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Derecho familiar | Julián Güitrón Fuentevilla

  • Derecho Familiar / Julián Güitrón Fuentevilla

¡Son inconstitucionales los Códigos Familiares, los Civiles y las Constituciones Locales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo!

(Primera de dos partes)

Introducción

El Derecho Familiar en la República Mexicana se rige por 24 Códigos Civiles, ocho Códigos Familiares, 31 Constituciones Locales -está en proceso la número 32- y el Código Civil Federal, que en Derecho Familiar es una pieza de museo.

En este artículo reiteramos la fuerza de las resoluciones jurisprudenciales del Máximo Órgano Constitucional del país, en favor de todas y cada una de las familias mexicanas y sus integrantes. Los Diputados Locales de los diferentes Poderes Legislativos poco o nada han hecho al respecto. Afortunadamente la Suprema Corte sigue vigilando que se cumplan íntegramente los Derechos Humanos Fundamentales Familiares Constitucionales.

¿Cuándo es obligatoria la jurisprudencia en México?

En el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta las leyes y se satisfacen los criterios jurídicos reiterados, firmes, razonados, de ejecutoriedad, en un mismo sentido o contradictorios y con certidumbre, el Máximo Órgano Jurisdiccional mexicano ordena y por medio de la jurisprudencia, realiza y ratifica la esencia del “iuscogens” y del “iusimperium”.

Nueva Ley de Amparo

En este sentido la Nueva Ley de Amparo ordena en el artículo 194: “Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma.

La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo”. (CORZO SOSA, Edgar. Nueva Ley de Amparo. Editorial Tirant lo Blanch. México, D. F., 2013. p. 121.)

Sistemática jurídica de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Para definir la sistemática, la primera interrogante que planteamos es conocer la palabra sistema. Ésta “deriva del griego güv (con) y eptni (establecer), que significa poner junto, gustnud (conjunto). (Diccionario de Ciencias Sociales, Tomo II, publicado por el Instituto de Estudios Políticos y bajo patrocinio de la UNESCO. Madrid, España, 1976. p. 879, citado por Julián Güitrón Fuentevilla, en el Tratado de Derecho Civil. Tomo II. Editorial Porrúa. México, D. F., 2014. p. 17)

Sistema debe entenderse, como el “conjunto ordenado de normas acerca de determinada materia. Conjunto de cosas que contribuyen a determinado objeto”. (Diccionario Enciclopédico Básico Salvat Uno. Salvat Editores. Barcelona, España, 1981. p. 1305, citado por Julián Güitrón Fuentevilla, en el Tratado de Derecho Civil. Tomo II. Editorial Porrúa. México, D. F., 2014. p. 179.)

“Según Anatol Rapoport, sistema debe entenderse como -algo que se compone de un conjunto (finito o infinito) de entidades entre las que se da una serie de relaciones especificadas, por lo que es posible deducir unas relaciones de otras o, de las relaciones entre las entidades, el comportamiento o la historia del sistema.-” (GÜITRÓN FUENTEVILLA, Julián. Tratado de Derecho Civil. Tomo II. Editorial Porrúa. México, D F., 2014. p. 180.)

Nuevo concepto de sistemática jurisprudencial mexicana

Para nosotros, la sistemática de la jurisprudencia mexicana, es el conjunto de sentencias obligatorias, absolutas, totales, sin restricciones emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las de la Primera o Segunda Sala de la misma, las de los Tribunales Colegiados de Circuito. También forman parte de esta sistemática, las resoluciones restringidas en su obligatoriedad, emitidas por el Poder Ejecutivo Federal a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; las del Poder Ejecutivo del Distrito Federal por medio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Pleno y también el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Fundamentos Jurídicos

Además se fundamenta en el artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales; el precepto citado ordena: “Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad a cargo. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad, debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga.” (CORZO SOSA, Edgar. Ob. Cit. pp. 119 y 120.)

