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De Justicia y otros mItos

  • Sergio Valls Esponda

  • Sergio Arturo Valls Esponda
  • Nueva oportunidad

En los días recientes ocurrieron sucesos relevantes en el país. El principal fue el banderazo que da inicio al Nuevo Sistema de Justicia Penal. La reforma data del 2008 e implicó cambios profundos a 9 artículos constitucionales, inversión de 20 mil millones de pesos y miles de horas de entrega y capacitación de servidores públicos. La transformación deja constancia de que existen áreas que, con voluntad y trabajo, somos capaces de mejorar. Reconocer las desigualdades y espacios propicios para la corrupción que el sistema anterior generaba fue un acto valiente del Estado. La oralidad, el uso de tecnología, los medios alternativos, el papel de la víctima, la transparencia y el respeto a los Derechos Humanos que conlleva el nuevo sistema, son esperanzadores.

La noticia fue opacada por las discusiones sobre el Sistema Anticorrupción, que pasó de ser la herramienta para recuperar la confianza en el Gobierno a un patético espectáculo entre partidos y empresarios. Aun así el logro en la aprobación del SNA es también una buena noticia. Si algo sabemos es que la corrupción necesita acciones superiores a los más de 650 artículos que contienen las leyes que lo integran. (Omito el número para evitar depresiones de cierto partido.) Vendrán cambios y mayor participación ciudadana, sin embargo debemos continuar trabajando en la educación de quienes integramos lo social; también en la correcta y oportuna aplicación de la ley, elementos fundamentales para superar la disfuncional ética nacional y avanzar en la consolidación del anhelado Estado de Derecho.

La parte que se quedó corta en la Reforma Penal es la relativa a ejecución de sentencias y en general al sistema penitenciario. Para nadie es un secreto que las cárceles en México son espacios en donde la corrupción y la impunidad son componentes indisociables de la realidad. Las sentencias privativas de libertad o la tan recurrida prisión preventiva dan la impresión de ser violatorias de derechos humanos mientras no se atienda la vida al interior de los penales.

Existe un sistema jurídico en donde no enjaulan humanos. Lo consideran tortura desmedida una actitud irracional. No solo la familia de quien sufrió el delito es afectada, también lo es la del responsable o probable responsable. Este sistema aplica para delitos menores, que por cierto, son mayoría entre la población penitenciaria. Por ejemplo, lesiones, robo, daño en propiedad privada, abuso de autoridad, falso testimonio y otras no tipificadas en nuestro Código.

El proceso es oral. Se desarrolla en presencia de las partes, familiares y un consejo que decidirá la culpabilidad y la pena, misma que debe de ser aprobada por las familias. Las sanciones consisten generalmente en trabajar por un tiempo en las tierras del afectado o entregar un porcentaje de la propia cosecha. Llama la atención que el proceso no termina ahí: una vez ratificada la culpa, el acusado se convierte en víctima y se investigan las causas que lo llevaron a cometer ese acto. Si fue por influencias de amigos o una deficiente educación de sus padres, también éstos son corresponsables. ¿El castigo máximo? ser expulsados de la comunidad. Dejar de pertenecer a lo social es no existir.

Seguramente ya adivinó. Estamos hablando de un proceso penal basado en la filosofía originaria de América, aún vigente en comunidades indígenas del continente y que gozan de reconocimiento constitucional en varios países. Quizá la clave para el futuro radique en el pasado. En ese sistema no existen legisladores ni abogados. Las leyes son transmitidas oralmente, la costumbre es la fuente y el Consejo se forma por los miembros con mayor experiencia de la sociedad. Es decir, no hay personas que necesiten de conflictos, delitos o conductas antisociales de otros para subsistir. ¿Primitivos?