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Derecho familiar | Julián Güitrón Fuentevilla

  • Derecho Familiar / Julián Güitrón Fuentevilla

– Separación entre Derecho Familiar y Derecho Civil

– Orden público e interés social

– Mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(PRIMERA DE DOS PARTES)

Ha sido tradicional que en México y en el mundo se considere que las normas jurídicas que regulan las relaciones de los miembros de una familia entre ellos; respecto a otras familias; la sociedad y el Estado, tiene por naturaleza jurídica ser de Derecho Civil, lo que significa que la autonomía de la voluntad y la protección de los derechos patrimoniales, -que los de familiar no lo son- hayan sido considerados desde la antigüedad, desde el propio Derecho Romano hasta finales del siglo XX, un Derecho Privado, particular, civil, que erróneamente se creyó eran los criterios que debían prevalecer en el matrimonio, en los regímenes económicos, en la filiación, en la patria potestad, en la guarda y custodia, en el divorcio, en el concubinato, en la tutela, la curatela, en el patrimonio familiar y la sucesión legítima y testamentaria.

Veinte siglos de tradición jurídica superados en México

Como es del dominio público desde tiempos inmemoriales, la figura del pater familias ha sido el eje que ha movido a la familia en derredor del padre que en su tiempo y todavía hay resabios de esas situaciones, fue el amo y señor de la familia, el dueño de bienes y haciendas de quienes formaban esa organización y esas leyes, esas normas, esos principios, en muchos casos y en diferentes países, se siguen aplicando para desdoro de las familias, de las mujeres y de quienes no han logrado una autosuficiencia intelectual, económica, cultural, social, política y familiar. Uno de nuestros paradigmas en el Derecho Civil mexicano, conteniendo todo lo que se ha referido a la familia, fue el Código Civil de los franceses de 1804, llamado Código Napoleón, en honor de quien fuera su promotor y éste cuerpo normativo, fue el primero en el mundo que puso orden, sistema y método en todas las materias de Derecho Civil, incluida la organización, desarrollo y protección de la familia. Este tipo de normas, heredadas del Derecho Romano y recibidas en el viejo Derecho consuetudinario francés, han sido durante más de doscientos años, la guía y la pauta para todos los países, incluido México, que han seguido al Código francés con normas vejatorias, discriminatorias y absurdas para no darle ninguna categoría jurídica a las uniones que no fueran matrimoniales y a las consecuencias de éstas; verbigracia, los innumerables calificativos a los hijos por el origen de las relaciones sexuales de sus padres, la “capitisdiminucio” máxima –incapacidad total—de la mujer que en el mejor de los casos, cuando salía de la potestad del padre familias, caía en la potestad marital y que desgraciadamente, aun en el siglo XXI, algunos Estados de la República Mexicana, siguen considerando como discapaces y discapacitadas a las mujeres en determinadas circunstancias.

Códigos Civiles de México de 1827 al año 2000

Como lo hemos destacado en nuestra última obra jurídica denominada “Tratado de Derecho Civil” de 20 volúmenes, que es la única en el mundo de Derecho Civil que no estudia, no analiza, no investiga, no trata ninguna institución de Derecho Familiar en sus páginas, sino solo Civil, porque como lo vamos a demostrar plenamente y las leyes mexicanas de Derecho Positivo Vigente en el país así lo prueban, así como las resoluciones definitivas del Poder Judicial de la Federación, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus diferentes órganos de justicia, todas las disposiciones de Derecho Familiar y Derecho Sucesorio, además de las de Derecho Procesal Familiar son de orden público e interés social y nada tienen que ver a pesar de los dos mil años que supracitamos con Derecho Civil y las instituciones que esta materia regula, como la teoría integral del acto jurídico, la de las nulidades, los hechos jurídicos, las personas jurídicas y jurídicas colectivas, los bienes, derechos reales, propiedad, posesión, usucapión; derecho de las obligaciones y derecho de los contratos, en los cuales, aunque se quiera, no se puede encontrar ni ubicar, ninguna institución de Derecho Familiar; por ejemplo, hay quienes en una expresión aberrante jurídica, afirman que el matrimonio es un contrato y en realidad, su naturaleza jurídica es la de ser un acto jurídico solemne. Quienes afirman lo anterior, ignoran que todos los contratos y convenios son actos jurídicos pero no todos los actos jurídicos son contratos o convenios y como muestra un botón, ya dijimos lo del matrimonio y simplemente agregaríamos el testamento público abierto, que es un acto jurídico unilateral.

