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Desde tierras olimpicas

  • Alberto Lati

Qatar 2022 parece no tener competencia en la siniestra cuenta de personas fallecidas en construcciones de instalaciones para un megaevento deportivo, pero no está solo.

Si los Olímpicos invernales de Sochi 2014 dejaron cifras difíciles de precisar en fatalidades que involucraron a trabajadores (algunos hablan de cientos, aunque es difícil aclararlo habiendo sido la mayoría inmigrantes con escasos derechos, llegados desde exrepúblicas soviéticas como Uzbekistán o Tayikistán), Rusia 2018 tiene también ya varias pérdidas que lamentar.

Apenas este fin de semana se dio a conocer que un albañil pereció en lo que será el estadio de San Petersburgo, con lo que ya son ocho las muertes tan solo en esa obra; consideremos que en todo el camino a Sudáfrica 2010 perdieron la vida dos trabajadores y que en el caso de los doce estadios de Brasil 2014 el número total se elevó a ocho (siete, como suele suceder, en sitios con demoras, lo que se traduce en peores condiciones de seguridad).

El problema es, ante todo, de visibilidad. Si quien resulta contratado no existe para la ley de un país, parece difícil que se le defienda o garanticen sus más elementales derechos. Eso enfrentan los nepalíes en las obras en Qatar 2022 y eso fue parte del problema, arriba descrito, de Sochi 2014.

Cada muerte tuvo que haber sido evitada y obliga a idéntico luto, pero al menos con Río 2016, Brasil 2014, Sudáfrica 2010 y Vancouver 2010 (Londres 2012 no tuvo ningún fallecimiento por accidente laboral), se sabía con claridad lo que había acontecido; en Rusia 2018 y Qatar 2022 vamos a oscuras, dependiendo de valientes periodistas de investigación o revelaciones a cargo de Organizaciones No Gubernamentales.

En el específico caso de la Arena Zenit que recibirá la final de la Confederaciones 2017 y una semifinal del Mundial 2018, se cumplen dos de las condiciones más habituales para estas tragedias: demoras y presupuestos rebasados (muchos de quienes erigen el estadio de San Petersburgo, protestaban que tienen tres meses sin cobrar).