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Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

Cáncer constitucional

Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Senado con el objeto de acercar la impartición de justicia a las necesidades cotidianas, se originan en una magnífica intención y responden a un clamor popular, pero las soluciones propuestas probablemente no producirán los efectos deseados. La centralización y uniformidad que plantean, no garantizan resultados. Quizá se necesite diversificar más los procedimientos y adaptarlos a cada tipo de conflicto que un código procesal único. Un grave riesgo se ubica en las adiciones constitucionales que, en busca de agilidad, acrecentarían la incertidumbre que de por sí ya campea en el ambiente jurídico. Estas verdades deben ser dichas por quienes nos percatamos de ellas sin dejarnos dominar por el temor a decir que “el rey anda desnudo”. Es deber de todo jurista responsable expresar los peligros que corre el Estado de Derecho con la proliferación de medidas que tratando de mejorarlo, lo debilitan. Por ejemplo, la causa de los derechos humanos es incuestionablemente justa pero se torna dañina cuando se confunde cualquier derecho subjetivo con humano o se usa como bandera de cualquier otra causa, incluso aquellas que sirven a las organizaciones delictivas.

La redacción que la iniciativa propone adicionar al artículo 17 es preocupante por el grado de incertidumbre que puede provocar. Dice: “Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.”

El propósito es bueno, pero su texto es ambiguo y ambivalente. Contiene una fórmula contradictoria equivalente a una norma que dijera “Siempre que el contribuyente cumpla con todas sus obligaciones fiscales, puede dejar de pagar sus impuestos”. Las dudas que introduce son múltiples y dan lugar a las interpretaciones más variadas. La inclusión de este tipo de textos sin la reflexión suficiente está generando anomalías constitucionales que se expanden por el sistema jurídico como tumores malignos a la manera que sucede con el artículo primero, el cual, entre bromas y veras, según aprecié en un reciente seminario organizado por la Barra Mexicana de Abogados, se ha extendido al extremo de que la Constitución parecería reducirse a ese solo precepto del cual se desprenden las interpretaciones más imaginativas y extravagantes según lo admiten en el marco de estos encuentros académicos, algunos de los más prestigiosos juristas y juzgadores.

La adición transcrita puede inocular las células de un nuevo cáncer que dé al traste con toda formalidad procesal. Los legisladores deben estudiar los orígenes y razones de las normas procedimentales. Ellas dan seguridad a todos los actores jurídicos y evitan que juzgadores e investigadores actúen arbitrariamente, a veces impulsados por un sincero espíritu justiciero, pero otras por motivos ajenos a la verdad o la
justicia.

Las condiciones previstas para poder pasar “sobre las formalidades procedimentales”, si se cumplen con rigor, harían imposible desconocer tales formalidades aun en el mejor ánimo de resolver conflictos. Si un juez llama a las partes para decirles que les conviene arreglarse mostrándoles sus debilidades y fortalezas, eso ya afectaría la igualdad entre ellas, y no hay modo de desconocer las formalidades procedimentales sin afectar el “debido proceso” que consiste precisamente en cumplir esas formalidades.

jeduardoandradesanchez@gmail.com