¿Quiénes pueden dictar y sentar jurisprudencias obligatorias, amplias y restringidas?

A) Jurisprudencia obligatoria amplia.

En primer lugar, la Jurisprudencia obligatoria amplia, solo puede ser emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno, las Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito por unanimidad, para que queden obligados todos los Tribunales de México.

B) Jurisprudencia obligatoria restringida.

La jurisprudencia restringida, involucra en primer lugar, al Poder Ejecutivo Federal a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en segundo, al Poder Ejecutivo del Distrito Federal por medio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Pleno y también del Distrito Federal, su Tribunal Superior de Justicia; los cuales como dijimos tienen una obligatoriedad restringida en sus resoluciones.

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los del Derecho Familiar

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los del Derecho Familiar

Derecho Familiar Jurisprudencial Mexicano

Las resoluciones obligatorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Derecho Familiar, han creado una nueva sistemática de las instituciones de esta disciplina, que se han iniciado con la definición de Derecho Familiar, que por sus características son de orden público e interés social, es el parámetro y el fundamento de nuestras afirmaciones que el Máximo Órgano Jurisdiccional de México está corrigiendo las injusticias, los errores de las legislaturas locales, las ignorancias, las ocurrencias y las lagunas legales de quienes por muy diversas razones de buena o de mala fe, mantienen en sus normas de Derecho Familiar incluidas en todas y en cada una de sus legislaciones civiles y familiares locales, normas del Código Napoleón de 1804 y en el mejor de los casos reformadas, adicionadas, modificadas y copiadas de cuerpos normativos extranjeros, que no se adaptan a la realidad familiar mexicana, a nuestra idiosincrasia, usos, hábitos, costumbres, principios políticos, religiosos, culturales y familiares, y que en pleno siglo XXI, las familias mexicanas están en evolución, no en crisis, razones éstas más que suficientes para incorporar en las leyes mencionadas, todas y cada una de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que satisfaciendo los requisitos legales, tienen el carácter de obligatorias para los Tres Poderes Federales de la Nación, los locales, todas las autoridades y cada una de las familias mexicanas y sus integrantes.

Concepto de Derecho Familiar de la Suprema Corte

“En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.”

La definición anterior tiene semejanzas importantes a la nuestra, que durante décadas hemos sostenido, que ratifica “la naturaleza jurídica del Derecho Familiar, como un tercer género distinto al público y al privado, que además, su característica principal ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que todas las normas de Derecho Familiar y Procesal Familiar que rigen en el país en los 32 Estados de la República, son de orden público e interés social; para ahondar en esta materia transcribiremos a continuación el concepto que someto a la consideración de quienes me hacen el honor de leer estas líneas.

Concepto de Derecho Familiar de Julián Güitrón Fuentevilla

Para nosotros el Derecho Familiar, “Es el conjunto de normas jurídicas, que regulan la vida entre los miembros de una familia, sus relaciones internas, así como las externas, respecto a la sociedad, otras familias y el propio Estado. Esta definición sirve para determinar el concepto de familia, la regulación de los responsales, del matrimonio, de las formalidades para contraerlo, sus requisitos, los impedimentos en ese sentido; los deberes y derechos de los cónyuges, así como los regímenes matrimoniales que incluyen la sociedad conyugal, la separación de bienes y el mixto; también regular el nombre de la mujer casada y un capítulo especial, creando la teoría de las nulidades del matrimonio.

El conjunto de normas jurídicas, sustento del Derecho Familiar, incluye los aspectos del divorcio, alimentos, estado familiar, nombre de la mujer soltera, viuda y divorciada, concubinato, las diferentes clases de parentesco, la filiación, los hijos, la adopción, la patria potestad, la tutela, la emancipación, la mayoría de edad y el patrimonio familiar entre otras.”(Güitrón Fuentevilla Julián. Et. Al. Compendio de Términos de Derecho Civil. Ob. Cit. pp. 169 y ss.)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo

“Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales, no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no solo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para no reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.”  (Continuará)