Códigos Civiles de Oaxaca de 1827 y de México de 1870, 1884 y 1928

Los Códigos citados, contienen en sus normas la regulación de todas las instituciones del Derecho Familiar ya mencionadas, con principios decimonónicos del Derecho Romano, del Código Napoleón y de la influencia que éste ha ejercido en los anteriores cuerpos normativos. En una palabra, así fue como se gestó la desgracia jurídica y con todas sus consecuencias sociales de degradación familiar, de inequidad de género, de maltrato y violencia familiar, para mencionar solo algunas cuestiones, que durante los últimos doscientos años no hubo luz alguna a favor de la familia, a pesar de que -y éste es un dato muy importante para quienes me honran leyendo esta columna- el 9 de abril de 1917, se promulgó y entró en vigor en México, la denominada “Ley Sobre Relaciones Familiares”, que legislativamente, de acuerdo a su artículo 5º transitorio, se separó y así abrogó el texto, de todas las normas de Derecho Familiar que contenía el Código Civil para el Distrito y Territorio Federal de la Baja California de 1884, que en esa época estaba en vigor y que desgraciadamente para el Derecho Familiar, la Comisión que aparentemente redactó el Código Civil de 1928, porque en realidad solo copió el Napoleón, abrogó la Ley que era de competencia local para el Distrito Federal y la incluyó nuevamente en el ordenamiento citado, porque para quienes hicieron ese Código, la familia y sus normas jurídicas eran Derecho Civil. Así transcurrió prácticamente todo el siglo pasado y fue hasta el primero de junio del 2000, cuando con facultades legislativas constitucionales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en ese tiempo estaba presidida por Martí Batres Guadarrama y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quienes creyendo en la autonomía propia del Derecho Familiar respecto al Civil y su verdadera naturaleza jurídica como un tercer género a lado del Derecho Público y del Privado, convocaron a quien esto escribe y esa fue nuestra participación en la elaboración del nuevo Código Civil para el Distrito Federal, que entró en vigor en la fecha citada y que para concluir esta primera de las dos partes en que hemos divido este artículo, transcribimos a continuación, que por su contenido por sí solas se explican y que además, han sido esas normas, señeras para las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la fuerza del Derecho Familiar, considerando que el orden público que lo rige es el conjunto de normas jurídicas impuestas por la Ley y que todos los miembros de las diferentes familias mexicanas tenemos que aceptar y cumplir sin protestar. En cuanto al interés social, es evidente que la sociedad siempre ha tenido la preocupación de la profilaxis, la proyección y el desarrollo de todas las familias mexicanas, sea cual fuere su origen económico, político, social, étnico o inclinación sexual, por ello, en el siglo XXI, en México tenemos tantas familias cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos naturales las originen.

Todas las normas de Derecho Familiar mexicano son de orden público e interés social

Trascendencia de las nuevas normas de Derecho Familiar

El Código Civil vigente en el Distrito Federal, además de los Códigos Familiares de Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Sinaloa, son los únicos que protegen a las familias con normas que tienen la categoría de orden público e interés social. Los criterios tradicionales en todas y cada una de las entidades de la República y el Código Civil Federal, regulan a la célula social básico por excelencia, de manera particular, privada, con principios decimonónicos, donde prevalece la autonomía de la voluntad; en una palabra, el interés individual de cada uno de sus miembros y no el superior, representado por el conjunto de aquéllos. Excepto los Códigos señalados, los demás siguen siendo copia del Napoleón, que en este año cumplió doscientos de vigencia.

Texto de la ley

Del artículo 138 Ter al Sextus, el Código Civil que venimos comentando, ordena que todas las disposiciones, normas, objetivos, estatutos, reglas y todo lo que se refiera a la familia, es de orden público e interés social. Por la complejidad y lo árido de estos términos, transcribiremos a continuación, primero el texto de la Ley y después expresaremos los comentarios para que nuestros distinguidos lectores, aun sin ser abogados, tengan el conocimiento adecuado para exigir el cumplimiento de los deberes, obligaciones y derechos, a quienes son sujetos activos o pasivos del Derecho Familiar.

Artículo 138 Ter

“Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad”.

Artículo 138 Quáter

“Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia”.

Artículo 138 Quintus

“Las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato”.

Artículo 138 Sextus

“Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares”.

El Derecho Familiar es de orden público

En los preceptos anteriores, encontramos una de las más grandes conquistas para la mujer en el Derecho Familiar. En primer lugar, porque todo lo referente a ésta es de orden público y de interés social y desde ahí se acabó la ventaja que tenía el hombre, ya que de alguna manera, al ejercer una potestad marital o un dominio, por ser el dueño de los medios económicos en su hogar, le podía imponer condiciones a la mujer que en esa dimensión, tenían que ser aceptadas posteriormente por el Juez Familiar.

Protección integral de la familia

Con estas normas de orden público ya no es posible y así la Ley protege la organización y el desarrollo integral de sus miembros, por supuesto el de la mujer, respetando la dignidad de ésta. Además, sin discriminación, se establece la igualdad de derechos, deberes y obligaciones de quienes integran la familia, así como en uniones de matrimonio, de parentesco, de concubinato o de adopción. Se agrega, dirigido a los hombres, en relación a las mujeres, que se deben observar normas de consideración, solidaridad y respeto, en las relaciones familiares.

De acuerdo con estos preceptos, cuando un Juez Familiar ejerce facultades discrecionales y se le faculta para intervenir de oficio en asuntos de la familia y especialmente de menores, debe tener la sabiduría, la experiencia, la atingencia, el equilibrio, de saber que su resolución afectará para toda la vida a quienes intervienen en ese conflicto. De ahí que la discrecionalidad debe tener como límite, el interés superior de la familia y la de los menores.

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para hacer efectivo el orden público?

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 4º, 29 y los que se reformaron el 6 de junio del 2011, el 72, 85 numeral 2 inciso A, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 93, 94, artículo 104 fracción II, artículo 124. Evidentemente que la Carta Magna, entre otros artículos, en el 4°, determina como derechos humanos fundamentales familiares que la ley citada debe proteger la organización y el desarrollo de la familia. Que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Respecto a los niños y niñas, tienen derecho a que se satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Para lograr estos objetivos, el Estado –orden público- debe proveer lo indispensable para lograr el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Así ordena la Carta Fundamental de nuestro país. Igualmente, las Convenciones Internacionales; verbigracia, como la de la Niñez y las Leyes federales y locales del país, fundamentan jurídicamente el orden público.  (CONTINUARÁ)

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