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Cultura de la legalidad electoral / José Roberto Ruiz Saldaña

  • José Roberto Ruíz Saldaña

El Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se enfrentan a enormes retos institucionales para preservar la legalidad en materia electoral. Cuatro problemas llaman la atención y exigen coordinación interinstitucional. Todos son muestra de una precaria cultura de la legalidad.

El cambio de domicilio de forma irregular, conocido como “turismo electoral”, ocurre cuando un grupo de personas cambia de un municipio o entidad a otro, regularmente colindante, para lo cual acuden al INE a solicitar una credencial de elector con un nuevo domicilio, mismo que no habitan, a fin de incidir en el padrón electoral y, eventualmente, en el resultado de la elección. Este fenómeno representa el 28.7 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas por la Fepade en 21 años. El Estado de México, Veracruz, Sonora, Hidalgo, Quintana Roo y Chihuahua son los estados con mayor número de averiguaciones previas iniciadas por ese tema.

Asimismo, se han presentado numerosos casos donde una persona tramita una credencial para votar con identidad diferente, sin embargo el INE detecta coincidencias en el rostro y huellas dactilares a través de sistemas informáticos. Al comprobarse que se trata de la misma persona, se toma como una alteración al Registro Federal de Electores y se denuncia el delito. Las averiguaciones previas relacionadas con ese tema representan el 18.9 por ciento de las iniciadas por la Fepade en 21 años. El Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Veracruz son los estados con mayor número de averiguaciones previas por esa causa.

Otro fenómeno, ciertamente no recurrente, fue la alteración del Registro Federal de Electores derivado que jóvenes menores de edad pagaron a funcionarios electorales para obtener su credencial para votar con información falsa, todo ello con la finalidad de poder ingresar a lo que ahora ellos llaman “el antro”.

Lamentablemente, también se han presentado casos de uso de instrumentos tecnológicos para generar fraude electoral en los sistemas de voto por internet en el extranjero. Durante la elección pasada en Chiapas, ciudadanas y representantes de partidos políticos denunciaron que, sin haber hecho el trámite de registro en el extranjero, las dieron de baja en los listados nominales ordinarios y no pudieron votar y que se identificó que una misma IP funcionó para enviar correos electrónicos para solicitar la inscripción.

Las conductas mencionadas no solo nos recuerdan la frágil cultura de la legalidad electoral que tenemos en nuestro país, sino la necesidad de invertir más en su consolidación. Hago votos porque en México se invierta más en prevención del delito y promoción e interiorización de la cultura de la legalidad. Gastar en detectar y reprimir conductas probablemente ilícitas siempre será insuficiente si no apostamos por apreciar el Estado de Derecho.

* Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77

joseroberto.ruiz@ine.mx