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Daniel Ávila Ruiz

  • Daniel Ávila Ruíz

  • Los comicios en entidades federativas: elección entre alternativas para el desarrollo local

(Parte 3 de 3)

Al comentar las variaciones de los niveles de bienestar social que se han registrado en las entidades federativas durante los últimos años, en mi colaboración anterior señalé que abundaría en datos referentes a los Estados donde habrá elecciones el próximo 5 de junio. En esta ocasión abordaré también algunos aspectos en materia de endeudamiento y corrupción en los Estados de Tamaulipas y Durango.

De acuerdo con una edición especial de la serie “Mirada Legislativa” elaborada por investigadores del Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República, en Tamaulipas la población en situación de pobreza aumentó en términos absolutos en el periodo que va de 2012 a 2014, pues 15 mil personas se sumaron a esta condición.

Esta situación contrasta con la evolución reciente de las finanzas estatales, pues el endeudamiento del estado creció casi 8 veces en 5 años: pasó de constituir 1,344 millones de pesos al inicio de 2007, hasta alcanzar la cifra de 10,733 millones de pesos en 2013.

Tampoco en este caso podemos soslayar que se trata de un endeudamiento rápido en un entorno poco transparente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), levantada por INEGI en 2013, el 82.9 por ciento de la población de Tamaulipas consideraba que la corrupción en su estado era frecuente o muy frecuente; 64.1 por ciento tenía la misma impresión respecto del Gobierno estatal.

Peor aún, la situación de violencia e inseguridad que se vive en Tamaulipas es alarmante. Solo un dato para poner el problema en perspectiva: en 2014, 84 por ciento de la población de 18 años y más dijo que no se sentía segura en la entidad. Este indicador se ubica casi 10 puntos porcentuales por arriba de la percepción de inseguridad a nivel nacional.

Por su parte, en Durango la deuda pública se incrementó 51.4 por ciento en los últimos dos años. Pese a este incremento tan acelerado de la deuda, en 2014 todavía 43.5 por ciento de la población estatal se encontraba en la pobreza.

Asimismo, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar representó 54 por ciento del total, lo que equivale a 945 mil personas en esta situación.

Aunado a lo anterior, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), en 2013 el 83.9 por ciento de la población en Durango consideraba que la corrupción era frecuente o muy frecuente en el Gobierno estatal y 79.2 por ciento tenía la misma impresión respecto de los Gobiernos municipales.

Como he señalado anteriormente, el tema de la deuda pública de las entidades no es un asunto menor; por el contrario, pone en riesgo la estabilidad financiera, el crecimiento económico de las entidades. En Tamaulipas el endeudamiento público creció casi 8 veces, mientras que en Durango la deuda pública se incrementó 51.4 por ciento en los últimos años.

Esto es preocupante por sí mismo, pero lo es más cuando ese compromiso que se adquiere a costa de las generaciones futuras no se ve reflejado en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Es en este contexto socioeconómico que se llevarán a cabo los comicios el próximo 5 de junio. Ese día los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas para el desarrollo para sus entidades. Decidirán si castigan o premian con su voto el desempeño de sus gobernantes locales.
* Senador por Yucatán. Secretario de las Comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto “Belisario Domínguez”; integrante de las Comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.