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Derecho familiar

  • Derecho Familiar / Julián Güitrón Fuentevilla

  • ¡Centenario de la Constitución en el Canal Judicial!
  • Juan Luis González Alcántara y Demetrio Cortés explican los derechos familiares constitucionales
  • La violencia en México, las familias flageladas por la violencia

segunda parte
Introducción

Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañen el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, así como el doctor Demetrio Cortés Ortega. Estamos en el año de la Constitución, celebrando el primer centenario de nuestra Carta Magna y esta es la mejor plataforma para comentarles los derechos familiares constitucionales en los últimos 100 años.
GONZÁLEZ ALCÁNTARA TRAZA EL MARCO DE REFERENCIA

El primer antecedente lo da el doctor Juan Luis González Alcántara, de lo que en el año 1917 consideró Carranza y sus abogados constitucionalistas, donde pone las bases de este primer Instituto, de esta primera circunstancia, para apoyar económicamente a las familias. Él dice que debemos entender las situaciones que estaba atravesando nuestro México, en donde la economía era desastrosa, había muchos problemas, las empresas habían quebrado, la situación de las tierras era anárquica y las familias necesitaban techo donde vivir, siempre hemos visto que desde la prehistoria el hombre busca un lugar en donde sobrevivir y en donde vivir, entonces la gente cercana a Carranza considera que la situación en la que están viviendo los campesinos del país, porque no viven en situaciones adecuadas como para poder establecer una relación de tipo familiar asertiva y el presidente Carranza considera que es necesario proteger un patrimonio de la familia, darles una casa, una parcela cultivable a las familias, arraigarlos a ese lugar y sobre todo, tener la posibilidad de que ese patrimonio pudiera tener una situación jurídica muy especial, como por ejemplo no poder ser enajenado, es decir, no después de una borrachera vendiera el bien, o embargado por deudas, porque habíamos visto que dentro de la época colonial se hace extensiva en la primera época de la independencia, los padres heredaban a los hijos las deudas y los hijos tenían que trabajar en las haciendas durante muchos años, eran parte de un número y de una situación económica desastrosa. El proteger a una familia con esa parcela cultivable, con esa vivienda en las zonas urbanas, le permitiría a la familia establecerse y tener lugar en donde vivir como familia sin la amenaza de ser lanzados o corridos en términos generales.

La Constitución nuestra establece la obligación claramente, que los patrones, empresarios, industriales, deberán proporcionarles una vivienda a los trabajadores.

Esa vivienda podemos ver todavía cuando visitamos ciertas ciudades de la República Mexicana, como en el caso concreto de Puebla en donde vemos toda esa avenida de Antuniano que fue un gran textilero y que tenía a sus trabajadores viviendo junto a la fábrica, pero por muchas razones. Con ese modelo que se había difundido en el mundo entero de Roberto Owen, de las sociedades cooperativas y de que los trabajadores pudieran vivir cerca de los centros de trabajos y que los niños pudieran ir a la escuela, se decía que eso le daba tranquilidad al trabajador y sobre todo, le permitía sobrevivir. Nuestra Constitución si bien establece la obligación de los empresarios de darles vivienda a los trabajadores, no dice de quién es la vivienda porque por razones lógicas la vivienda es de la empresa, la mina, la industria, no es del trabajador, es muy diferente a la protección cuando se otorga un patrimonio familiar que éste sí es de la familia, independientemente de que el trabajador sufriera un accidente fatal en su trabajo que pudiera acabar con él.
TRASCENDENCIA DEL PATRIMONIO FAMILIAR

Es muy importante lo que dice el doctor Juan Luis González, de esta figura que aparece en la Constitución de 1917, porque se mantiene en estos 100 años. Vale la pena que escucháramos concretamente, porque transcurren estos 100 años y de cómo llega esta figura al Código Civil de la Ciudad de México en el siglo XXI.

