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Derecho familiar

  • Derecho Familiar / Julián Güitrón Fuentevilla

La Suprema Corte corrige las aberraciones jurídicas originadas por el divorcio incausado en la Ciudad de México

INTRODUCCIÓN

La Legislatura V de la Ciudad de México, y quien dirigía el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, copiaron la ley 30 del 7 de julio de 1981 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del Matrimonio y del Divorcio Española la cual textualmente dice en la parte final del artículo 86… “cuando el divorcio se ha solicitado por ambos o por uno con el consentimiento del otro, deberá necesariamente acompañarse a la demanda o al escrito inicial la propuesta de convenio regulador de sus efectos, conforme a los artículos 90 y 103 de este Código”, los sujetos de Marras representantes de los Poderes Legislativos Local y Judicial supra citados eliminaron del texto trascrito el requisito de las dos voluntades para el divorcio incausado y ahí empezaron para mal de todas las familias mexicanas tres años de desgracias sucesivas y que desafortunadamente del año 2011 al presente el mal ejemplo de la Ciudad de México cundió a otras entidades y en la actualidad 4 de ellas han incluido el divorcio incausado violatorio en el año 2008 de las garantías individuales y a partir del 2011 los derechos humanos fundamentales de las familias y de sus integrantes.
¿DOLO Y MALA FE EN LA REFORMA?

Lo que se ve no se juzga. Ante las aberraciones y atrocidades jurídicas el Máximo Órgano Jurisdiccional del país determinó en una publicación oficial de la Suprema Corte ordenar cómo deben de ser los juicios procesales, sus trámites y sus consecuencias ante el abuso que absurdamente calificado como “divorcio exprés”, “fast track” incausado, ordenar en la ley que se podía tratar de una solicitud administrativa o de una demanda, que sea como fuere el nombre que se le haya puesto, los autores de esta reforma a diferencia del legislador español, modificaron el Código Civil de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México agregando el numeral 685 Bis que paladinamente prohibieron en el 2008 y sigue vigente en el 2017, prohibir en un régimen de derecho como el mexicano, fijarse bien distinguidos lectores, prohibir la apelación de la sentencia, resolución, decreto o sea cual fuere el mecanismo utilizado para disolver el vínculo matrimonial.
LA SUPREMA CORTE SALVAGUARDA LOS DERECHOS FAMILIARES DE TODOS LOS MEXICANOS

En atención a lo anterior y por la reiterada trascendencia que tiene para los 121 millones de mexicanos y mexicanas, transcribimos a continuación el texto de las soluciones jurídicas del Máximo Órgano jurisdiccional de país.

Sobre las bases de disertación jurídica referidas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emprendió el análisis de los temas concretos que dieron origen a diversas contradicciones, entre ellas la 63/2011, 135/2011, 143/2011 y 180/2011, que generaron las siguientes jurisprudencias y tesis aisladas:

Tesis jurisprudencial 116/2012 (10a.)

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA”. LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL JUICIO, CONCRETAMENTE ANTES DE LA DECLARACIÓN DE DIVORCIO, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN Y APELACIÓN, SEGÚN LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

De la interpretación de las normas que regulan la disolución del vínculo matrimonial, en relación con el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que fue especialmente creado para regular la procedencia de los recursos en el divorcio sin expresión de causa, se concluye que si bien es cierto que el citado numeral prevé que la resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial (dictada en la primera etapa del juicio) es inapelable, sin establecer si las determinaciones intermedias emitidas en el juicio son o no susceptibles de impugnación, también lo es que ello, por sí solo, no conlleva a considerar que sean inimpugnables, porque de la exposición de motivos correspondiente se advierte que aun cuando el legislador consideró que el recurso de apelación no era procedente contra la resolución que decreta el divorcio, ello obedece a que el fin de la reforma fue privilegiar la voluntad del cónyuge que lo solicita; sin embargo, de la indicada exposición no se colige que su intención haya sido hacer inimpugnables las diversas resoluciones que, por ser accesorias a la disolución del vínculo matrimonial, pueden emitirse antes de decretarse el divorcio, pues el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federalno lo prohíbe; y si bien no pasa inadvertido que la reforma busca hacer más expedito, dinámico y laxo el procedimiento relativo, esa celeridad no debe interpretarse como una limitación al derecho de las partes de recurrir las determinaciones que estimen contrarias a sus intereses, pues éste solo puede limitarse cuando la propia ley determine que son irrecurribles. Además, en la exposición de motivos expresamente se estableció que la reforma debía entenderse sin menoscabo de los derechos que consagra la ley, de manera que si acorde con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es ‘Ley Suprema de la Unión’, y de él deriva que el Estado Mexicano se comprometió a desarrollar la oportunidad del recurso judicial a fin de garantizar que toda persona, que estime que sus derechos o libertades hayan sido violados, pueda tener acceso a un recurso efectivo, se sigue que al introducir esa reforma, la intención del legislador no fue dejar a las partes sin defensa contra las determinaciones intermedias emitidas en la primera etapa, pues esa interpretación es acorde con los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, ya que favorece el derecho de acceso completo a la justicia, otorgando al gobernado una oportuna y adecuada defensa. En ese tenor, aunque en el juicio de divorcio existe la posibilidad de que se dicte sentencia en la que se determine la disolución del vínculo matrimonial y al mismo tiempo se resuelvan las cuestiones inherentes a la disolución del mismo, lo que ocurre cuando las partes se ponen de acuerdo sobre el contenido del convenio a que se refiere el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, y que es irrecurrible, no se puede desconocer que también está latente la posibilidad de que los contendientes no lleguen a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos contenidos en ese convenio; hipótesis ésta en la que si bien el juzgador deberá dictar un auto definitivo en el que determine el divorcio, lo cierto es que el procedimiento, que es uno solo, deberá continuar conforme a las reglas de la vía incidental, a fin de resolver todo lo conducente a las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial en la sentencia respectiva, misma que en términos de lo dispuesto en el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es recurrible, y lo es a través del recurso de apelación previsto en el numeral 691 del propio ordenamiento, en razón de que los juicios de divorcio tienen una cuantía indeterminada; en consecuencia, como tal situación depende de la postura que asuman las partes en el Procedimiento, se concluye que como la sentencia dictada en el juicio dedivorcio después de que éste ha sido decretado, sí admite en su contra el recurso de apelación, entonces la causa en este tipo de juicio sí es apelable y, en consecuencia, las resoluciones dictadas durante el desarrollo del juicio, concretamente antes de la declaración de divorcio, también son recurribles a través de los recursos de revocación o apelación, dependiendode la naturaleza de la determinación que se pretenda impugnar. Así de conformidadcon los artículos 684, 685 y 691 del código procesal mencionado, el recurso de revocación será procedente si la resolución que se pretende combatir solo es de trámite (decreto); en cambio, si se trata de un auto o sentencia interlocutoria, el recurso procedente será el de apelación.

