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Derecho Familiar / Julián Güitrón Fuentevilla

  • Derecho Familiar / Julián Güitrón Fuentevilla

  • Inconstitucionales los 24 códigos civiles y los 8 familiares de México, que prohíben

matrimonio de personas del mismo sexo

Introducción

La importancia de Derecho Familiar mexicano es tal que el Máximo Órgano Jurisdiccional del país reitera, ratifica, determina, ordena, mandata e impone jurídicamente sus resoluciones, cuyo propósito principal es proteger los derechos humanos fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de las diferentes clases de familias que en el siglo XXI surgen de los instrumentos legales que las permiten y las protegen, como son los casos concretos y específicos de uniones matrimoniales de personas del mismo sexo, igualitarias, de homosexuales, de lesbianas y de heterosexuales.

El Derecho Familiar Constitucional nació en 1974 en México

Siendo presidente de la Republica Luis Echeverría Álvarez se reformó el artículo 4º de la Carta Magna y a partir de esa modificación se inició la verdadera protección de las familias mexicanas, que han visto en los últimos 40 años una transformación de 180 grados en la multiplicación de derechos que han ido desde el que determina libremente decidir el número y el espaciamiento de los hijos que se pueden tener o el derecho a no procrear, hasta las resoluciones, tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con las reformas constitucionales iniciadas en el año 2001 y concretadas en el 2011 han cambiado la naturaleza jurídica de las viejas garantías individuales por los nuevos derechos humanos fundamentales en favor de todas las familias mexicanas y en el caso concreto las contenidas en el artículo 1º de la Carta Magna que ha devenido en una verdadera panacea para resolver cualquier problema jurídico que discrimine a una persona por su preferencia sexual, como está ocurriendo y esa es la esencia de este artículo con las obsoletas disposiciones que están prohibiendo a lo largo y ancho del país las uniones matrimoniales igualitarias, que ya son inconstitucionales, violan los derechos humanos fundamentales, permitiendo al mismo Pleno delMáximo Órgano de Control Constitucional Mexicano resolver que los 24 Códigos Civiles locales y los 8 Códigos Familiares vigentes en el país, separados formalmente del Civil, deben modificar sus normas vinculadas al matrimonio que siguen manteniendo la unión de un solo hombre y una sola mujer, reformarlas para que no sigan teniendo el calificativo de inconstitucionales y además para que las Cámaras Locales respectivas actualicen sus Códigos en la materia.

Obligatoriedad de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El pasado 26 de enero del 2016 los 11 ministros de la Suprema Corte, sesionando en Pleno resolvieron por unanimidad que una parte del artículo 260 del código Civil de Jalisco es violatorio de diversos derechos humanos fundamentales de la familia, al analizar y determinar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad número 28/2015, ratificaron que no solo este precepto del Código citado, si no  que todos de la república mexicana que estén en esa tesitura son inconstitucionales y por ende deben ser modificados; más adelante transcribimos algunos de los puntos resolutivos de la acción citada.

¿Quiénes son los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que día a día vigilan que los derechos humanos fundamentales constitucionales se cumplan?

Es importante que quienes me honran leyendo estas líneas, sepan que la actual Suprema Corte, que formalmente inició su nueva vida entre 1999 y el año 2000 se ha caracterizado por ser la vanguardia jurídica de México y que especialmente en Derecho Familiar ha logrado como no había ocurrido antes, ratificar día a día que el Derecho Familiar es de orden público e interés social y que la preocupación constante de quienes la integran, encabezados por su Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y las Ministras Margarita Beatriz Luna Ramos y Norma Lucía Piña Hernández y los Ministros Javier Linez Potisek, José Fernando Franco González-Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alberto Gelacio Pérez Dayán, José Ramón Cossío Díaz y Eduardo Medina Mora, es que sus resoluciones protejan a todas las familias mexicanas que hoy en día surgen de cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos y hechos materiales las originen.

