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Derecho familiar | Julián Güitron Fuentevilla

  • Derecho Familiar / Julián Güitrón Fuentevilla

Luciano Silva cuestiona en el Canal Judicial, si es o no obligatoria la jurisprudencia en Derecho Familiar

Entrevista televisiva

Nos da mucho gusto que nos permitan llegar hasta su hogar porque como es costumbre, tenemos a grandes personalidades que nos acompañan, y hoy por ejemplo está con nosotros el presidente del Colegio de Profesores de Garantías y Amparo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Luciano Silva Ramírez a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida y como ustedes; él es autor de obras muy importantes en la materia, su último libro y precisamente es de lo que vamos hablar hoy, se denomina “El Control Judicial de la Constitucionalidad en México” este libro va en su tercera edición y se considera por los expertos, que el doctor Luciano Silva es el número uno en todo lo que se refiera al manejo de las cuestiones constitucionales y que él las hace muy claras, cuando se habla del control de la convencionalidad o de la constitucionalidad. Vamos a empezar este diálogo diciéndole a nuestros distinguidos lectores y televidentes sobre todo con la experiencia del doctor Luciano Silva, cuál es el límite de la obligatoriedad de las jurisprudencias que emite la Suprema Corte de Justicia en general.

Precisión de los conceptos y obligatoriedad

Dice el doctor Silva que es muy importante precisar algunas cuestiones al respecto, porque una es la obligatoriedad de la jurisprudencia y otra son los alcances de las jurisprudencias que no hay que confundir. De acuerdo al Artículo 217 de la Nueva Ley de Amparo esa jurisprudencia es obligatoria, la jurisprudencia que emite la Suprema Corte en el Pleno para las Salas, para los Plenos de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, Jueces de Distrito, para los Tribunales Militares, Tribunales Judiciales de los estados, Tribunales del Trabajo, Administrativos en materia federal o local, es decir que es obligatoria para todos los Tribunales del país.

La Corte ordena el camino a la ley

Es importante lo que dice el maestro Silva porque si se satisfacen los requisitos es obligatoria. ¿Qué significa esa obligatoriedad? Frente a leyes locales y federales, que en un momento dado su texto dice de esta manera, y la Corte dice nada más que aunque eso diga el texto, lo último es esta decisión. Señala el maestro Luciano que hay que aclarar algunos aspectos muy importantes, no olvidemos que hay un principio constitucional que se llama relatividad de las sentencias o la fórmula de Otero, que los fallos de amparos tienen alcances particulares, solo vinculan a las partes contendientes en el juicio, no son de alcances generales, no son derogatorios de las leyes, simplemente si un amparista le otorga la protección de la justicia federal, a él se le deja de aplicar la norma que fue declarada inconstitucional pero la norma sigue conservando su vigencia y su fuerza material, y se seguirá aplicando, solo se le beneficia al que obtuvo la protección de la justicia federal, por eso se han hecho varios planteamientos en torno a la jurisprudencia, porque planteamos la necesidad de que la jurisprudencia se amplíe en cuanto a su obligatoriedad, no pretendemos que la jurisprudencia tenga alcances generales porque la jurisprudencia no es la ley, las leyes y sus atributos son precisamente de carácter general, abstractas, impersonales, generales y obligatorias, pero la jurisprudencia no es la ley, es la interpretación de ésta judicialmente adoptada, de tal manera que en esa tesitura hemos planteado que la obligatoriedad debe de ampliarse no nada más para los Tribunales de todo el país sino para todas las autoridades administrativas, para que en un momento dado con esta iniciativa se dejen de aplicar leyes y normas que ya fueron declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, inclusive también que sean contrarias a los derechos humanos, estableciendo esa jurisprudencia, si se amplía la obligatoriedad no como Estado y nada más para todos los Tribunales del país sino también para las autoridades administrativas, que en el conocimiento de una jurisprudencia deben desaplicar la norma o contraria a los derechos humanos, también planteamos que adicione para tal efecto el título quinto de la Nueva Ley de Amparo que se refiere a las responsabilidades, sanciones y delitos para que una autoridad que no acate la jurisprudencia que declaró inconstitucional una norma contraria a los derechos humanos, sea sancionada penalmente para tal efecto.

