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Derecho familiar | Julián Güitrón Fuentevilla

  • Derecho Familiar / Julián Güitrón Fuentevilla

– ¿Es usted deudor alimentario?

– ¡No podrá viajar al extranjero!

– Senado de la República Mexicana

Introducción

Si bien es cierto que el Derecho Familiar no es de competencia federal, su trascendencia, los fines que persigue, la importancia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado a esta disciplina al considerarla de orden público e interés social, la vocación del Senado de la República por proteger a las diferentes clases de familias que habitamos en México, ha logrado con la actual Legislatura, proponer reformas, en el caso concreto a la Ley de Migración, adicionando la fracción VI, que si bien es de competencia federal, se puede aplicar a cualquier deudor o deudora alimenticia que pretenda salir de México para viajar al extranjero, que provenga de cualesquiera de los 32 Estados de la República y que su deuda tenga más de 60 días de vencida, aun cuando se trata de asuntos jurídicos locales, la solución propuesta por el Máximo Órgano Legislativo del país merece nuestro reconocimiento, porque en cuanto al pago de pensiones alimenticias, los 24 códigos civiles y los 8 códigos familiares vigentes en la República Mexicana y los correspondientes de Derecho Procesal Civil o Procesal Familiar, contienen tantas trampas legales, recursos absurdos, “chicanas” y lo que a usted distinguido lector se le ocurra, que desgraciadamente en algunos casos de connivencia entre autoridades judiciales, padres y madres de familias, abogados tramposos y sin escrúpulos unen sus fuerzas para no pagar las pensiones alimenticias completas; simular insolvencias, irse a vivir a ancianatos o a cuartos amueblados para acreditar que no tienen con qué pagar sus deudas alimenticias y estar cometiendo permanentemente fraudes a las leyes; por ello dejamos constancia en este generosos espacio periodístico en favor de ésta extraordinaria reforma jurídica que pondrá en jacque a los deudores alimentarios. Enseguida citaremos el texto de la Ley adicionada próximamente a publicarse por el Ejecutivo federal y algunas cuestiones jurídicas y de carácter general sobre lo que son los alimentos.

Ley de Migración reformada y adicionada

“VI.- Las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un periodo mayor de sesenta días previa solicitud de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de las excepciones previstas por la legislación civil aplicable, así como de aquellas conductas consideradas como delitos por las leyes penales correspondientes. Para efectos de esta fracción y tratándose de extranjeros, el Instituto definirá su situación migratoria y resolverá con base en lo que se establezca en otros ordenamientos y el reglamento de esta Ley”.

Necesario, garantizar que los deudores de pensión alimenticia no puedan salir del país si no pagan su deuda: Erika Ayala

A fin de continuar con las políticas públicas y las leyes que garanticen el derecho de los niños y niñas en lo referente a la salud, alimentación, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, senadores del PRI dieron su voto a favor del dictamen que adiciona una fracción sexta al artículo 48 de la Ley de Migración, que impide la salida del territorio nacional, de aquellos que no han cumplido con su obligación de pensión alimenticia, se encuentran en mora, y no cubran su adeuda.

En tribuna, la senadora del PRI Erika Ayala Ríos aseguró que es obligación del Estado que los deudores alimenticios cumplan con su obligación de ciudadano y manutención de los menores, por lo que es necesario, dijo, establecer los mecanismos pertinentes que eviten que en algún caso, algún padre pueda faltar a su obligación de dar alimentación, vestido y salud a sus hijos.

“México ha sido uno de los países que ha velado y trabajado por la protección de los derechos de las niñas y de los niños, así como de los grupos vulnerablesd, indicó.

La legisladora resaltó que el interés superior de la niñez debe seguir siendo y prevaleciendo, como un principio rector de la política de nuestro país, tanto en la construcción de las políticas públicas, como en la creación de nuevas leyes que protejan los derechos de nuestras niñas y de los niños mexicanos.

Aprobación unánime

“El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Migración, que impedirá la salida del país a los ciudadanos mexicanos que adeuden el pago de la pensión alimenticia. La restricción para salir del país será válida hasta que se cubra el total del adeudo. Cuando se trate de ciudadanos extranjeros, el Instituto Nacional de Migración (INM) definirá su situación migratoria y resolverá con base en lo que se establezca en otros ordenamientos. En el dictamen se advierte que el tránsito de las personas no es un derecho absoluto, se encuentra limitado por mandato judicial o la aplicación de leyes de cada país, de conformidad con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el documento los legisladores destacan que el artículo 4º de la Constitución establece el derecho de las niñas y niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, así como la obligación de sus ascendientes, tutores o de quienes ejerzan su custodia de preservar estos derechos.