Las cámaras de diputados locales también deben proteger a las familias

Como es del dominio público, las diferentes resoluciones que cotidianamente emite el Máximo Órgano Jurisdiccional del país, si satisfacen determinadas exigencias y cumplen con requisitos legales, son obligatorias para todas las instancias del país, ejemplo que transcribiremos a continuación en la materia citada, porque los extraordinarios trabajos realizados por los cinco Ministros de la Primera Sala, han demostrado fehacientemente y con conocimientos profundos, que los códigos civiles o familiares vigentes en la República Mexicana, son inconstitucionales si prohíben el matrimonio de personas del mismo sexo, porque las uniones conyugales no se pueden basar en la procreación, por lo que es injustificado prohibirles casarse. En este sentido, el Máximo Órgano Jurisdiccional mexicano ha resuelto que en cuanto al matrimonio de personas del mismo sexo, no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo y en este sentido, es la crítica acerva que formulamos a todos los Diputados de las diferentes legislaturas de México, porque a pesar de estos mandatos legales, de estos ordenamientos jurisprudenciales, muchos de ellos están actualmente discutiendo en sus sedes, si aceptan o no las iniciativas para legislar esta clase de matrimonios, lo que es muy grave para quienes tienen esta responsabilidad, porque aun suponiendo que las Cámaras respectivas  no acepten ni autoricen esta clase de matrimonios, el mandato superior y constitucional de la Corte no tiene marcha atrás y además, como un modus operandi simple, si bien es cierto que no pueden ser automáticas las modificaciones a los Códigos Civiles locales o Familiares respectivos, cualquier pareja de personas del mismo sexo que pretendan casarse, verbigracia en Jalisco o en Morelos, ante el impedimento de los Jueces del Registro Civil, será suficiente un amparo ante un Juez Federal, donde se invoquen las violaciones al artículo 1º de la Carta Magna mexicana que claramente especifica que a ninguna persona se le puede discriminar en el ejercicio de sus Derechos Humanos, por inclinación o preferencia sexual, esto obviamente, es violatorio y en consecuencia la garantía constitucional del mismo será el juicio de amparo que permitirá ordenar al Juez correspondiente que el del Registro Civil acate y obedezca ese mandato, que ante su negativa, incluso podría ser sometido a un juicio político.

Trascendencia de la tesis de Jurisprudencia 46/2015. 10ª época

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo; por ello, “las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran ‘ciudadanos de segunda clase’, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de ‘separados, pero iguales’. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad”.

No hay razones jurídicas para prohibir las uniones homosexuales

El mandato constitucional ratifica que no existen razones jurídicas para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque además, excluirlas de la institución matrimonial las priva de beneficios propios de las parejas casadas heterosexuales como son los fiscales, los laborales, los de propiedad, la seguridad social, los beneficios migratorios para cónyuges extranjeros y cuando uno de ellos fallece. Resalta la Jurisprudencia citada que no ha sido la ley sino los prejuicios y la discriminación de personas del mismo sexo lo que ha impedido su reconocimiento jurídico.

Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional

“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente”.
Prohibir discriminar por inclinación sexual

La Primera Sala ha determinado en la Jurisprudencia citada, que la finalidad del matrimonio no es la procreación y diferencia las preferencias sexuales, de la procreación, considerando que esta última viola el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque discrimina por inclinación sexual y por ello, ha resuelto que cualquier Código Civil local o Familiar de la República que prohíba el matrimonio de personas del mismo sexo es inconstitucional.

Por la trascendencia jurídica que en esta materia tiene la acción de inconstitucionalidad número 28/2015 presentada el 4 de mayo del año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y resuelta por unanimidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcribiremos para mejor informar a nuestros distinguidos y cultos lectores, los principales fundamentos jurídicos esgrimidos por la CNDH y tomados en cuenta por el Máximo Órgano Jurisdiccional para determinar la inconstitucionalidad del artículo 260 del Código Civil de Jalisco, respecto al matrimonio heterosexual y homosexual.

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en  todo  tiempo  a  las  personas  la protección más amplia. (…).”

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o  cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o . menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

“Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. (…)”

-De la Convención Americana sobre Derechos Humanos

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1.- Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2.- Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

1.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. (…)”.

“Artículo 17. Protección a la Familia

1.- La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2.- Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.