Cuestionamientos del Dr. Julián Güitrón

Vamos a rescatar dos palabras de lo que dice el maestro Luciano, él dice que planteamos una posición personal y dice que debe ser, frente a ésto, yo que soy civilista familiarista y que manejamos más el punto de vista de que la ley ordena, no discute, en el caso concreto llevaremos al maestro Luciano a un ejemplo permanente que es cotidiano y que recientemente lo ha resuelto la Suprema Corte, el divorcio incausado en Derecho Familiar, en el año 2008 en el Distrito Federal se eliminaron las 50 causales y le pusieron varios nombres, mal redactados pero finalmente es la razón por la que una persona se puede divorciar sin tener que acreditar la causa; del año 2008 al 2015 la jurisprudencia, las resoluciones, las del Pleno, las aprobadas por ocho ministros mínimo, tienen en esta materia específicamente una obligatoriedad y se han dado muchos casos en la República en donde hay Códigos Civiles en vigor todavía, o hay Códigos Familiares donde se ha dicho de casos recientes de Chiapas, de Oaxaca, de Jalisco, donde la pareja de personas del mismo sexo que pretendió casarse y el juez del Registro Civil les dijo que no los podía casar, porque la Constitución y el Código dicen que el matrimonio es de un hombre y una mujer, esas personas se ampararon e invocaron las resoluciones de la Corte y el juez del Registro Civil los tuvo que casar; lo que señaló el doctor Silva de que no es obligatorio para todos, entonces ¿cuál sería la proyección de esta resolución de la Suprema Corte si no van a obligar a todos?

Responde Luciano Silva

Dice el doctor que lo que pasa es que hay que tener bien precisado lo que había puntualizado, el hecho de que la Corte declare constitucional tal o cual precepto de algún Código sustantivo civil a alguna entidad federativa, no quiere decir que en automático ese precepto se derogue, se declara inconstitucional pero solamente se le deja de aplicar a la amparista que haya interpuesto el amparo impugnando la inconstitucionalidad de este precepto.

Réplica y contrarréplica

Nosotros decimos que estos preceptos son constitucionales; por ejemplo actualmente estoy en la Comisión para hacer el nuevo Código Familiar de Baja California y la propuesta que les he hecho, es que sigamos la línea de la jurisprudencia, en lo que llamo Derecho Familiar Jurisprudencial Mexicano, para que su Código tenga las cuestiones más importantes, por ejemplo, si del matrimonio se dijera en el nuevo Código de Baja California “el matrimonio es el acto jurídico solemne celebrado entre dos personas del mismo o diferente sexo”, no va a tener ningún problema como lo está teniendo Colima en donde dice el Código Civil hombre o mujer, y se les ocurrió agregar un artículo para decir es una unión civil, entonces el maestro Silva que es un experto en esta materia de la jurisprudencia y es complicado, es muy importante aprovechar este gran foro porque hay que aprovechar lo que el maestro Silva sabe, lo que ha dicho la Corte para que las personas que nos honran viendo este programa o leyendo estas líneas lo aprendan con una gran claridad.

En el sistema jurídico mexicano basado en un sistema constitucional y democrático el Derecho Familiar -así se dice no de familia sino familiar por el género-, es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los Tratados Internacionales así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales dirigidos a proteger la estabilidad de la familia.

En el sistema jurídico mexicano basado en un sistema constitucional y democrático el Derecho Familiar -así se dice no de familia sino familiar por el género-, es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los Tratados Internacionales así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales dirigidos a proteger la estabilidad de la familia.

¿Debe reformarse el 133 constitucional?

Hablando de los Tratados Internacionales ratificados por el Senado y firmados por el Gobierno mexicano que son derecho positivo vigente en nuestro país de acuerdo al numeral 133, y en donde dice el maestro Silva que es muy importante que en el Artículo 103 que es el fundamento constitucional de la procedencia del amparo en su fracción primera, se refiere a los Tratados Internacionales en que el Estado mexicano sea parte, es decir hay una contradicción con el párrafo segundo, que pareciera entonces que los quejosos, que los litigantes no podían invocar así como quedó redactada la fracción primera, porque no lo celebró formal y materialmente el Estado mexicano, porque en otros Tratados no son parte. Hay un punto muy importante que se perdió de vista, en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, si bien es cierto que se reformó el Título Primero, la denominación que antes era garantías individuales por derechos humanos y que hoy se llama derechos humanos y sus garantías y se reformaron 11 artículos de la Constitución y sin embargo faltó el más importante, el 133 en donde todos sabemos que prevalece la teoría monista nacionalista, es decir la prevalencia del derecho interno sobre el derecho externo, no hay una teoría monista nacionalista, entonces faltó reformar ese artículo, porque ahí está la teoría multicitada, y ante eso la Corte ha tenido que hacer malabarismos para poder interpretar los alcances de la reforma constitucional y el principio prohomine, tan es así que al resolver la contradicción de tesis 293/2011 la Corte dijo que los Tratados Internacionales que contemplan derechos humanos tienen rango constitucional, están a la par de la Constitución, pero a la vez la ley regula diciendo, excepto cuando existan restricciones o limitaciones constitucionales, porque entonces sigue prevaleciendo la Constitución sobre los Tratados Internacionales.

