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De la soberbia, indiferencia, simulación y corrupción gubernamentales (I) / Betty Zanolli Fabila

  • Betty Zanolli

Dos claros ejemplos de la creciente soberbia, indiferencia negligente, simulación criminal y execrable corrupción con la que se conducen las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno en nuestro país, particularmente del federal, han tenido lugar en días recientes. El primero: la respuesta dada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, con motivo del informe presentado por aquella en torno a la grave e inédita crisis por la que atraviesa México en materia de derechos humanos, que denunció, luego de la exhaustiva visita que realizó a México entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2015, a invitación del propio Estado mexicano y del monitoreo al que permanentemente tiene sujeto a México, cuya conclusión es que la violencia lejos de reducirse se ha incrementado y la impunidad catapultado. El segundo, igualmente preocupante por las múltiples implicaciones que estaría detonando: la falla geológica que hizo desaparecer el cauce del río Atoyac, uno de los más importantes de la cuenca hidrológica del río Balsas en su paso por el Estado de Veracruz, porque es imprescindible que se realicen con urgencia y con la mayor seriedad y rigor científico los estudios geológicos correspondientes, ya que es muy probable que estemos atestiguando el inicio de la devastación largamente anunciada, que podría acarrear en nuestro país la implementación del fracking como técnica para la extracción de gas y petróleo y que posibilitó la reciente reforma energética.

Comencemos por el primer caso. Basta leer el informe de la CIDH para advertir cuán grave es la situación que enfrenta la nación mexicana en todos sus confines. Derivado de la investigación realizada por dicho organismo, particularmente en materia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, inseguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad, situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y demás grupos afectados, concluye que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”, pues a pesar de los avances del Gobierno federal su respuesta presenta “deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación”, desde el momento en que para la propia ciudadanía la “procuración de justicia es una ‘simulación’”. Tan solo de 2006 a septiembre de 2015, el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas refiere haber contabilizado 151 mil 233 asesinatos y 26 mil 789 personas desaparecidas. Cifras apabullantes, con tendencia a la alza,pero que no sorprenden a la sociedad mexicana que bien las conoce, solo incomodan a las autoridades gubernamentales que han decidido desconocerlas, ocultarlas y negarlas, destacándose como zonas de mayor violencia los Estados fronterizos con Estados Unidos de América (Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), las de tránsito de migrantes (Istmo de Tehuantepec y corredor Chiapas-Tabasco-Veracruz-Tamaulipas) y Michoacán, en particular, en las que la violencia es especialmente grave y desproporcionada en el caso de grupos vulnerables, defensores de derechos humanos y periodistas. Al mismo tiempo, múltiples testimonios e indicios evidencian la presunta participación y grave violación a los derechos humanos de las propias autoridades federales y estatales, de miembros de las fuerzas policiacas y armadas y ministerios públicos, al grado de alterar las escenas del crimen, siendo ilustrativo de dicho proceder casos como los de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Ostula, entre otros, no obstante, reconocer que existe también un notable subregistro debido a que por temor gran parte de la sociedad mexicana prefiere no denunciar la problemática que enfrenta.

Por otra parte, la Comisión declara que “la práctica de la tortura es alarmante” y está generalizada en México como lo está la corrupción, clientelismo, crisis de representación, impunidad y acceso a la justicia, sintomáticos de una crisis institucional por demás evidente en la materia, sin que hasta ahora el Estado haya logrado revertir esta alarmante situación. Asimismo, forma parte de la realidad cotidiana la presencia de estructuras de poder paralelas a cargo de organizaciones criminales que actúan tanto con la aquiescencia como en “aparente colusión directa con autoridades estatales”, siendo sus principales actividades delincuenciales el narcotráfico, extorsión, robo, “cobro de piso”, trata de personas, control de rutas de migrantes, tráfico de armas, entre otras. Factores a los que se suman como detonantes de la violencia en México los grupos civiles armados, las fuerzas privadas de seguridad, “la creciente tendencia de que empresas privadas operen algunos centros penitenciarios en México”, así como la severa y creciente desigualdad y exclusión social y económica que enfrenta el país, en el que con base en cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hay más de 55 millones de personas en situación de pobreza y casi 11 millones y medio en pobreza extrema –radicadas en zonas de extrema violencia endémica-, contrastantes del 1 por ciento de la población que controla más de la quinta parte de la riqueza del país.

Sí, un explosivo caldo de cultivo -que a decir de la propia CIDH deviene de una complejidad histórica, política y social no resueltas- es el que presenta la realidad mexicana y que, como bien lo ha destacado este organismo internacional, explica en gran parte la terrible crisis humanitaria en la que la nación mexicana está enganchada e inmovilizada, sin que la autoridad gubernamental pueda, ni mucho menos quiera por lo visto, hacer algo al respecto, porque ella misma forma y ha formado parte inveterada e inmemorial de este deletéreo caldo de cultivo.
bettyzanolli@gmail.com     @BettyZanolli