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Derechos naturales y Constitución II

  • Eduardo Andrade

  • Dr. Eduardo Andrade Sánchez

La reforma de 2011 al artículo primero trató deliberadamente de hacer desaparecer el verbo “otorgar” al descalificarlo ideológicamente por atribuirle la connotación de un acto estatal que debe rechazarse por considerar al Estado enemigo acérrimo de la sociedad. No obstante, tal esfuerzo no fue exhaustivo y dicho verbo sigue vigente en el texto del artículo 103 de la Norma Suprema.

Por otra parte, su sustitución por el verbo “reconocer” implica a fin de cuentas una noción positivista pues para que el derecho sea exigible debe ser “reconocido” por el orden positivo, así sea implícitamente, en virtud del principio que reza: “lo que no está prohibido, está permitido” aplicable a los gobernados y nunca a la autoridad.

Una vez demostrada la innegable influencia de la corriente jusnaturalista en el constitucionalismo mexicano a lo largo de toda su historia, queda por revisar un aspecto nodal que rara vez se saca a la luz y que es de vital importancia para determinar el alcance y las reformas en materia de derechos humanos. Este tiene que ver con el tema en el que los constituyentes de 1917 sí se apartaron del jusnaturalismo para, curiosamente, adoptar un criterio proveniente del absolutismo a fin de tomar medidas que permitieran la redistribución de la propiedad territorial.

Cabe al respecto preguntarse: 0es la propiedad un derecho “natural” como lo planteó el jusnaturalismo original? 0Corresponde a la naturaleza intrínseca del ser humano con antelación al Estado? Esa fue la reivindicación de la burguesía que pretendía disputar a la nobleza el derecho sobre la tierra. Con base en los catálogos de derechos humanos contenidos en declaraciones y convenciones internacionales y hasta en encíclicas papales, la respuesta a las interrogantes planteadas tendría que ser positiva.

Empero, la aceptación de que el texto del artículo primero adscribe nuestra Constitución de modo integral a la filosofía jusnaturalista, genera una contradicción con el 27, según el cual la propiedad privada de las tierras y las aguas se deriva de la propiedad originaria que ejerce la Nación, la cual se subrogó en el dominio ejercido por la Corona Española, de modo que corresponde al soberano —que en el régimen democrático es el pueblo—  “otorgar” ese derecho a las personas concretas que no disponen de él de manera “natural”, ni les es inherente de modo anterior y superior al Estado.  Tratándose de propiedad de la tierra, sí es el Estado el que crea el derecho. De negarse esto, lo que constituyó uno de los más grandes avances en materia social de la Constitución de 17, podría empezar a socavarse por la pretensión de incluir el derecho de propiedad entre los derechos humanos aludidos en el artículo primero. Adicionalmente, la interpretación pro persona conduciría a argumentar que en una disputa entre el interés colectivo y el individual, este último debería prevalecer.  El asunto no es menor si se considera el contenido de tratados internacionales como los de protección recíproca de inversiones, los cuales están incluidos genéricamente en el artículo primero, con base en el cual se alegaría la protección del “derecho humano” a la propiedad para afectar el dominio original de la Nación, cuyo derecho podría ser anulado por instancias arbitrales o jurisdiccionales supranacionales.

Es válido suponer que detrás del denodado esfuerzo por defender el jusnaturalismo, no se encuentra una mera inquietud jurídico-filosófica, sino intereses materiales concretos.

eduardoandrade1948@gmail.com