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Democracia denigratoria I / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

Ami juicio, la posición de los ministros Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán al estimar que la legislación de un Estado puede sancionar el uso de la denigración y la difamación en las campañas políticas, es más consecuente con los valores democráticos y con el respeto a los derechos humanos, que la declaración de inconstitucionalidad de tales sanciones, resuelta por la mayoría respecto de la legislación de Sinaloa.

No debe desconocerse que el artículo 1o. de la Constitución prohíbe toda discriminación motivada por distintas causas que atenten contra la dignidad humana, valor fundamental defendido en ese precepto fundamental que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La difamación, que es una conducta ilícita, ¿se convierte en lícita cuando se dirige en contra de cierto grupo de personas integrado por los candidatos a puestos de elección?, ¿no constituye esto una forma de discriminación? De hecho, incluso la apertura otorgada a los eventuales difamadores, amparados por esta resolución, puede dirigirse a socavar el honor y la dignidad de cualquier persona que quedará en estado de indefensión. Si para atacar a alguien en campaña le atribuyen la condición de “maricón” o “puñal”, por poner como ejemplo expresiones proscritas ¿ahí sí se valen? Si a un candidato le diera por lanzar mensajes de odio contra los estadunidenses en respuesta a Trump, ¿sería compatible con las prohibiciones del artículo primero? Es más, dada la amplitud de los posibles destinatarios de los ataques, es preciso revisar si la permisión para ofender en el curso de campañas electorales, no se transforma en una especie de suspensión temporal y generalizada de los derechos humanos, como la dignidad y el honor derivada de una interpretación a contrario sensu, al estimar que si solo la calumnia está prohibida, cualquier expresión de odio, menosprecio o injuria, basada en origen étnico, religión, preferencia sexual, etc, está permitida.

Las personas denigradas o difamadas en el curso de una campaña deberían tener a su favor lo ordenado por el citado el artículo primero, en el sentido de acudir a la interpretación más favorable a la persona y a la aplicación del principio de progresividad, que es precisamente lo que buscaban las normas anuladas para impedir que las campañas políticas se conviertan en una fuente de violación a los derechos de las personas consagrados en la Constitución, ciñéndose a los límites permitidos por su artículo sexto.
eandrade@oem.com.mx