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Derecho familiar | Julián Güitrón Fuentevilla

  • Derecho Familiar / Julián Güitrón Fuentevilla

¡Son inconstitucionales los códigos familiares, los civiles y las constituciones locales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo!

Segunda y Última Parte

Introducción

Como lo dijimos en el artículo anterior, uno de los objetivos que persigue esta investigación es demostrar que las resoluciones con fuerza obligatoria emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Derecho Familiar, tienen como objetivo principal proteger a todas y cada una de las distintas familias que habitan en el país, así como a sus miembros. La gran preocupación del Máximo Órgano Jurisdiccional en Derecho Familiar es que las sentencias emitidas por el pleno y por sus diferentes salas, tengan como común denominador que los derechos humanos fundamentales consignados en la Carta Magna se respeten, se corrijan sus violaciones y en un momento dado que por las disposiciones obligatorias de la Suprema Corte, que siendo el Derecho Familiar una materia local, las diferentes legislaturas de los Estados de la República, modifiquen, rectifiquen, reformen o adicionen sus cuerpos normativos para estar acordes con el mandato de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a lo que las constituciones locales y los códigos civiles o los códigos familiares en sus respectivas entidades hayan dicho o legislen, para que no se violen esos derechos fundamentales.

Criterios obligatorios del máximo órgano jurisdiccional

Este Derecho Familiar Jurisprudencial Mexicano, tiene como principal sustento que se conozcan, que se sepa, que se apliquen los criterios de esas normas obligatorias en todo el país, respecto a lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo que sigue vigente en algunas entidades de la República que violan flagrantemente la Constitución, la Corte debe corregir y dictar las sentencias correspondientes.

En el desarrollo de esta segunda y última parte, nos vincularemos a las diferentes resoluciones emitidas por el máximo órgano jurisdiccional del país, comparándolo con lo que hay en los estados, para concluir que el Derecho Familiar Jurisprudencial Mexicano es una realidad y que gracias a él, podemos tener la seguridad de que no habrá violaciones a los derechos humanos fundamentales familiares en ninguna entidad de la República.

Trascendencia histórica del Derecho Familiar mexicano

Para ratificar la naturaleza jurídica del Derecho Familiar, como un tercer género distinto al público y al privado, que además su característica principal ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que todas las normas de Derecho Familiar y Procesal Familiar que rigen en el país en los 32 Estados de la República, son de orden público e interés social; para ahondar en esta materia transcribiremos a continuación el concepto que someto a la consideración de quienes me hacen el honor de leer estas líneas.

El Derecho Familiar, es el conjunto de normas jurídicas, que regulan la vida entre los miembros de una familia, sus relaciones internas, así como las externas, respecto a la sociedad, otras familias y el propio Estado. Esta definición sirve para determinar el concepto de familia, la regulación de los esponsales, del matrimonio, de las formalidades para contraerlo, sus requisitos, los impedimentos en ese sentido; los deberes y derechos de los cónyuges, así como los regímenes matrimoniales que incluyen la sociedad conyugal, la separación de bienes y el mixto; también regular el nombre de la mujer casada y un capítulo especial, creando la teoría de las nulidades del matrimonio.

El conjunto de normas jurídicas, sustento del Derecho Familiar, incluye los aspectos del divorcio, alimentos, estado familiar, nombre de la mujer soltera, viuda y divorciada, concubinato, las diferentes clases de parentesco, la filiación, los hijos, la adopción, la patria potestad, la tutela, la emancipación y la mayoría de edad.

Ese conjunto de normas jurídicas, funda la creación de los Consejos de Familia, como auxiliares del juez familiar, la personalidad jurídica de la familia, la protección de inválidos, niños, ancianos, alcohólicos, discapacitados, el patrimonio familiar, la planificación familiar y el control de la fecundación, así como el Registro del Estado Familiar.

