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De justicia y otros mitos

  • Sergio Valls Esponda

Reforma Civil. Objetivos

El largo camino recorrido para lograr la Reforma Penal que llega a la esperada meta el próximo mes, deberá constituir un aliciente para iniciar nuevas transformaciones. Pero también nos brinda experiencias concretas sobre lo que debemos o no debemos hacer para lograr el éxito en una Reforma Civil. Cuestiones que seguramente el grupo de expertos que trabajaron en la construcción de la bautizada “Justicia Cotidiana” en el ámbito civil tomaron en consideración.

Una reforma de justicia no solo implica establecer procedimientos nuevos. Centrarse en la modificación de leyes y procesos es un error, pues ello es apenas un componente entre una diversidad de factores a tomar en cuenta. En realidad se trata de reformar una política pública de Estado entendida ésta como la respuesta a problemas públicos concretos, particularmente aquellos que reflejan conflicto entre los valores de una sociedad. Es así como a través de decisiones del Estado se define a qué valores se les dará mayor prioridad y atención.

Dentro de los objetivos en materia de una Reforma integral a la Justicia Civil, deberán figurar, al menos, los siguientes:

Acceso a la Justicia. Un elemento clave es la capacidad de los órganos de justicia para permitir un acceso efectivo, sin exclusiones injustificadas, y favorecer a los grupos más vulnerables. Para lo anterior es necesario limitar la distancia que debe recorrer un ciudadano para acceder a la justicia. De igual forma resulta necesaria la existencia de normas y procesos simples que permitan que toda persona pueda conocer e intervenir personalmente en la defensa de sus derechos.

El acceso a los servicios legales se ve limitado cuando no existen políticas públicas que faciliten a las personas de ingresos medios y bajos contar con abogados adecuados a costos razonables. Lo anterior se traduce en un sistema de justicia civil discriminatorio y la igualdad ante la ley se convierte en una ficción.

Debido Proceso. Asegurar las garantías de imparcialidad, derecho a la defensa, plazos razonables, eliminación de trámites innecesarios y contacto directo del juzgador con las partes y con el material probatorio, es algo de lo que suele carecer nuestro sistema. Lo anterior debe ser considerado desde una visión que permita evaluar las características de cada caso en particular y su adecuación a un efectivo proceso, de tal suerte que, considerando factores de eficacia, el debido proceso opere exclusivamente allí donde surgen conflictos.

Uso eficiente de recursos. Los recursos financieros siempre serán limitados e insuficientes para satisfacer las múltiples necesidades que existen en el país, lo que obliga a priorizar entre distintos fines ya que no todos pueden ser satisfechos. Debido a ello la inversión en justicia civil debe ser sólidamente justificada. Los recursos deben asignarse dando preferencia a personas cuya situación de escasez así lo requiera.

Poniendo en práctica un enfoque utilitarista, se deberá tratar de ofrecer la mayor cantidad de respuestas posibles al menor costo. Para lograr lo anterior se debe hacer posible un menú de alternativas de arreglo institucional tales como mediación, conciliación o arbitraje. En algunos casos estas opciones de solución deberán ser obligatorias, por ejemplo cuando el litigio sea entre familiares o vecinos.

Sin duda la buena noticia es que existe conciencia en las autoridades acerca de los problemas en materia de justicia civil y ya se han hecho evidentes las distorsiones que hay en el sistema. Si logramos dar mayor transparencia, mejorar los controles y configurar en forma positiva los incentivos, tendremos en la mira al peor enemigo del sistema de justicia: la corrupción. De este modo quizá la percepción de los ciudadanos en materia de impartición de justicia inicie su transformación.

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