuada e incluso puede admitirse que abre posibilidades de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, pero el Gobierno no las auspicia, de modo que podría hablarse de una situación crítica en cuanto a la seguridad en algunas partes del país, pero no de violación generalizada de derechos humanos.

El sujeto obligado por estos derechos, una vez que se establecen dentro del orden jurídico, es el Estado, ya sea porque tiene el deber de omitir una conducta que los lesione, o porque su legislación, jurisdicción o administración deben garantizar condiciones de igualdad reales y no únicamente establecidas en las normas pero sin efectividad práctica por las condiciones de marginación y carencia de oportunidades a las que se encuentran sujetos los integrantes de ciertos sectores de la sociedad, históricamente desfavorecidos.

En esa virtud, es necesario reconocer que no todos los derechos que pueda tener una persona, son derechos humanos, pues estos se definen en función de su exigencia ante el poder público, es decir, frente a quien ejerce la autoridad. El derecho subjetivo es el género del cual el derecho humano es la especie. Todo derecho humano es, en rigor, un derecho subjetivo cuya contraparte es una obligación del Estado, pero no todo derecho subjetivo es un derecho humano.
eandrade@oem.com.mx