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De Cara al Sol

  • Andrea Cataño

  • Andrea Cataño
  • Amor sin barreras

Entre las buenas iniciativas que ha tenido presidente Enrique Peña Nieto, la que promueve los matrimonios igualitarios me parece no solamente justa, sino acertada y con profundo sentido humano.

No me cuento entre “las buenas conciencias” que se escandalizan con la sola idea de que quienes aman a un miembro de su mismo sexo tengan derecho a legalizar su unión ante la ley. Acabo de pintar mi raya. Aquéllos que no comulguen con esta polémica idea, mejor que no sigan leyéndome hoy, porque no quiero ser causante de que se les derrame la bilis o les suba la presión arterial.

Entiendo que el Consejo Ecuménico, conformado por ocho iglesias entre las cuales está la Católica Romana, se opongan a que las parejas del mismo sexo se casen por sus ritos. Los dogmas por los que cada institución religiosa se rigen merecen respeto. Sin embargo, las iglesias tendrían que mostrar el mismo respeto por las disposiciones legales de un Estado laico como el nuestro -¡gracias, don Benito!- que garantiza la separación del Estado de las instituciones religiosas.

Ante la ley todos somos iguales y sin importar el género, la posición social, la condición económica, la filiación política o la preferencia sexual, gozamos de los mismos derechos y obligaciones.

La unión civil de una pareja nada tiene que ver con el matrimonio católico, por ejemplo, en el que el compromiso es un sacramento indisoluble hasta la muerte (o hasta que se encuentra a un abogado capaz de conseguirle la nulidad por una muy buena lana). Los casados por la iglesia que se divorcian y se vuelven a casar, viven en pecado rete mortal, casi al borde de la excomunión.

Pues bien, para el Consejo Ecuménico “la heterosexualidad es un elemento constitutivo esencial del propio concepto del matrimonio, el cual o es heterosexual o no lo es”. Pues eso depende de lo que cada quien entienda por matrimonio. Si es la unión de dos seres que han decidido por amor (perdón, pero soy una romántica insoluta al más puro estilo de Chava Flores) tener “su rancho aparte” para formar una familia (sea con hijos propios o adoptados) y quieren legalizar esa unión ante la ley, ¿a quién perjudica que se trate de dos personas de distinto o del mismo sexo?

El matrimonio igualitario pretende, por ejemplo, dar certeza jurídica en los casos en que la pareja homosexual decide separarse sin haber establecido a quién pertenecen los bienes mediante escrituras o facturas lo que en la situación actual hace prácticamente imposible llegar a un acuerdo justo para su repartición, cuando se han adquirido conjuntamente.

Cuando muere un miembro de la pareja, lo mismo ocurre con la herencia. He visto cómo la familia del difunto se apropia de todo o impugna el testamento y deja en la calle al sobreviviente.

En los casos de custodia de los hijos propios o adoptados, las parejas homosexuales se enfrentan a una enorme desigualdad ante la ley en cuanto a la custodia y la pensión alimenticia que se acuerdan en los divorcios.

Dice el Consejo Ecuménico que el matrimonio igualitario no basta para combatir la homofobia y la discriminación (que sus miembros son los primeros en fomentar al oponerse a la iniciativa) y en eso tiene razón; sin embargo, es un gran paso hacia la equidad en una sociedad moderna, plural e incluyente en la que el modelo de familia ha cambiado.

La sociedad necesita que se refuercen los valores de la igualdad, la justicia y la honestidad, valores que, por lo demás, los textos sagrados de todas las religiones promueven pero que al parecer, para sus prelados y ministros, son punto menos que letra muerta. El matrimonio igualitario debe defenderse a toda costa: ¡que viva el amor sin barreras!
andreacatano@gmail.com