El Derecho Familiar es de orden público e interés social

El dictamen explica que como derecho proporcional al tránsito, está el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la protección y el cuidado necesario para su bienestar. También establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimento de estas garantías a los niños. La reforma fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación.

Generalidades sobre las pensiones alimenticias y sus conceptos fundamentales

La palabra alimento, deriva del latín alimentum y ésta a la vez de alere que significa alimentar. Atendiendo a estas raíces etimológicas se puede entender que es la comida y la bebida que el hombre y los animales necesitan para subsistir; figurativamente se afirma que es “lo que sirve para mantener la existencia de algunas cosas, (por ejemplo, el fuego, que necesita de combustible para seguir ardiendo)”.

En las cosas incorpóreas, como virtudes, vicios, defectos, etc. pábulo, sostén fomento.

Asistencia para el sustento adecuado de una persona a quien se deben por ley, disposición testamentaria, fundación de mayorazgo o contrato.

Concepto sociológico

Desde el punto de vista de la sociología, los alimentos significan todo lo que es necesario para que una persona satisfaga las necesidades de su vida, en este caso, se puede admitir que se incluya cualquier sustancia que nutra el organismo, es decir, para mantenerlo en óptimas condiciones, igualmente lo que puede ser útil para fomentar los sentimientos, las costumbres y una mejor forma de vivir.

Concepto jurídico

Dada la proliferación de conceptos y definiciones desde el punto de vista de la Ley, hemos optado por el que se consigna en el primer Código Familiar de México, el de Hidalgo puesto en vigor en 1983, cuya autoría es de quien esto escribe y que lo define de la siguiente manera: “alimentos comprenden lo necesario para vivir. Incluye comida, vestido, habitación y la asistencia en caso de enfermedad.

Respecto a los menores, además, gastos para la educación primaria y secundaria”.

Otro concepto jurídico se consigna en el Diccionario de Derecho Civil, que dice, que alimentos es “todo lo que es necesario o indispensable para satisfacer las mínimas necesidades vitales para que un ser humano pueda sobrevivir”

Los alimentos en el siglo XXI

Para nosotros, los alimentos en el siglo XXI, y dada la proliferación de familias diferentes, que hay tantas, cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos y hechos materiales, que las originen; van más allá de los conceptos tradicionales mencionados. Porque hoy incluyen en general, comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria, gastos de embarazo y de parto. Tratándose de menores de edad, a lo anterior, se debe agregar gastos de educación, proporcionarles oficio, arte o profesión, que no implique capital para los mismos.

Si la hipótesis legal, se relaciona con personas discapaces o interdictas, adicionar gastos para rehabilitación y su desarrollo. Para el caso de adultos mayores, sin capacidad económica, sumar gastos de atención geriátrica y en cuanto a los alimentos, integrarlos a la familia.

¿Cuál es la naturaleza jurídica de las pensiones alimenticias?

¿Es obligación de Derecho Civil?

Se define como el vínculo jurídico establecido entre dos personas, que asumenel acreedor, el de sujeto activo y el de deudor como sujeto pasivo, en relación aun objeto que puede ser de dar, hacer o no hacer y que esos dos sujetos están relacionados jurídicamente. Si llevamos esta materia a la obligación alimenticia, nomenclatura tradicional que se le ha dado, tenemos que concluir que ante lapasividad o la negativa del deudor alimentario, el sujeto pasivo, es necesaria la acción del sujeto activo, para que exija, porque éste es el sujeto pasivo que tiene al otro que cumpla con lo que ha asumido o ha sido consecuencia de la fuente que originó esa obligación; respecto al objeto de la misma que será dar dinero, darcosas, hacer conductas o dejar de hacerlas, porque se ha establecido esa relación jurídica entre ambos.

