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Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

Iniciativas preocupantes

El conjunto de propuestas contenidas en las iniciativas de Reforma Constitucional presentadas recientemente por el Presidente ante el Senado en materia de impartición de justicia han generado preocupación e inquietud en los medios judiciales locales por el enfoque altamente centralista de los proyectos y la incertidumbre que puede surgir de la pretensión de adicionar los artículos 16 y 17.

Pese a que en dichas iniciativas se dice que son producto de una amplia consulta ésta no parece haber escuchado una muestra representativa de los juzgadores de todo el país.

Se pretende crear un “Sistema Nacional de Impartición de Justicia” sin que en la Constitución se especifiquen sus bases y características, lo que pone en riesgo la independencia de los poderes Judiciales locales contradiciendo el propósito de fortalecerlos que, supuestamente, inspira las iniciativas.

Llama la atención que se pretenda someter a los magistrados de los Tribunales Superiores a las decisiones de los Consejos de la Judicatura que tendrían la facultad de remover a dichos magistrados. Los estados han decidido hasta ahora si adoptan o no esta institución administrativa que ahora se les intenta imponer señalando hasta la composición que debe tener y dotándola de facultades desmesuradas y ajenas a la función de estos órganos. Todo ello trastoca el sistema federal, la relación entre Poderes y ámbitos de competencia , así como la jerarquía de los órganos de los poderes Judiciales.

No me imagino que los señores ministros de la Suprema Corte aceptaran que el Consejo de la Judicatura Federal tuviera la facultad de removerlos.

Es necesario que se haga un esfuerzo serio por tomar en cuenta las verdaderas necesidades de los poderes Judiciales de las entidades federativas y no se les menosprecie o se les juzgue como menores de edad. El proyecto ni siquiera resuelve el problema que ha planteado la expresión constitucional relativa a la posibilidad de “reelección” de los magistrados locales; solamente modifica la disposición de que “podrán ser reelectos” sustituyendo el último término por “ratificados”. Se mantiene así la posibilidad de diversas interpretaciones, una en el sentido de que cada Congreso local “puede” determinar si se permite o no la continuación de los magistrados en sus cargos después de terminado el periodo para el que fueron nombrados y otro criterio, que ha sostenido el Poder Judicial federal, en cuanto a que la palabra “podrán” no faculta a los Congresos a decidir si se permite o no la continuación, sino que ésta debe ser una garantía en favor de quienes ejercen la función judicial y al mismo tiempo de los justiciables. Si se quiere mantener esta última tendencia entonces debería redactarse de otro modo el artículo indicando que los magistrados locales tendrán el derecho a ser ratificados previo cumplimiento de los requisitos que al respecto  establezcan las leyes locales.

En cuanto a la agilidad de los procedimientos, en lugar de un Código Nacional podrían listarse en la Constitución las materias en las que se concentran los problemas más apremiantes y los montos de esos asuntos, ordenando que respecto de ellos una ley general establezca procedimientos ágiles, con  formalismos mínimos en los que el proceso se desahogue oralmente en una sola audiencia, oyendo a ambas partes mediante reglas uniformes para todo el país y que la resolución se emita de inmediato; pero dejando que cada entidad federativa decida en cuáles de esas materias se adhiere a tal procedimiento.

eandrade@oem.com.mx