DEMETRIO CORTÉS PRECONIZA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

La protección que da la ley a la familia es que a cualquier miembro de ella, ya sea que esté a nombre del papá o la mamá e incluso el Ministerio Público, puede pedir que constituya el patrimonio de familia, con algunos requisitos que hay que ver, que la familia esté domiciliada en la Ciudad de México, que el inmueble se encuentre en la Ciudad de México, que la cantidad no rebase el valor del inmueble, que no sea mayor a 10 mil 650 veces el salario mínimo, si se cumplen estos requisitos, entonces ese inmueble que al principio estaba a nombre de una sola persona ahora pasa a ser de toda la familia. Cuando ya la familia no necesite ese inmueble porque todos los miembros estén con la suficiencia de poderse proveer de sus alimentos, puede liquidarse ese patrimonio y todos los miembros que constituyeron la familia en realidad son -y es una cuestión parecida a la copropiedad-, copropietarios tienen derecho a la propiedad. Frente a ello hay personas que fundamentalmente por ignorancia y no por mala fe, afirman que esto no es cierto. Aquí está, primero el fundamento constitucional de hace 100 años en la propia Constitución y cómo se mantiene porque sigue vigente en el artículo 123, en el 127 las bases de este patrimonio familiar, como ya lo dijo el doctor Demetrio Cortés es una realidad en la Ciudad de México.

LUIS ECHEVERRÍA, PRESIDENTE LEGISLADOR EN FAVOR DE LA FAMILIA

Pero ahora vamos a otras cuestiones más importantes, a dar un salto hasta diciembre de 1973, cuando Luis Echeverría emite un decreto para adicionar el artículo Cuarto Constitucional, sería bueno que la gente sepa con toda amplitud y conocimiento, con base en ésto y en la Constitución, por eso llamamos derechos familiares constitucionales y que valdría la pena decirle a la distinguida teleaudiencia qué contiene y cómo por primera vez en una Constitución se introduce una norma de este nivel y que no debemos olvidar, sobre todo porque estamos en los 100 años que la Constitución de 1917 se hizo para 15 millones de habitantes, ha sido reformada 688 veces, ha sido modificada porque el país es otro, porque tenemos un país a 100 años distinto y qué bueno que la ley se va modificando, no somos constitucionalistas somos juristas, sabemos un poco de civil, un poco de familiar, pero en este caso concreto el artículo Cuarto tiene tantos derechos familiares de lo que nos va hablar ahora el doctor Juan Luis González.
¿CUÁL ERA LA SITUACIÓN DE LA FAMILIA?

Es bien interesante en términos generales -dice el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá-, lo que sucedía en los años setenta, nosotros tenemos una revolución, el planeta se divide en primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, se hace una serie de encuentros a nivel internacional que patrocina el Gobierno federal, a través de su secretario Mario Moya Palencia convoca a los intelectuales de todo el mundo y de México en particular, a revisar cuál era la situación de la familia, hay que ver las memorias de aquella época que son cuatro o cinco tomos en donde se plantea qué estamos haciendo por la familia, si bien debemos entender que la Constitución no se enfoca a defender a la familia, porque había una ley de relaciones familiares que había sido aprobada y que en términos generales se hacen necesarias las adecuaciones porque la sociedad había cambiado, México era otro, había habido disturbios estudiantiles, crisis en cuanto a la legitimidad de las autoridades y el Gobierno con una gran visión empieza a canalizar preocupación para dejar una legislación adecuada que hasta la fecha nos rige, el artículo cuarto empieza con esa afirmación, el varón y la mujer son iguales ante la ley, una tesis fundamental, esa igualdad que no habíamos visto en nuestras leyes porque siempre se colocaba la mujer en un plano de inferioridad, porque no se la había reconocido en términos generales la igualdad. Se decía que las mujeres iban a ser manipuladas por el sector de la Iglesia que les iba decir por quién votar. Cuando el Gobierno de Miguel Alemán que reconoce el voto en las elecciones locales se pospone para que sea el nuevo presidente y es Ruíz Cortines a quien le toca darle el voto en las elecciones federales y en la elección del Presidente de la República. Se pensaba que la mujer le iba a preguntar al marido, a su pareja, a su cónyuge por quién votar y él le iba ordenar por quién debería hacerlo, entonces se decía “para que le damos el voto a las mujeres si están en una situación de inferioridad y la política es de hombres, esas cosas no son de viejas”, entonces vemos cómo el presidente Luis Echeverría tenía una familia bien compuesta donde la mujer llevaba un papel preponderante.