Problemas técnicos

Como lo acaba de decir el maestro Silva es la hondura técnica que tratamos de desbrozar para que sea más simple, pero iremos a un ejemplo muy socorrido en esta materia, de qué manera si alguien sustrae a un menor de México y se lo lleva a diferente lugar, el que ejercite la acción lo va a tratar de rescatar por el Tratado o por lo que dice el que se refiere a cuando se llevan a los niños, pero en los derechos humanos es una violación, igual pasa con la convención de los derechos de la niñez.

La Suprema Corte a favor del Derecho Familiar

Es muy importante en estos planteamientos el interés superior de la familia; son principios constitucionales y convencionales y eso ha permitido que el Derecho Familiar se constitucionalice, porque antes en algún asunto que terminaba en una sentencia definitiva, de una apelación, se iban al amparo directo y contra la sentencia se pronunciaba un amparo directo y la regla general es que ya no procede nada, porque es un amparo de legalidad y los asuntos de familia se terminaban ahí con la sentencia del Colegiado, porque el amparo directo es amparo de única instancia porque las sentencias pronunciadas en amparo directo no admiten recurso, a menos que decida sobre la confidencialidad de normas o la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los Tratados Internacionales en que el Estado mexicano abrió la puerta, entonces ahora contra la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, si versa sobre el conflicto de familia o de los menores, están admitiéndose los recursos de revisión en amparo directo, que antes solamente procedía el recurso de revisión de amparo directo excepcionalmente en los casos de la fracción IX del 107, es decir cuando la sentencia de amparo se ocupara de la constitucionalidad de normas generales o la interpretación directa de un precepto de la Constitución y esto es loable porque el interés de la familia y de los menores es interés superior y principios constitucionales y convencionales, por lo tanto se abre la clasificación en ese aspecto, pero es importante también tener una precisión de los errores que hubo en la reforma constitucional en la materia, por las razones que ya comentamos y para que no se llegue a estas situaciones de conflictos que existen y que la Corte ha tenido que hacer interpretaciones debido a las limitantes que tiene, porque el Artículo 133 no fue reformado, incluso también es interesante porque esto también ha ocasionado que se dé una amplitud en la suplencia de la queja en el amparo, tratándose de los menores e incapaces o cuando se trata del orden, desarrollo y estabilidad de la familia.

Conclusiones

Siempre con el supuesto de que la ley ordena y no discute, seguramente llamará la atención de nuestros distinguidos televidentes y lectores, porque esto es muy específico en esta materia, de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el concepto de Derecho Familiar haciendo eco a lo que acaba de señalar el maestro Silva y en donde dice la Corte: “en el sistema jurídico mexicano basado en un sistema constitucional y democrático el Derecho Familiar -así se dice no de familia sino familiar por el género-, es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los Tratados Internacionales así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí y también a delimitar las relaciones conyugales de concubinato y de parentesco conformadas por un sistema especial de derechos y obligaciones, respecto de menores incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.” Esto es importantísimo, es la palabra de la Suprema Corte y el orden público y el interés social en el Derecho Familiar definido por la Corte que está en el Código Civil del Distrito Federal del Artículo 138 ter, quater, quintus y sextus dice, todas las normas de Derecho Familiar son de orden público e interés social y el orden público en el Derecho Familiar es distinto al del derecho constitucional o administrativo, porque la Corte ha dicho que es un conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley, que los miembros de la familia y las familias deben cumplir y aceptar sin protestar.

Vea y escuche en el Canal Judicial al doctor Luciano Silva Ramírez

Usted podrá ver esta entrevista mañana lunes 30 de noviembre del 2015 de las 9:00 a las 10:00 horas, el martes primero de diciembre de las 17:00 a las 18:00 horas, el jueves tres de las 4:00 a las 5:00 horas y el viernes cuatro de las 11:00 a las 12:00 horas. El Canal Judicial se trasmite por Cablevisión 112, Sky 639, Dish 731, se repite en las estaciones locales de televisión de toda la República mexicana, y a nivel internacional, se proyecta por www.scjn.gob.mx. Usted también podrá acceder a los 260 programas que he realizado en el transcurso de siete años de duración del programa mencionado con el siguiente vínculo digital www.youtube.com/my_videos?o=U, o Julián Güitrón Fuentevilla-Derecho Familiar.

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