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Desaparición forzada y prisión perpetua / El Agua del Molino / Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas

Al participar en el tercer día de audiencias públicas en el Senado para dictaminar sobre la ley de
desaparición forzada, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos Torres, hizo pública ante los senadores una propuesta de iniciativa de ley del presidente Enrique Peña Nieto en que propone sancionar aquella con cincuenta a cien años de prisión y cuatro mil a ocho mil días de multa. El subprocurador recalcó que en la propuesta, que en breve será enviada al Congreso de la Unión, se pone de relieve que el delito de desaparición forzada es imprescriptible, se investiga de oficio y tiene el carácter de permanente y continuo. También dijo que no se permiten los beneficios de libertad preparatoria ni substitución o conmutación de penas. Además, tampoco se pueden invocar circunstancias especiales como posibles causas de justificación, ni atenuantes o excluyentes de culpabilidad. Etcétera, etcétera, pero con esto basta y sobra para prevenir al Senado sobre una iniciativa de ley contraria a los principios generales del debido proceso, consagrados y tutelados en la Constitución, y a los derechos humanos y garantías individuales consagrados y tutelados igualmente en el artículo 1º de la Constitución. No se trata de defender al que incurra en el delito de desaparición forzada, pero la iniciativa desconoce y vulnera derechos fundamentales y propicia una especie de venganza oficial, de Estado, propia de los Estados dictatoriales. Aparte de lo anterior,

 

la iniciativa contiene graves errores como, por ejemplo, la imposibilidad de invocar causas de justificación, atenuantes o excluyentes de culpabilidad, olvidando al generalizar que el juez, y solo el juez, con base en su arbitrio y en la individualización de las penas (artículos 51 y 52 del Código Penal Federal), es el facultado para estudiar y analizar cada caso concreto. Lo que es un principio esencial de equidad en el Derecho y, especialmente, en el Derecho Penal. Por otra parte la negativa para conceder la substitución o conmutación de penas hace nugatorio el principio de readaptación social, que no de reinserción como absurdamente lo llama la reforma constitucional de 2008. Y a propósito de dicha readaptación, que supone en los términos del artículo 18 constitucional el regreso del sentenciado al cuerpo social para reintegrarse a él después de haber sido debidamente readaptado -en teoría porque la realidad es espantosa-, ¿a quién se le ocurre que se pueda llevar a cabo con una pena que va de cincuenta a cien años de prisión? ¿O cree el autor de la iniciativa que quien cometa el delito de desaparición forzada es inadaptable? En tal virtud es evidente que la iniciativa se opone al citado artículo 18. Así mismo nuestra legislación penal no contempla la prisión perpetua, razón por la que una pena privativa de libertad y que va de cincuenta a cien años de prisión es, sin duda, equivalente a esa prisión. O algo peor, está semioculta en la iniciativa una prisión perpetua disfrazada. Repito que no se trata de negar la gravedad del delito de desaparición forzada. Sin embargo todo presunto delincuente -no lo será en rigor hasta que se dicte sentencia definitiva- tiene derecho a que se respeten sus garantías y derechos fundamentales, como el debido proceso. Lo contrario es deteriorar gravemente el Estado de Derecho, de suyo constantemente ignorado y violado en México. Ojalá, pues, el Senado de la República no caiga en el garlito de una iniciativa que pretendiendo remediar un mal incurre en otro mayor. En conclusión, es lamentable que el Presidente envíe al Congreso de la Unión, o que se le haga firmar al Presidente, una iniciativa que desconoce y vulnera la Constitución; sin omitir que el Presidente es licenciado en Derecho.
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