Orden público e interés social

Es importante destacar que la relación jurídica entre cónyuges, entre concubinos, padres o madres solteras, hijos, sea cual fuere su filiación, divorciados o divorciadas, el estado familiar y todas estas cuestiones, deben ser objeto de una regulación especial, que es distinta a la que se da entre extraños. La vida entre los miembros de una familia, no puede dejarse al arbitrio de quienes la integran y mucho menos en circunstancias en que cuando haya obligaciones, no existan las normas legales que obliguen a su cumplimiento. Es diferente la relación jurídica entre cónyuges o divorciados, a la que se da entre quienes compran un objeto o simplemente exigen el pago de una letra de cambio o una renta, porque jurídicamente hay objetos diferentes y no pueden tratarse igual. Por ejemplo, el testamento donde se deja escrita la última voluntad del dueño de los bienes, a la simple disposición en una compraventa o en una donación de esos bienes.

Por ello, insistimos, ese segundo elemento de la definición del Derecho Familiar, debe tener un carácter especial, porque regula la vida entre los miembros de una familia. De qué manera debe ser el contenido de estas normas, cuando se refiere a las relaciones jurídicas establecidas entre los que fueron cónyuges, se convierten en divorciados, tienen hijos y obligación de pagarse alimentos, para después de esa disolución. No podría decirse que se acabó la familia; es tan importante la relación jurídica entre excónyuges, por ejemplo, podemos afirmar categóricamente que el divorcio disuelve el vínculo matrimonial, termina con esa institución, el matrimonio, pero la familia continúa. Él sigue siendo el padre y ella madre de sus hijos y hay que cumplir con las relaciones jurídicas como lo establezca la ley. Esto también es importante en este concepto de Derecho Familiar, porque esas normas, reguladoras de la vida entre los miembros de esa institución, deben tener un tratamiento distinto, al que le han dado hasta ahora, en Derecho Civil.

Mandato legal

Cumplir por mandato de la ley familiar y no por voluntad personal, es esencia en el Derecho Familiar. Prohibir el matrimonio entre parientes, que puedan dar un resultado grave, por la cercanía genética en la relación, corresponde al Derecho Familiar. Destacar que las relaciones entre esposos, hijos, concubinos y en general, dentro de la familia, debe tener como característica el interés público, ya que la sociedad y el propio Estado, están interesados en que haya profilaxis familiar, que se cumpla con los deberes y obligaciones adquiridos por el solo hecho de formar parte de una familia y por supuesto, que esas relaciones internas en su repercusión externa, también estén reguladas adecuadamente por la ley.

Si la familia, a la que debe dársele personalidad jurídica, es atacada desde fuera, debe hacer una norma externa, precisamente de Derecho Familiar, que le permita ejercer en nombre y representación de sus miembros, el cumplimiento de los deberes de quienes la hayan lastimado u ofendido.

El mandato constitucional ratifica que no existen razones jurídicas para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque además, excluirlas de la institución matrimonial las priva de beneficios propios de las parejas casadas heterosexuales como son los fiscales, los laborales, etc.

El mandato constitucional ratifica que no existen razones jurídicas para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque además, excluirlas de la institución matrimonial las priva de beneficios propios de las parejas casadas heterosexuales como son los fiscales, los laborales, etc.

El Derecho Familiar no es Derecho Civil

Es importante insistir en que las relaciones internas y externas, al referirse a la familia y a sus miembros, no pueden tener un carácter civilista ni privativo, muchos menos de orden personal, porque la familia representa un interés superior, debe estar por encima de esos criterios; por ello, esas relaciones internas y externas deben tener, al referirse a los miembros de la familia, originada en el matrimonio, en la adopción, en la inseminación artificial en cualesquiera de sus formas, en el concubinato, etc., un contenido ético y jurídico establecido en favor de la familia.

Esto significa que el conjunto de normas jurídicas, debe contemplar el interés de que la familia sea el mejor y mayor soporte del Estado. Que sea la familia el modelo para la sociedad y su desarrollo. Que se exhorten los valores colectivos, fundados en la familia. Que cualquier situación -quien puede dudar de ello- va a repercutir en la familia. Lo más trascendente, no es el Estado, ni el individuo, ni la sociedad; es la familia, por ello, el conjunto de normas jurídicas que establecen las relaciones y las regula entre la familia y la sociedad, debe darle a aquélla, una prioridad para alcanzar los más altos valores. Para que frente al quebrantamiento de los fines que debe perseguir el Estado, para darle más seguridad y mejores condiciones a los miembros de una familia, se logre a través de esa protección de los valores colectivos.

