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Delincuencia institucional. La Voz de la IP

  • Valeriano Suárez / La Voz de la IP

  • Valeriano Suárez Suárez / Vicepresidente Estado de Derecho y Democratico de Coparmex

Según datos del Semáforo Delictivo, en marzo de este año se registraron en nuestro país dos mil veinte asesinatos. Es la cifra más alta para un mes en lo que va de la presente administración federal. A este paso 2017 será el año más violento del periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.

Por parte de autoridades y algún experto en materia de seguridad nacional no ha sido bien acogida la noticia derivada del Informe Anual 2016 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) que ubica a México en el segundo lugar de la lista de países más violentos del mundo por sus 23 mil homicidios. Solo por detrás de Siria que acumula 50 mil y por delante de Afganistán (17 mil) e Irak (16 mil). Se alude a datos imprecisos así como a diferencias entre términos absolutos y relativos. La verdad es que para quienes salimos todos los días a la calle y leemos los periódicos la noticia nos impacta y sorprende pero –desgraciadamente- no nos resulta irrazonable. Así las cosas y con tanto por hacer se presume complejo dilucidar por donde debemos empezar a componer tan devastador panorama. Desde luego, no podemos esperar que el camino a la solución sea corto ni fácil. En México nos hemos acostumbrado al término de “Delincuencia Organizada” en referencia a estructuras criminales que han desarrollado estrategias y complejos modelos de operación para infundir miedo, preservar rutas y controlar plazas para el tráfico de drogas y otra serie de actividades criminales (extorsión, secuestro, robo, etc.).

Al centrar la lucha contra la delincuencia organizada en la desarticulación de los “cárteles de la droga” a través de la persecución y captura de sus líderes, se ha dado ocasión a la proliferación de nuevas células del crimen que podríamos catalogar como delincuencia desorganizada. Es decir, múltiples grupos que ante la eminente impunidad se reproducen en todo tipo de actividades ilícitas y criminales.

Sin embargo, más allá de la delincuencia organizada y de la señalada como desorganizada, lo que está haciendo un enorme daño estructural a nuestro país es la delincuencia institucional. Esta, socava lo más valioso que tiene una sociedad para hacer prevalecer el Estado de derecho: sus instituciones. Quienes integran estas redes de delincuencia son individuos que han aterrizado en la administración pública con incentivos muy distintos a los que el servicio público debe atender.

Integrantes de una clase política que buscan obtener el poder para servirse de él. Cuando deberían de utilizar el poder para transformar y modernizar sus comunidades; generando progreso, oportunidades, así como desarrollo inclusivo y sustentable con responsabilidad social. Miembros de los distintos partidos que buscan valerse de la opacidad para derrochar y mal utilizar nuestros recursos públicos. Cuando lo pertinente sería generar espacios de transparencia, apertura y diálogo con la ciudadanía (donde prevalezca la equidad y la justicia social).

Sujetos de pobre convicción -sin vocación- que utilizan el servicio público como vehículo para enriquecerse en complicidad con su grupo de influencia y poder. Cuando el servicio a los demás debería ser la vía para utilizar –de manera escrupulosa y con sumo respeto- los recursos públicos en beneficio de toda la ciudadanía.

Esta delincuencia institucional envenena a nuestra sociedad a través de la corrupción, la impunidad y la simulación. Un antídoto contra esta grave “enfermedad bacteriológica”* consiste en generar mecanismos institucionales sólidos que aseguren que las entidades responsables de prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar la corrupción, lo hagan de manera eficaz y sin impunidad. Esa es la razón por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, un primer paso en la lucha contra la corrupción, donde aún quedan importantes retos por vencer a nivel nacional y local. Si algo debemos tener muy claro es que para encontrar la voluntad política necesaria para la gestión de los cambios trascendentales -indispensables- para liberar a nuestras instituciones públicas del yugo que pesa sobre ellas, se requiere (de manera imprescindible) de la indignación de la sociedad canalizada en exigencia social. Somos los ciudadanos quienes debemos provocar, impulsar y cuidar el buen funcionamiento de los que, bien utilizados, puede servirnos de motor para acabar con la corrupción: los sistemas locales y nacional anticorrupción.

Solo modificando los incentivos -para los que pretendan acceder al poder- cerraremos las puertas a quienes distorsionan el servicio público y estableceremos las bases para que prevalezcan aquellos cuya convicción y vocación sea el vivir con dignidad a través del servicio a los demás. Los mejores hombres y mujeres cuya satisfacción se encuentre en tener el gran honor de servir a México.

Adendum: Como una acción más de nuestra “Ruta contra la Corrupción”, invitamos a los ciudadanos interesados en consolidar un México sin corrupción al Segundo Foro Empresarial Anticorrupción de Coparmex, que llevaremos a cabo el próximo miércoles 24 de Mayo (http://mxsincorrupcion.mx)
* Término utilizado por Luis Almagro, secretario de la OEA para definir la corrupción.