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Derecho familiar | Julián Güitrón Fuentevilla

  • Derecho Familiar / Julián Güitrón Fuentevilla

– ¿Para qué sirve el Código Civil Federal?

– Separación entre derecho familiar y derecho civil

– Mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE)

Ni el derecho familiar, ni el procesal familiar federal, existen en México

Fallidamente y en reiteradas ocasiones las cámaras de Senadores y la de Diputados, han propuesto determinadas iniciativas en favor de las familias mexicanas que habitan en la República, habiendo logrado su aprobación, publicación e iniciación de su vigencia en el Código Civil Federal, sin que las mismas puedan aplicarse en ninguna hipótesis ni circunstancias a las que se refieren, por la razón supracitada. En otros casos las comisiones respectivas de las cámaras citadas, han hecho profundos estudios, concluyendo que por no ser facultades legislativas reservadas a los legisladores federales, las mismas no han tenido éxito.

Orden público e interés social

La trascendencia del derecho familiar y del derecho civil es tan importante, que para empezar quienes me honran leyendo esta columna deben saber que el derecho familiar es de orden público e interés social y que de acuerdo con los artículos 138 ter, quáter, quintus y sextus, en esencia mandatan lo siguiente: “Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. Las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. Las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares.” Las anteriores no son normas particulares, privadas, ni regulan el ejercicio de la autonomía de la voluntad, no legislan intereses individuales, ni derechos reales, obligaciones civiles, ni contratos, son disposiciones que tienen su propio género y propósitos jurídicos patrimoniales.

Artículo 73 constitucional, no hay derecho familiar

El artículo citado en sus múltiples fracciones, regula cuáles son las facultades legislativas reservadas al Congreso de la Unión para mantener el equilibrio y las diferencias entre los tres Poderes de la Unión y según nuestra investigación el derecho familiar es local, está reservado a los Poderes Legislativos autónomos de cada Estado de la República, y en consecuencia cualquier iniciativa que se pretendiera aprobar en el Congreso de la Unión en derecho familiar y se dieran como fundamentos del Artículo primero al 746 del Código Civil Federal, estaría condenada al fracaso porque como lo hemos reiterado, probado y ratificado por innumerables resoluciones del máximo órgano jurisdiccional, el derecho familiar y el procesal familiar son de carácter local.

Al respecto la fracción XXIX-P.de la Carta Magna ordena al respecto que el Congreso de la Unión tiene facultades para: Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.”

Lo anterior se complementa con la fracción XXX de la Constitución que mandata, el Congreso de la Unión tiene facultades “Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión”.

El derecho familiar no es civil ni mercantil

La competencia en derecho civil federal –no existe en derecho familiar- de acuerdo al Artículo 104 de la Carta Magna ordena que “Los tribunales de la Federación conocerán:

II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. A elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado…”.

En reiteradas ocasiones las Cámaras de Senadores y la de Diputados, han propuesto determinadas iniciativas en favor de las familias mexicanas logrando su aprobación, publicación e iniciación de su vigencia en el Código Civil Federal, sin que las mismas puedan aplicarse en ninguna hipótesis ni circunstancias. Foto: Ilustrativa archivo OEM

En reiteradas ocasiones las Cámaras de Senadores y la de Diputados, han propuesto determinadas iniciativas en favor de las familias mexicanas logrando su aprobación, publicación e iniciación de su vigencia en el Código Civil Federal, sin que las mismas puedan aplicarse en ninguna hipótesis ni circunstancias. Foto: Ilustrativa archivo OEM

Más fundamentos sobre las facultades legislativas

Para complementar los razonamientos anteriores, citaremos el Artículo 124 de la Constitución que ordena: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”.

¿Hasta donde llega la competencia de los jueces familiares de la Ciudad de México y de todos y cada uno de los Estados de la República?

Esta diferencia sustancial ha sido reconocida también por el Poder Judicial de la Federación, que en diversas tesis aclara que la competencia de los jueces familiares es distinta de la de los jueces civiles, debido a la diferencia en la materia, tal y como se aprecia a continuación:

Artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal

Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

“Época: Novena Época. Registro: 165316. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Febrero de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.779 C Página: 2810 COMPETENCIA ESPECIALIZADA Y EXCLUSIVA ASIGNADA A LOS JUECES EN MATERIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 149 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL ES UNA NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE LAS REGLAS GENERALES QUE REGULAN LA COMPETENCIA GENÉRICA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO FEDERAL. Conforme al texto del precepto citado, la competencia por razón de materia es prorrogable y en específico en las materias civil y familiar. Se trata de una norma especial que prevalece sobre las reglas generales contenidas en los artículos 159 y 737 C del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 50 y 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que establecen la competencia especializada y excluyente de los jueces civiles y familiares, y de las normas especiales que regulan la procedencia del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 311 del Código Civil Federal.

