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De Cara al Sol

  • Andrea Cataño

  • Andrea Cataño Michelena
  • ¿Bye, bye plusvalía en la CdMx?

El Gobierno capitalino ya no sabe de dónde sacar dinero; poco falta ya para que regresemos a los tiempos de Santa Anna y pretenda cobrarnos impuestos por las ventanas y los perros. Tal es el afán de la Asamblea Legislativa que aprobó apresuradamente, por 34 votos a favor y 21 abstenciones, la Ley de Vivienda de la Ciudad de México con un nuevo impuesto llamado “plusvalías”.

Al percatarse del problema que se avecinaba, la Comisión de Vivienda dio a conocer el miércoles por la noche un comunicado informando que la norma no está facultada para determinar obligaciones tributarias de ningún tipo, “toda vez que es de carácter exclusivo de la Ley de Ingresos, tal y como lo establece el artículo 5 del Código Fiscal del Distrito Federal”.

El gravamen es anticonstitucional. Ni en la Constitución de la Ciudad de México ni en la Federal existe el concepto de “plusvalía”. Por otra parte, ya se tiene el impuesto, el predial, que pagan los dueños de terrenos e inmuebles, que se calcula de acuerdo con el valor catastral del bien, por lo tanto, no se paga lo mismo por una casa, departamento o predio en Pantitlán  que en Santa Fe, porque hay diferencia en la plusvalía de cada zona de la ciudad.

La casi extinta clase media, que sería la más perjudicada con una medida “expropiatoria” de la plusvalía de su patrimonio, está preocupadísima y con razón. ¿Qué ha pasado con los ingresos de los parquímetros? A finales de octubre pasado, el Gobierno de la Ciudad había obtenido cerca de 427 millones de pesos por el estacionamiento en vía pública. Las mejoras que se harían con este dinero no se ven por ningún lado. ¿En qué se ha empleado el dinero? Las calles de la Hipódromo Condesa, de la Roma y de la Nápoles, por ejemplo, siguen llenas de baches, basura, banquetas en ruinas y en muchas falta alumbrado.

Aunque no se menciona específicamente como “plusvalía”, en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, hay un artículo confuso que podría contribuir a esquilmar a “los chilangos”. El texto dice: Artículo 21: Ordenamiento territorial; Inciso C: Regulación del suelo; Fracción 7: Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad.

¿Qué debemos entender por “proceso de urbanización”?  Según la RAE,  urbanización es el resultado de la acción de urbanizar que significa: Acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su uso urbano, abriendo calles, y dotándolas de pavimento y demás servicios.  En el sentido estricto del término, en nuestra selva de asfalto ya no quedan espacios por urbanizar, pero sí existe el cambio de uso de suelo que ocurre conforme crece la ciudad. Muchas colonias antes exclusivamente residenciales, ahora se han vuelto más comerciales. Si dicho cambio de uso de suelo se tomara como “proceso de urbanización”, nos enfrentaríamos a un grave problema de interpretación y discrecionalidad.

Si el jefe de Gobierno no veta la nueva Ley de Vivienda, los ciudadanos tendremos que ampararnos contra las acciones inconstitucionales en ella prevista. Es verdad que para 2017, el presupuesto para la ciudad ha sufrido un recorte de ocho mil millones de pesos, pero esto no da derecho a exprimir todavía más a los contribuyentes que ya tienen que pagar mucho más por la luz, el agua y todos los servicios.

Donde reinan la confusión y la opacidad, aumentan las posibilidades de que los habitantes de la Ciudad de México caigamos en la indefensión ante lo que sería un descarado atracto oficial.
andreacatano@gmail.com