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Datos personales / Blanca Alcalá

  • Blanca Alcalá

La protección de los datos personales, la privacidad o el respeto a la intimidad, son derechos fundamentales que el Estado mexicano debe procurar y proteger. El único límite de la información personal está en función de la seguridad nacional, el orden y la salud públicas o los derechos de terceros.

Hoy día, decenas de datos de cualquier persona están en poder de las instituciones de Gobierno y de una gran cantidad de entidades particulares. La fecha de nacimiento, como muchos otros datos, es una información en custodia del registro civil, pero también de las escuelas cuando una copia del acta de nacimiento se entrega con motivo de una inscripción o de empresas cuando se concreta una solicitud de empleo.

Así como la fecha de nacimiento es un dato personal, también lo es el nombre, la firma, el domicilio, la imagen, además de los datos sobre ingresos, créditos, cuentas bancarias, propiedades, etcétera. Prácticamente cualquier información que identifique a una persona tiene este carácter y su titular es el único autorizado para permitir su difusión o divulgación a través de cualquier medio o forma.

La protección es obligada cuando los sistemas de cómputo actuales tienen la capacidad de administrar y compartir miles de millones de datos en un instante. Muchos de ellos se refieren a datos sensibles de las personas físicas. Por ejemplo, estados de cuenta, domicilio, familiares, estado de salud y, en algunos casos, pautas de consumo o preferencias políticas o, incluso, laborales.

El segundo párrafo del artículo 16 constitucional señala que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

Incluso, en los casos judiciales de víctimas u ofendidos, la constitución establece que deberá protegerse la información sobre menores de edad, víctimas de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada o cuando a juicio del juzgador sea necesario para la protección de su integridad, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

Para hacer exigible el derecho a la privacidad, el Senado de la República discute con seriedad el proyecto de ley en para la protección de los datos personales. Se trata de regular disposiciones que propicien un manejo adecuado cuando están en poder de particulares, de modo que se garantice el derecho a la privacidad de las personas, para que no ocurra el caso de que se reciban llamadas telefónicas de empresas que ofrecen servicios o productos, cuando nadie les proporcionó el número telefónico.

Como la constitución establece que, al igual que el Gobierno federal, todas las entidades federativas deberán emitir regulación para la protección de los datos personales. Dicha regulación deberá obedecer a los mismos principios y normas generales que se establezcan a nivel nacional, a efecto de que el derecho a la privacidad de los mexicanos sea uniforme en todo el territorio nacional.

La privacidad constituye un derecho tan relevante como la libertad de expresión o el derecho a la información y debe tratársele con la misma relevancia que éstos. Sólo de esta forma podrá empoderarse a las personas respecto de la defensa y protección de la información de su persona y su privacidad. En caso contrario, la información de las personas quedaría sujeta a la dispersión para fines comerciales o, mucho peor, a disposición de usos que podrían derivar en actos ilícitos en contra de las personas.

El periodo ordinario de sesiones concluye este 15 de diciembre y las comisiones redactoras trabajan de manera comprometida para concluir una versión de consenso del dictamen, con la finalidad de tener este año lista una propuesta para votarse en el Pleno y que el proyecto siga su curso. El fin último es garantizar el pleno ejercicio y exigibilidad del respeto a la vida privada, pues los datos constituyen un patrimonio individual que el Estado debe salvaguardar de cualquier uso ilícito o no autorizado por la persona a quien identifican.
* Senadora de la República por el Estado de Puebla