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Día Internacional de la Mujer / Daniel Ávila Ruiz

  • Daniel Ávila Ruíz

Desde 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve celebrar cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Este año, en que el lema eje es “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”, el fin es doble: por un lado, se propone reflexionar sobre cómo acelerar la aplicación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por otro, se pretenden lograr nuevos compromisos de los Gobiernos bajo la iniciativa Demos el paso −de ONU Mujeres− y otros compromisos existentes en materia de igualdad de género, el empoderamiento y los derechos humanos de las féminas.

En México, apenas hace poco más de 60 años, se reconoció el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas para puestos de elección popular (el 17 de octubre de 1953). Cabe destacar, que este gran logro y avance en la vida democrática de nuestro país fue producto de una larga lucha, cuyos primeros antecedentes exitosos datan de mi tierra, Yucatán.

Yucatán fue el primer Estado de nuestro país en reconocer el sufragio femenino en 1923. Ese mismo año, tres mujeres fueron electas al congreso estatal: Raquel Dzib, Beatriz Peniche de Ponce y Elvia Carrillo Puerto; y una mujer fue electa en el ayuntamiento de Mérida: Rosa Torre. Lamentablemente, cuando el gobernador Felipe Carrillo fue asesinado, en 1924, ellas se vieron obligadas a dejar su cargo.

A partir de entonces, otras entidades de México fueron tierra fértil de las medidas con que habíamos avanzado en Yucatán: En San Luis Potosí, las mujeres que supieran leer y escribir obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924. Un año después pudieron votar en las elecciones estatales. Chiapas reconoció el derecho de las mujeres a votar en 1925; y en Puebla ese mismo derecho fue conquistado once años después.

Sin embargo, los lentos avances en el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres dieron pie al surgimiento en 1935 de importantes movimientos, como el Frente Único Popular, cuya demanda fundamental fue el derecho al sufragio, y logró afiliar a 50 mil mujeres de diferentes profesiones y tendencias.

Dos años después, en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas preparó una iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional. No obstante, después de cubrir sus etapas legislativas en ambas cámaras, el proyecto se interrumpió en su declaratoria de aprobación en los Estados.

Fue hasta el 17 de octubre de 1953 −durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines−, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. A partir de entonces se dio el primer paso en el ámbito constitucional para impulsar la participación política de las mujeres.

Sucesivas reformas a las leyes secundarias ampliaron el reconocimiento de los derechos ciudadanos de las mujeres, hasta la última reforma constitucional en 2014. A través de ella se garantiza la paridad de género en candidaturas a legisladores federales y locales.

Llegar hasta este punto en el empoderamiento de las mujeres en nuestro país no ha sido fácil; ha tomado su tiempo y el esfuerzo de muchas luchadoras sociales, a quienes creo que la mejor forma de rendir un franco reconocimiento es abordar claramente los pendientes para lograr un México más justo e igualitario.

El desafío como mexicanos y como legisladores es claro: Reducir la desigualdad en todas sus expresiones, empoderando a las mujeres para que sean partícipes de su propio desarrollo y de sus comunidades; promover y respaldar la participación de las mujeres en la política y la economía para lograr un crecimiento económico sostenible, reducir la pobreza y generar prosperidad de largo plazo.

Porque la lucha por los derechos de las mujeres aún no termina; porque la lucha es de todos, vamos juntos, hombres y mujeres, por la igualdad real.
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.