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Democratización de las funciones del poder / Magistrado Élfego Bautista Pardo

  • Élfego Bautista

Los elementos básicos que todo Estado democrático debe respetar son: el imperio de la ley, la legalidad de la administración, el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, pero sobre todo, la División de Poderes, este último, con la finalidad de evitar la concentración del poder en unas cuantas manos.

La democracia como forma de Gobierno, el Gobierno del pueblo, surgió en Grecia para posteriormente distribuirse por diversas ciudades griegas hasta llegar a la República Romana y perderse en el año 27 a.C. con la aparición del Imperio, volviendo aparecer con las revoluciones burguesas de finales de siglo XVIII y principios del XIX, convirtiéndose en el paradigma de las sociedades modernas a través de las olas democratizadoras.

Actualmente, la democracia es participativa, entendida como un método político, es decir, un arreglo institucional para llegar a decisiones políticas -legislativas y administrativas- confiriendo a ciertos individuos el poder de decidir en todos los asuntos como consecuencia de su éxito en la búsqueda del voto de las personas (Schumpeter).

Los elementos indispensables de la democracia son, el principio de ciudadanía para la organización de la sociedad de ciudadanos, libres e iguales en derechos, sin distinciones ni discriminaciones para el goce de los derechos políticos: participación, opinión, elección y elegibilidad a través del sufragio; el voto libre, igual y decisivo de todos y cada uno de los ciudadanos; elecciones libres, frecuentes y periódicas, que ofrezcan opciones reales entre candidatos diferentes de partidos en competencia con miras a la alternancia en el Gobierno; el principio de la mayoría numérica en la toma de decisiones; el reconocimiento y garantía del pluralismo conflictivo, es decir, la participación de individuos, grupos, organizaciones, tendencias, alternativas; así como la tolerancia del libre debate de ideas, e incluso el deber de protección contra actos de fuerza, abusos y excesos de poder que provengan de actores políticos y privados (temas desarrollados por autores como Marcos Kaplan).

Como régimen de Gobierno la democracia difiere del autoritarismo en la concentración o no del Gobierno en pocas o muchas manos, y que debe inspirarse en el principio ético de igualdad (como sugiere atinadamente Bobbio). El autoritarismo es tan antiguo como el Estado, y se ha expresado históricamente en tipos de dominación como lo fueron las monarquías absolutas, las aristocracias, las oligarquías, las teocracias y las gerontocracias, así como su expresión exacerbada con los totalitarismos del siglo XX como el nazismo y el fascismo.

Pese al actual predominio mundial de la democracia como régimen, existen autoritarismos modernos, en los que el pluralismo político es limitado, y los actos no se basan en una ideología articulada sino en mentalidades propias, es decir, se desarrollan como dictaduras de partido o personalistas (Juan J. Linz), su establecimiento es detonado por factores como crisis económicas, vacíos de poder y situaciones de emergencia, los dictadores se consolidan bajo el pretexto de salvar al Estado del caos y se erigen como única opción viable para vencer problemas reales, a la vez que procuran crear problemas ficticios para tener la oportunidad de demostrar su capacidad de resolución (Juan Federico Arriola).

En nuestro país, el principio de igualdad de oportunidades en las contiendas electorales (es decir, los principios de igualdad y equidad sobre los que descansa la democracia) para la ocupación de los cargos a ejercer las funciones Ejecutiva y Legislativa se encuentran contempladas en los artículos 4, 6, 9, 35, 39, 40 y 41 de nuestra Constitución, limitando el financiamiento, las pautas mediáticas y el periodo de duración de la campaña, con lo que se garantiza una igualdad entre competidores, esto es, la existencia del piso parejo, del cual escuchamos hablar constantemente a los actores políticos.

El nombramiento de los magistrados del Poder Judicial es totalmente diferente, somos propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Legislativo, es decir, para ocupar el cargo no se realiza ninguna elección, sin embargo sí se lleva a cabo una elección cuando se trata de elegir quién será el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y a nivel federal para elegir presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación.

En el caso del Poder Judicial de nuestra Ciudad, la elección no se lleva a cabo en estricto respeto a los principios de igualdad y de equidad que deben regir en todo Estado democrático, pues la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que la regula permite la reelección inmediata de su presidente, obstaculizando así la igualdad entre competidores, evitando la alternancia y favoreciendo la discriminación en el goce de derechos de participación de cada magistrado, pues es impensable que un integrante del Pleno de los magistrados cuente con los recursos políticos, mediáticos y económicos con que goza el presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.

El caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es diferente, ya que, aunque los ministros integrantes de ella son nombrados en un proceso similar al nuestro, por mandato constitucional su presidente no puede ser reelecto para el periodo inmediato.

Si bien es cierto, el Poder Judicial se ha desligado de los procesos electorales, éste sigue siendo una de las tres funciones del Poder Soberano en un régimen democrático. Por lo que su vida interna, tanto en lo que tiene que ver con sus procesos de elección como en la transparencia de sus actos, no debe apartarse de los principios que distinguen a la democracia del autoritarismo.

Así es el Derecho.