De la acción de nulidad de matrimonio a que se refieren los numerales 235, 236, 239, 242, 246 y 248 del Código Civil para el Distrito Federal. Las normas citadas establecen los casos en que de modo exclusivo y excluyente los jueces civiles y familiares deben conocer de las controversias que se mencionan pero el Artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal señala los casos en que de modo excepcional puede prorrogarse la competencia por razón de la materia, sea civil o familiar, cuando las prestaciones tengan íntima conexión entre sí, o resulte de los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares, o deriven de la misma causa de pedir, y se dispone que el juez no puede negarse a conocer del asunto argumentando falta de competencia, si se trata de estos casos, porque podría dar lugar a la división de la continencia de la causa o a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias. En este último aspecto, la prórroga de competencia a que alude la norma especial de que se trata, procede cuando se actualiza alguno de los supuestos enunciados y no se condiciona a que efectivamente se divida la continencia de la causa, o haya multiplicidad de juicios con resoluciones contradictorias, sino a que el juzgador aprecie que puede dar lugar a ello, esto es, que establezca un juicio concreto sobre la posibilidad de que ello ocurra, lo cual sucede al momento en que admite la demanda e implícitamente determina la prórroga de la competencia para decidir la cuestión planteada. En esa medida, el hecho de que la competencia para conocer de la nulidad de matrimonio, en principio está asignada a los jueces de lo familiar, es susceptible de prórroga a un juez civil, cuando las prestaciones tienen íntima conexión entre sí, y resulte del nexo entre las personas que litigan por razón de parentesco, y además derivan de la misma causa de pedir. Esta situación de prórroga a favor del juez civil para conocer y resolver la acción de nulidad de matrimonio no es contradictoria con la acción de nulidad de juicio de divorcio necesario concluido, ya que es claro que mientras la primera pretende anular los efectos de la celebración de un segundo matrimonio cuando existe uno previo sin disolver, la segunda tiene como finalidad anular la eficacia de un juicio concluido. Por tanto, se trata de acciones que tienen finalidades diversas pero no contradictorias porque ninguna de ellas incide o anula los efectos y consecuencias legales que provendrían de cada una, sino que tienden a resolver una situación contraria a derecho que produjo, en consideración de la enjuiciante, efectos perjudiciales para su esfera jurídica. Es esa finalidad de una situación contraria a derecho que constituye la causa de pedir que sostiene la acción ejercida en el juicio, la que justifica que una persona ejerza todas las acciones que tenga contra otra respecto de un mismo asunto y que las reglas generales de competencia que establecen los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a favor y de modo exclusivo de los jueces civiles y familiares, encuentre la excepción referida en el Artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. No es óbice a lo anterior que el Artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, disponga que de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 311 del Código Civil Federal. Las cuestiones sobre estado o capacidad de las personas y en general de las cuestiones familiares que requieran intervención judicial, sea cual fuere el interés pecuniario, conocerá el juez de lo familiar, y que con ello se pretenda justificar que el juez civil no pueda resolver la acción de nulidad de matrimonio. Esto es así, porque esa regla contenida en el capítulo segundo denominado “Reglas para la fijación de la competencia” es general, y no implica que se deje de aplicar la regla especial regulada en el Artículo 149 del mismo ordenamiento, pues no está a discusión que las cuestiones referidas sean en principio del conocimiento de un juez familiar, sino que cuando exista una controversia en que se pretenda dirimir un asunto relacionado tanto con la materia civil como con la familiar, podrá prorrogarse a favor del juez civil respectivo siempre que, como en el caso de que se trata, las prestaciones tengan íntima relación entre sí, y existe un nexo entre las personas que litigan el juicio, aunado a que las prestaciones derivan de la misma causa de pedir. Esa cuestión de prórroga de competencia regulada en la norma en cita, en términos del Artículo 11 del Código Civil para el Distrito Federal, constituye una norma de excepción a la regla general de competencia, y así como solo puede ser aplicada a los casos expresamente especificados en la ley, es de estricta y necesaria aplicación en aquellos en que se actualizan los supuestos previstos en la misma.

Amparo directo 321/2009. Guadalupe Catalina Ochoa García. 13 de agosto de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

El derecho familiar y el derecho civil son disciplinas excluyentes

Con los criterios jurisprudenciales aislados anteriores se aprecia claramente que el Poder Judicial de la Federación considera, para efectos de la resolución de conflictos competenciales, que las materias civil y familiar son distintas, autónomas, diferenciadas y que presentan ámbitos de competencia excluyentes, por lo que una de ellas –la familiar- se aboca a la resolución de las controversias y asuntos no contenciosos que involucran a las relaciones familiares y al estado civil de las personas y la otra –la civil- se concentra en dirimir los asuntos eminentemente patrimoniales de las personas y de derechos no relacionados con la familia.

Carece de facultades el Congreso de la Unión para legislar en derecho familiar

Ante este panorama, debemos concluir que si el Constituyente hubiese querido otorgar competencia a la Federación para legislar y conocer de asuntos en derecho familiar y derecho procesal familiar tendría que haber incluido una facultad expresa en los artículos 73 y en el 104, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no sucedió así.

¿Para qué sirve el Código Civil Federal en derecho familiar?

Categóricamente y de acuerdo con el análisis realizado, ninguna de las normas del derecho familiar que contiene el Código citado tiene aplicación en la República mexicana. Lo sano y jurídico sería abrogar, para quitar la validez total a las normas de derecho familiar al Código Civil Federal o derogar para parcialmente eliminarlas del Código citado; pero si recordamos que en 1932, época en que se puso en vigor el llamado “Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, en Materia Común y Para Toda la República en Materia Federal”, el mismo contenía normas de derecho familiar para los territorios. En 1974 su nombre oficial fue “Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la Republica en Materia Federal”, debido a que en el año citado desapareció el Territorio Federal que posteriormente se convirtió en el Estado de Quintana Roo. El 29 de mayo del año 2000 se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación debida al Congreso de la Unión, la cual modificó el ámbito de aplicación de aquel y así en el Artículo Primero del mencionado Decreto ordenó que sea Federal y al mismo tiempo el primero de junio del año 2000 se inició la vida y vigencia del Código Civil para el Distrito Federal-hoy Ciudad de México-, con lo cual la única respuesta categórica, jurídica que el Congreso de la Unión debía ser es desaparecer, abrogar, derogar, todas las disposiciones de derecho familiar del Código Civil Federal.

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