Contradicción de tesis 63/2011. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Décimo Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de agosto de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretarios: Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Mireya Meléndez Almaraz, Óscar Vázquez Moreno, Mario Gerardo Avante Juárez y Rosalía Argumosa López.”

Tesis jurisprudencial 120/2012 (10a.)
“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA”. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES.

De la interpretación del artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, debe entenderse que el término “resoluciones” engloba a los decretos, autos y sentencias previstos por el artículo 79 del mismo código, por lo que si todas dichas determinaciones constituyen resoluciones, y el artículo citado en primer término no distingue entre el tipo de resoluciones que pueden impugnarse, y tampoco prohíbe la impugnación de los actos emitidos después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, sino más bien lo permite expresamente al establecer que ‘las resoluciones que recaigan en la vía incidental respecto de los convenios presentados’ son recurribles, debe concluirse que el artículo citado en primer término permite expresamente la impugnación de las diversas resoluciones que se emitan después de decretada la disolución del vínculo matrimonial en el juicio de divorcio sin expresión de causa. Lo anterior es compatible con lo señalado en la exposición de motivos correspondiente, en cuanto el legislador da un tratamiento distinto a la disolución del vínculo matrimonial y a la determinación de las obligaciones que subsisten a la terminación de dicho vínculo, dado que sostuvo que simplificar el proceso de divorcio ‘permitiría poner más énfasis en los demás puntos controvertidos’; se pronunció expresamente en cuanto a la procedencia del recurso de apelación para impugnar las cuestiones materia de los convenios y manifestó que uno de los objetivos de la reforma era que ‘los justiciables encuentren en la autoridad un instrumento idóneo para dirimir sus conflictos’. No debe pasarse por alto que las cuestiones inherentes al matrimonio objeto de los convenios constituyen prestaciones principales de la demanda, y que por lo tanto, la sentencia definitiva del juicio de divorcio es aquella que resuelve en forma definitiva todas esas cuestiones y, por lo tanto, las resoluciones que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial deben ser recurribles; de otra manera el procedimiento previsto para dirimir dichas controversias no podría ser un instrumento idóneo, pues se privaría a las partes de la posibilidad de inconformarse con las resoluciones. Además, de no permitirse la impugnación de cualquier auto o resolución que ponga fin a una controversia sin decidir el fondo de la misma, podrían quedar sin resolverse ciertas determinaciones que por su materia resultan de suma importancia, ya que atañen a cuestiones relacionadas con menores y alimentos.

En conclusión, si la sentencia que resuelve todas las prestaciones contenidas en la demanda y contestación constituye la sentencia definitiva, porque resuelve en su totalidad lo relativo a las obligaciones que subsisten a la disolución del vínculo matrimonial, en términos del primer párrafo del artículo 685, y del segundo párrafo del artículo 691, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento.

Contradicción de tesis 180/2011. Entre las sustentadas por el Cuarto y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de agosto de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz.

Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretarios: Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Mireya Meléndez Almaraz, Óscar Vázquez Moreno, Mario Gerardo Avante Juárez y Rosalía Argumosa López.”

Tesis jurisprudencial 111/2012 (10a.)

“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA”. LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS RECURSOS DE APELACIÓN INTERPUESTOS CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE, SIN DECRETARLO, RESUELVE CUESTIONES INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SON DEFINITIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

De la interpretación armónica y sistemática de diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se advierte que el juicio de divorcio sin expresión de causa se integra por un solo proceso que concluye con una sentencia, que puede ser emitida desde el inicio cuando se decreta el divorcio y se aprueba en su totalidad el convenio, o al final, cuando se resuelven totalmente las cuestiones inherentes al matrimonio. Ahora bien, la resolución que sin decretar el divorcio, solo se ocupa de cuestiones inherentes al matrimonio, adquiere la calidad de sentencia y no de interlocutoria, las cuales conforme a los artículos 685, 685 Bis y 691, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son apelables. De ahí que, acorde con los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los recursos de apelación interpuestos contra la resolución que solo resuelven cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, son definitivas para la procedencia del juicio de amparo directo.

Contradicción de tesis 135/2011. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo Primero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 12 de septiembre de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Óscar Vázquez Moreno, Rosalía Argumosa López, Mario Gerardo Avante Juárez, Mireya Meléndez Almaraz y Mercedes Verónica Sánchez Miguez.