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Derechos naturales y Constitución (I)

  • Eduardo Andrade

  • Dr. Eduardo Andrade Sánchez

Con motivo del centenario de nuestra Constitución se han multiplicado los eventos donde se le analiza, se le discute y hasta se cuestiona su permanencia. En medio de este tráfago de coloquios y conferencias, observo como una constante la afirmación un tanto simplista y maniquea de que la reforma de 2011 al artículo primero significó un cambio radical en la orientación constitucional del país, como si el concepto de derechos humanos y su protección hubieran nacido ese año y el supuesto regreso al jusnaturalismo  asegurara la futura felicidad de la República. Un estudio serio y detallado permitiría echar por tierra esa simplificación que se repite mecánicamente en perjuicio de la correcta formación de los abogados y de la cultura jurídica en general.

La corriente filosófica jusnaturalista es una raíz insustituible del constitucionalismo occidental. Esta se propone limitar el poder de la autoridad en razón de los derechos que se consideran parte de la esencia misma de la persona. Esta teoría, que se diseñó como bandera política contra el absolutismo, mostraba desde su origen notables inconsistencias, como la compatibilidad de la esclavitud y la exclusión de las mujeres con la proclamación de que todos somos iguales.

No obstante, la redacción de las constituciones de occidente tuvo por objeto fijar las competencias del poder público y dividir a este en tres ramas para proteger —como bien lo explicó Montesquieu— las libertades de los individuos. Incluso la Constitución estadunidense de 1787, que originalmente no contenía un catálogo de derechos humanos, abrevaba en las fuentes del jusnaturalismo.

Nuestra Constitución de 1824 tampoco incluía específicamente dicho catálogo, pero ni esta, ni las subsecuentes constituciones con sus reformas, han dejado de lado la idea de que existen derechos inherentes al ser humano cuya preservación debe ser asegurada por sus normas. Las redacciones expresas en esta materia lo comprueban desde 1857. La de tal año, en su artículo primero dice: “El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales.” En rigor no declara que la Constitución solo reconoce derechos preexistentes, sino que el pueblo se constituye jurídicamente sobre la noción de que las instituciones se erigen para salvaguardar los derechos de los individuos, lo que es el concepto clave del constitucionalismo. El mismo artículo agrega: “En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente
Constitución.”

Como puede apreciarse, la afirmación de que los verbos “reconocer” y “otorgar” permiten distinguir entre jusnaturalismo y juspositivismo no se sostiene. Nunca estuvo en la mente de los Constituyentes ni en 57 ni en 17 tal distinción. El “otorgamiento” de la garantía no es una concesión graciosa de un poder superior a la gente, como frecuentemente se interpreta, en esas dos constituciones se quiere que el orden jurídico que el pueblo se da a sí mismo asegure el respeto de los referidos derechos, para ese efecto se emplea en ambas el verbo “otorgar”. En 1917, tanto Carranza en su proyecto, como los constituyentes en los debates, estaban preocupados por que las garantías de los derechos fueran efectivas y por ello se puso énfasis en su “otorgamiento”. El único punto donde la Constitución de 1917 se separó parcialmente del jusnaturalismo fue en la regulación de la propiedad. A eso aludiré en la siguiente entrega.
eduardoandrade1948@gmail.com