No debemos olvidar que si ese conjunto de normas jurídicas, dadas respecto a la sociedad, no se respetan; si en el seno familiar no hay respeto y moral en relación a los hijos, a los cónyuges, a los miembros de esa familia, los mismos saldrán a la calle y atacarán a la sociedad.

Interés superior de la familia

Agredirán a los guardianes del orden público. Esa familia habrá engendrado células enfermas, que van a atacar a la sociedad. El conjunto de normas jurídicas a las que nos referimos, cuando hablamos de la familia y de la sociedad, deben contemplar la trascendencia que éste tiene. No olvidar que la familia representa un interés superior, por encima de los individuos, de la sociedad y del propio Estado.

Es importante que este vínculo externo con otras familias, permita crear un sentimiento de apoyo, de solidaridad, de identificación, de ayuda entre las diferentes familias mexicanas. Que no veamos en ellas enemigos de la nuestra, sino por el contrario, eslabones que al ligarse, hagan más fuerte la sociedad. Más sana y permitan en un momento dado, con esa regulación jurídica, con esas normas, que las familias puedan constituir la base moral, solidaria, jurídica del Estado. Es importante destacar que la tradición de las familias mexicanas no debe perderse. Que la relación entre ellas, debe regularse por la ley y tener un tratamiento especial, para que la sociedad mexicana recupere sus valores y todo lo propio y esencial a la idiosincrasia y sentir de los mexicanos.

El conjunto de normas jurídicas a que nos hemos referido, respecto a la familia, debe considerar que el Estado debe apoyar el desarrollo de ésta. Propiciar la creación de los patrimonios familiares, que verdaderamente la protejan económicamente. Dictar las normas jurídicas que garanticen la seguridad de la familia. Hacer hincapié en sus derechos fundamentales. Regular el aspecto de la planificación familiar, respetando las garantías constitucionales establecidas a favor de la familia, sin olvidar que la familia nació antes que el propio Estado. Destacar que el Estado, a través de sus diferentes instituciones como los de Desarrollo Integral de la Familia estatales y de la ciudad capital, deben procurar la promulgación de códigos familiares, de procedimientos familiares, de juzgados y de salas familiares, para que con el apoyo del Estado, la familia pueda recibir la justicia que merece. Que haya seguridad respecto a sus miembros. Que no se sigan cometiendo los grandes fraudes que por ejemplo en alimentos se dan día a día. Por ello, el conjunto de normas jurídicas respecto a la familia y del propio Estado, debe permitir a éste apoyarlas para que alcancen su máximo desarrollo.

La Carta Magna ordena no discute

El mandato constitucional ratifica que no existen razones jurídicas para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque además, excluirlas de la institución matrimonial las priva de beneficios propios de las parejas casadas heterosexuales como son los fiscales, los laborales, los de propiedad, la seguridad social, los beneficios migratorios para cónyuges extranjeros y cuando uno de ellos fallece. Resalta la Jurisprudencia citada que no ha sido la ley sino los prejuicios y la discriminación de personas del mismo sexo lo que ha impedido su reconocimiento jurídico.

Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

La Primera Sala ha determinado en la Jurisprudencia citada, que la finalidad del matrimonio no es la procreación y diferencia las preferencias sexuales, de la procreación, considerando que esta última viola el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque discrimina por inclinación sexual y por ello, ha resuelto que cualquier Código Civil local o Familiar de la República que prohíba el matrimonio de personas del mismo sexo es inconstitucional.

Conclusión

Los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de la República mexicana, que no acaten las jurisprudencias obligatorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación especialmente en Derecho Familiar, pueden ser sometidos a juicios políticos y de responsabilidad por omisión y desacato a los nuevos derechos humanos de la Carta Magna, así como los convenios y tratados internacionales en Derecho Familiar suscritos por el Gobierno mexicano y ratificados por el Senado de la República.