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De la deuda y la corrupción gubernamentales

  • Betty Zanolli

  • Betty Zanolli Fabila

Mientras se recorta brutalmente el presupuesto a la salud, campo, educación, cultura, investigación y, por supuesto, se cierran escuelas, recortan plazas y cancelan proyectos sociales, la desvergüenza se escala ante los ojos del Gobierno y de los gobernados, de la Nación en pleno y de cara al mundo, cuando escuchamos lo que los representantes “populares” se incrementan en sus salarios o incrementan los de sus homólogos del poder judicial y de otros órganos autónomos. Lo que llega al límite de toda impudicia y desfachatez cuando somos testigos del desfile de los miles de millones de pesos que tan sólo los últimos gobernadores acusados y perseguidos por su ilimitada corrupción han desviado de las arcas de sus respectivas entidades bajo la más absoluta impunidad. Actos de crasa corrupción que constituyen una de las páginas más oprobiosas de la historia de nuestro país y que nos permiten entender por qué, entre otros factores igualmente execrables, ha crecido desorbitadamente nuestro endeudamiento.

En Veracruz, por ejemplo, de acuerdo con la diputada local panista Ana Cristina Ledezma, conforme cifras de la revisión de la cuenta pública de 2016 y datos proporcionados por la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la deuda que deja Javier Duarte al Gobierno se incrementó de 51 mil millones de pesos (mdp), en que la dejó escandalosamente Fidel Herrera, a más de exorbitantes 180 mil mdp, desglosada su diferencia de la siguiente forma: 38 mil 300 mdp por cuentas pendientes de regularizar; 6 mil 395 mdp por erogar a la empresa Airbus Helicopters; 5 mil 549 mdp por litigio con Finamed; 5 mil 309 mdp por adeudo al Instituto de Pensiones del Estado; 3 mil 568 mdp por juicios con entidades y fideicomisos; 2 mil 338 mdp por adeudo con la Universidad Veracruzana; mil 363 mdp por juicios del Gobierno central; 940 mdp por denuncias contra empresas fantasmas a las que otorgó 131 contratos entre 2012 y 2014. Empresas de las que el pasado 7 de noviembre el propio Sistema de Administración Tributaria publicó los datos de 69 de ellas en el Diario Oficial de la Federación y contra las que ha interpuesto ya la respectiva denuncia penal. A su vez, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación, ésta presentó 54 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República en contra de Duarte por un monto de 9 mil 500 mdp que su Gobierno simuló entregar a la Tesorería de la Federación y ha comprobado irregularidades por 35 mil mdp, a los que deben sumarse 16 mil mdp que dejó de deuda en el gobierno de su entidad, en rubros como desarrollo social, agropecuario, infraestructura, obra pública, educación, finanzas y planeación, como daño de la cuenta pública de 2015. ¿Y todavía alguien se pregunta por qué posee propiedades por más de mil mdp? En el caso de Puebla, los expertos anticipan que la deuda que dejará el actual gobernador sobrepasará los 150 mil mdp: 70 mil mdp por contratación de Proyectos de Prestación de Servicios y 71 mil mdp por “deuda oculta”, a pagar en los próximos 50 años. Hecho tampoco sorprendente, si tan sólo se considera que la Federación destinó a dicho estado 345 mil mdp en los últimos cuatro años. Ante ello, el caso Guillermo Padrés de Sonora es “de menor cuantía”, luego de que el desfalco detectado por la Contraloría General del Gobierno estatal alcanza los 32 mil mdp. Pero la lista no concluye, como toda la sociedad mexicana conoce, pues a ella deben sumarse los exgobernadores de Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que en total incrementaron casi 200 mil mdp la deuda de sus estados, conforme datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Imposible sorprendernos así con el incremento galopante de nuestra deuda, interna y externa, o de que en la Ley de Ingresos de la Federación para 2017 se haya autorizado al Ejecutivo Federal la contratación de una deuda global por 617 mil mdp. Suma con la que la presente administración habrá incrementado en 6 billones de pesos la deuda, llegando a casi 10 billones de pesos (67 veces más que en 1970), de modo que mientras en 2012 el pago anual de deuda pública fue de 281 mil 516 mdp, en 2017 será de 414 mil mdp, esto es, un 47 por ciento más en tan sólo 5 años y 27 mil mdp más que lo destinado a las secretarías de educación y salud juntas, al representar ésta más del 50 por ciento del PIB.

¿Y aún nos preguntamos a quién beneficia entonces el endeudamiento y el nulo crecimiento económico y social del país? Sin duda al pago de la corrupción que, gracias a la impunidad, carcome a nuestra nación.

bettyzanolli@gmail.com @BettyZanolli