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Disciplina financiera para el desarrollo / Consideraciones / Aarón Irízar López

  • Aarón Irizar López

El Gobierno de la República ha refrendado su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable y prudente de las finanzas públicas, medidas que han permitido a nuestro país destacar entre las economías emergentes en cuanto a dinamismo económico, generación de empleos y decrecimiento de la inflación, entre otros aspectos, en un entorno global complejo y con alta volatilidad.

En este contexto, reviste singular relevancia la aprobación por parte de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Asuntos Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la reforma a las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, presentada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión en 2015.

Su objetivo toral es establecer un marco que genere reglas en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, a fin de garantizar el manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas en dichos ámbitos.

Las virtudes que ofrece la ley saltan a la vista. Establece las bases para que el manejo de los recursos se haga bajo los criterios de racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Crea reglas para el correcto uso de los recursos públicos en el ámbito local y sienta las bases generales para que los entes puedan incurrir en endeudamiento responsable, siempre y cuando se destine a inversiones públicas productivas.

Asimismo, incluye un registro público único de deuda, que deberá contener todos los empréstitos u obligaciones de los entes públicos, detallando la información necesaria para fortalecer la transparencia.

El Gobierno federal podrá otorgar su garantía a los Estados y municipios que deseen celebrar un convenio, en el cual se establecerán las estrategias de ajuste para fortalecer sus respectivas finanzas.

En este mismo tenor, plantea un sistema de alertas para medir el endeudamiento, que constituirá una herramienta relevante para dar seguimiento al uso de los recursos provenientes de financiamiento e instaurará un techo de financiamiento autorizado a todo ente público.

En términos generales, se pretende generar condiciones más adecuadas para que las obligaciones y empréstitos contratados por los Estados y municipios estén orientadas al interés colectivo, generando con ello beneficios directos e indirectos, que fortalezcan el crecimiento de la economía, a la vez que permitan la generación de ingresos con los que se pueda amortizar los créditos contraídos dentro de los plazos establecidos.

Sin duda, las nuevas obligaciones derivadas del nuevo marco jurídico, permitirán que los estados y municipios manejen de forma eficiente sus recursos para destinarlos a proyectos productivos en beneficio de la sociedad.

Con estas medidas se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos medulares para la consolidación democrática del país. Las finanzas públicas son el pilar fundamental para el crecimiento sostenido de la economía mexicana. Por ello, regular un endeudamiento responsable y sustentable constituye una prioridad.

En conclusión, se trata de hacer un uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo nacional, de continuar fortaleciendo el manejo responsable de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, que permitan el mejoramiento sistemático del bienestar de las familias mexicanas.
* Senador de la República por el Estado de Sinaloa.

Twitter: @AaronIrizar

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