Si por el contrario, que es nuestra tesis, los alimentos, la pensión alimenticia,tiene por naturaleza jurídica, ser un deber jurídico que lo impone la ley o el Estado, porque es de orden público, de acuerdo a su naturaleza jurídica, quien sea el sujetode ese deber tendrá que cumplir lo que la ley le impone. La ley no le pregunta, sino manda, impone, ordena, si ese sujeto pasivo se ubica en cualesquiera de lashipótesis, como matrimonio, divorcio, concubinato, adopción, filiación o cualquier otra hipótesis semejante, verbigracia, tiene un hijo al cual no reconoce, incluso se plantea todo un conflicto y finalmente el presunto padre, habiendo seguido eljuicio en todas sus instancias, pierde, es condenado y debe otorgar lo que a ese niño, que ahora resulta que es su hijo, le corresponde por mandato, por disposición, por imposición de la ley, hecha a quien ya no es el presunto, sino que ahora es el padreefectivo y que en esas circunstancias incluso, si el padre se niega a pagar, se niega acumplir, en México, los supuestos jurídicos, las consecuencias, los casos, pueden ir hasta el extremo, lo que prácticamente no ocurre con una obligación civil, de ira la cárcel, de ser privado de la libertad, de ser inscrito en un registro de deudores morosos alimentarios, que sea cual fuere la hipótesis en una obligación civil, sería imposible que se dieran esas consecuencias de Derecho Penal y más todavía, puede ser causa de pérdida de la patria potestad y por supuesto de la guarda y custodia siel sujeto pasivo, el deudor, el padre, en el ejemplo que estamos mencionando, seniega a cumplir, hay acciones públicas, populares, defensores de oficio, que tienenel derecho a exigir el cumplimiento del deber y no en la tradición de una obligación civil, en la que si el sujeto activo no acciona, no ejerce ese derecho, el pasivo no va a cumplir, por ello, en este caso, debemos agregar que esta carga impuesta unilateralmente por el Estado o la ley, debe cumplirse por el padre o por el que ha asumido el deber, e igualmente podría decirse en la nulidad, en el divorcio, en la disolución de un vínculo matrimonial o en la simple filiación, pensemos la que deriva de la inseminación artificial o de la adopción, porque finalmente, el padre adoptante tiene el deber jurídico que se corresponde con el derecho subjetivo del hijo adoptado, para que éste le exija a aquél, el pago de los alimentos y el pasivo, sepa que si no cumple, puede haber sanción hasta de privación de la libertad.

En este caso, debe destacarse, que ese deber jurídico de pagar la obligación impuesta por la ley o el Estado, es de orden público y éste en el Derecho Familiar,es un conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley o por el Estado a los miembros de la familia, que estos tiene que aceptar y cumplir sin protestar. Se reafirma su carácter de deber jurídico porque a diferencia de las obligaciones, los alimentos no son negociables, no son compensables, son personalísimos, intransferibles, recíprocos, intransigibles, indivisibles, preferentes, incompensables e irrenunciables,características que se dan su perfil de deber jurídico y que además la sociedad, através de lo que denomina la ley, interés social, está avocada, está interesada, está particularmente preocupada porque todas estas cuestiones del Derecho Familiar que son de orden público en México, se cumplan íntegramente. Por ello, dada la naturaleza jurídica del deber de alimentar, el juez familiar, incluso de oficio, porque está facultado para ello, sin requerir la acción del sujeto activo en la tradición de hablar de obligación, no requiere que lo excite el sujeto activo, que actúe, sino que el juez motu proprio y porque así lo ordena la ley, e incluso le impone sanciones,debe exigir el cumplimiento de ese pago de alimentos.

Conclusiones

Primera.- La importancia del Derecho Familiar y del Derecho Procesal Familiar exigen que el Senado de la República proponga una reforma jurídica semejante a la del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en México se pueda promulgar una Legislación adjetiva y sustantiva federal de Derecho Familiar, para unificar las normas protectoras de todas las familias mexicanas, porque en la actualidad son tan disímbolas y absurdas como lo expresan las contenidas en los 24 códigos civiles vigentes en esos Estados de la República que no han separado el Derecho Civil del Familiar y los 8 códigos familiares que si lo han hecho y que sin embargo a pesar de ello, por ejemplo el matrimonio se legisla de manera distinta en todos y cada uno de los estados de la República y si esto no fuera suficiente para promulgar un Código Familiar Tipo y otro de Procedimientos Familiares y los 32 cuerpos normativos citados, habría que agregar la obsolescencia de las normas de Derecho Familiar que contiene el Código Civil Federal mexicano, que ninguna de ellas se aplican en México.

Segunda.- La creación de las instancias judiciales familiares federales tendrían como su efecto principal que la República Mexicana tuviera jueces familiares de distrito y tribunales colegiados especializados en la materia.

Tercera.- El gran prestigio, integridad y honradez con que se maneja el Poder Judicial de la Federación en todos los asuntos jurídicos de su competencia, beneficiaría con toda su intensidad a las familias mexicanas y a todos y cada uno de los miembros que las integran.

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