Cuando comían en familia veíamos que Esther que era la mujer, decía que “en el país tú mandas, en la casa mandamos las mujeres”, ella empujó y hay que reconocerle la posibilidad de que las mujeres ocuparon un lugar impresionante en la política del país.
VEA Y ESCUCHE EL PROGRAMA DERECHO FAMILIAR, CONDUCIDO POR JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA

Mañana lunes 13 de marzo vea en las transmisiones de televisión por cable -IZZI, SKY y DISH- completa la entrevista a Juan Luis González y Demetrio Cortés, sobre los 57 derechos familiares constitucionales que contiene nuestra Ley Fundamental.
La violencia en México, las familias mexicanas flageladas por la violencia (segunda parte)

Dijimos la semana anterior

La gravedad de la violencia familiar exige la concientización de todos los sectores y todas las familias mexicanas, para erradicar las consecuencias de esta problemática.

I. Violencia física: a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro.

II. Violencia psicoemocional: a todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe, alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona.

III. Violencia económica: a los actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes, propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia. Así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que de conformidad con lo dispuesto en este Código tiene obligación de cubrirlas.

IV. Violencia sexual: a los actos u omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser: inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño.

No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños.

Para efectos de este artículo se entiende por integrante de la familia a la persona que se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, colateral o afín hasta el cuarto grado, así como de parentesco civil.

De los artículos 323 Ter al Séptimus del Código Civil para la Ciudad de México, se puntualizan las normas sobre violencia familiar surgidas en el matrimonio, el concubinato, el parentesco consanguíneo en línea recta o colateral, por afinidad hasta el cuarto grado y también por adopción, conocido como parentesco civil. Alude a los tipos de violencia reconocidos por la ley, que son la física, psicoemocional, económica y la sexual.

Artículo 201 Bis. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en un periodo hasta de dos años antes de la comisión del acto u omisión.

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:

– Hagan la vida en común, en forma constante y permanente, por un periodo mínimo de seis meses.

– Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio.

– Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo.

– Se incorporen a un núcleo familiar, aunque no tengan parentesco con ninguno de sus integrantes.

– Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los hayan procreado en común.

– Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores.

Este delito se perseguirá por querella.

Comentario: Esta norma extiende la protección de la ley a personas que, sin tener parentesco o relación reconocida jurídicamente en los ordenamientos respectivos, hayan tenido o tienen un enlace recíproco de hecho con el autor de la violencia familiar. Pueden incluirse en esta situación a los que viven en amasiato, a los novios, a los compadres, padrinos y ahijados, allegados, acogidos, padrastros, madrastras e hijastros, entre otros.

Artículo 202. En los casos previstos en este título, el ministerio publico apercibirá al inculpado para que se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia contra la víctima y decretará, de inmediato, bajo su más estricta responsabilidad, las medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima durante la integración de la averiguación previa y hasta la conclusión de ésta. En caso de determinarse el ejercicio de la acción penal, el ministerio público solicitará al Juez la confirmación, ampliación o cancelación, en su caso, de las medidas precautorias referidas en el párrafo que antecede, quien deberá resolver lo conducente sin dilación.

Comentario: Este numeral asegura la aplicación efectiva de las medidas precautorias por parte de las autoridades para resguardar a la víctima durante las diferentes etapas del juicio que se lleve en contra del responsable, desde que es acusado hasta la sentencia.

Un tipo de violencia que incide primordialmente en la familia, aunque es una figura del derecho penal, es el feminicidio, delito adicionado en el artículo 148 bis al Código Penal para la Ciudad de México, el 11 de agosto de 2011. El precepto en cuestión ordena:

Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo,

A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida,

Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima,

El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, o

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a su fallecimiento.

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión.