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Deshonrar el servicio público

  • Camilo Kawage

1.- Para descifrar los trastornos que sufre nuestra política, y contribuir a restañar el agravio al prestigio nacional que con su proceder provocan ciertos delincuentes parapetados en cargos del Estado, ayuda en algo una revisión a la cuestión ética, de vocación y de compromiso. Ninguna de las anteriores ha brillado en la conducta del fiscal de Nayarit; del personaje que asumiría como propietario en la Cámara de Diputados, ni en la del juez que otorgó amparo al presunto violador en Veracruz porque no lo había disfrutado. Poco escarnio que añadir al insulto que profieren estas personas a cualquier ánimo edificante, y que nos retrata de manera tan obtusa como inicua al resto de los mexicanos.

2.- El efecto expansivo de actitudes indeseables como ésas alcanza no solo al Ejecutivo de Nayarit, a quien exhibe como cómplice o, cuando menos como un total inepto ante la magnitud de los delitos por los que su fiscal es acusado, por si nos faltaba, en Estados Unidos: abarca todo el sistema de aplicación de la ley en el país. A la Cámara de Diputados, por el encubrimiento de un fichado que no pudo rendir protesta y asirse del fuero y lo tuvieron a resguardo en San Lázaro: salpica todo el Poder Legislativo. Y al cuerpo de jueces por contar entre los suyos a uno que brinda el amparo de la justicia a un violador confeso y lo suelta libre: pone en duda todo el Poder Judicial.

3.- Y en automático esos quebrantos rematan en la persona del Presidente de la República. No porque sea el directo responsable, sino porque así se ha desparramado la costumbre, de culparlo de todas las flores marchitas que aparecen en el jardín de la Nación, y para jolgorio de sus enemigos, dentro y fuera de ella. No le hacen falta argumentos a quien advierte que México envía traficantes, violadores y delincuentes al exterior, ni a quien los capitaliza para generalizar el descrédito y ganar votantes al interior.

4.- Además del criminal atentado que infligen a las instituciones en que se agazapan, los tres botones acusan un perverso deterioro de la vida pública, que se percibe y se padece en el desprecio que les merece la ciudadanía a esos personajes. Si la esencia del servicio público se arraiga en la honestidad, la seriedad y el honor, conceptos como el respeto, la humildad y el orgullo propio parecen anacrónicos ante la desvergüenza y la impudicia que se nos pone como ejemplo. Si un policía municipal, un tesorero estatal o un secretario del gabinete federal cumplen con su deber; si un legislador o un juez actúan con probidad “mirando en todo por el bienestar y la prosperidad de la Unión”, se vuelven pieza arqueológica.

5.- Los mexicanos no nos reflejamos en esas figuras, ni la sociedad tiene por que asumirlas como propias; al contrario, las execra y las condena con toda la fuerza de su identidad, porque la traicionan en su razón básica. No basta el castigo de la ley y es de esperarse que sea el mayor; hace falta revisar qué clase de personas son elegidas o designadas a un cargo público, que su perfil se acerque cuanto sea posible al modelo que nos enseñaron como máximo ideal de virtud, nada menos, pues solo así ganará la confianza y traducirá la garantía de certeza que nos inspire a votarlo o a pagarle nuestros impuestos.

6.- Eso quiere decir excelencia, señoría y alteza. Tal vez la “máxima magistratura” de servidor público tenía Melchor Ocampo en mente cuando redactaba leyes civiles. Cualquier cosa por debajo, ha de considerarse traición a la Patria.
camilo@kawage.com