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Democracia denigratoria II / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

Las decisiones judiciales de los órganos colegiados se toman por mayoría, regla válida basada en que si un mayor número de sus miembros comparte el criterio que debe resolver el diferendo, dicha solución será la más justa, razonable, la que protege mejor los valores jurídicos o en última instancia, la que parece más conveniente para la convivencia social. Esa razón mayoritaria debe ser acatada y respetada en su cumplimiento, pero no necesariamente aceptada en cuanto al fondo como definitiva e inmutable. La jurisprudencia no es eterna, puede cambiar y de hecho se transforma al grado de que la opinión, ahora minoritaria entre los miembros de la Suprema Corte, puede llegar a convertirse en verdad jurídica en el futuro. La razón y la justicia pueden estar en el posicionamiento minoritario y a la larga convertirse en el criterio prevaleciente.

Por eso, deben repensarse las razones expuestas por los ministros Luna Ramos y Pérez Dayán. Las disposiciones de algunos códigos electorales locales que obligan a las organizaciones políticas, durante las campañas, a abstenerse de expresiones que impliquen calumnia, difamación o que denigren a ciudadanos, aspirantes, precandidatos, personas, instituciones públicas o privadas, o a otros partidos y sus candidatos corresponden a la facultad de libre configuración que la Constitución reconoce a los estados para que estos arreglen lo concerniente a sus regímenes interiores.

La decisión tomada mayoritariamente por la Corte, sobre la inconstitucionalidad de tal obligación, se sustenta en la reforma del artículo 41 constitucional, que suprimió el deber de los partidos de abstenerse de expresiones que denigraran a las instituciones y a los propios partidos. Ello conduce a considerar como autorizada la denigración de instituciones, partidos y, en general, de todas las personas, al olvidar que la Norma Suprema debe interpretarse de manera sistemática y recurriendo al principio de progresividad en materia de derechos humanos.

Esta última noción es la base de la constitucionalidad de la norma que han invalidado. Debe entenderse que la referencia del artículo 41 es un mínimo a respetar por los partidos en campaña, en relación con la dignidad de las personas. Sostener lo contrario equivale a pensar que la Constitución autoriza a los partidos a atentar contra la dignidad humana, denigrando y difamando a cuanta persona les venga en gana, y protege las campañas sucias, basadas en acciones contrarias al contenido de los artículos primero y sexto de la Constitución, ya que este prevé la limitación de la manifestación de las ideas si ataca a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o provoca algún delito.

No conviene, en una sociedad polarizada, alentar la percepción de que la bajeza, la mala fe, la cobardía, la falta de respeto al adversario, son instrumentos aceptables para conquistar la voluntad popular; que el fin justifica los medios; que la búsqueda de votos no tiene por qué basarse en contrastar proyectos, sino en intercambiar insultos; no en procurar convencer presentando la mejor propuesta, sino desprestigiando al contrario. Se contribuye así a la degradación de la política y al desencanto colectivo con ella.

Se dirá y con razón que los propios políticos al legislar han posibilitado tal consecuencia, pero la Corte está precisamente para atemperar y corregir los excesos o defectos del legislador cuando la norma abre espacios que dañan principios constitucionales básicos.
eandrade@oem.com.mx