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Derecho electoral y derecho a la imagen / José Roberto Ruiz Saldaña

  • José Roberto Ruíz Saldaña

En el Derecho Electoral se presentan constantemente dilemas y retos jurídicos que sobrepasan la imaginación. La incesante competencia electoral y el trabajo de los publicistas y estrategas contribuyen frecuentemente a generar problemas que deben ser resueltos con prontitud, decidiendo entre derechos o principios que se contraponen.

Una problemática que ha surgido cada vez más es la utilización de la imagen de alguna persona, sin su consentimiento, en la propaganda de los partidos políticos, generalmente en spots (espacios propagandísticos) de televisión. Desafortunadamente, la gran mayoría de esos asuntos no han llegado hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de forma que éste ya se hubiese pronunciado y emitido un criterio claro al respecto.

El problema más en particular ha sido que el derecho a la propia imagen, es decir, la facultad para permitir o impedir su obtención, reproducción, difusión y distribución por parte de un tercero, ha sido considerado como un derecho de naturaleza civil; sin embargo, los ciudadanos acuden ante la autoridad electoral para que se proteja dicho derecho, cuando las atribuciones de los órganos electorales es salvaguardar derechos políticoelectorales.

Si bien los spots de los partidos políticos son medios de difusión que sin duda pertenecen a la materia electoral y el INE es la autoridad que administra el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinados a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, lo cierto es que el bien jurídico que pretenden los ciudadanos que se garantice no es políticoelectoral sino civil.

Sistemáticamente he sostenido en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que no es competencia de éste conocer asuntos donde se argumente que se vulnera el derecho a la imagen por parte de un partido político. Pienso que el derecho civil debe hacerse cargo de una pendiente evolución y los jueces en la materia buscar formas rápidas de atender y resolver esas controversias.

Cada vez que un asunto de este tipo llega a la autoridad administrativa electoral encargada de decidir si se suspende o no la difusión de un promocional, la discusión jurídica ha sido fuerte y prolongada. Cada asunto, ciertamente, ha tenido diferencias. En el entonces IFE se tuvo un caso por la utilización de la voz de la periodista Carmen Aristegui en un promocional, sin su consentimiento. Ahora en el INE hemos tenido los casos de personas quienes han sostenido que son militantes de otros partidos y aparecen marginalmente en spots de otro, también sin su permiso; o bien de un ciudadano que sin estar afiliado a un instituto político aparecía destacadamente en un promocional partidista el año pasado. Ojalá que el Tribunal Electoral, en cuanto tenga oportunidad de pronunciarse sobre esta problemática, oriente y fije un criterio al respecto.

La materia electoral en México avanza a una velocidad vertiginosa. Esa construcción cotidiana de los criterios la hace apasionante.
*Consejero electoral del INE.

@Jose_Roberto77

joseroberto.ruiz@ine.mx