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Ecocidio institucional en Tajamar / Betty Zanolli Fabila

  • Betty Zanolli

Eran las 2 de la mañana del 16 de enero cuando furtivamente y al amparo de la obscuridad, un centenar de granaderos con policía municipal, patrullas y motos, arribaron para acordonar las 59 hectáreas del manglar Tajamar y permitir el ingreso de maquinaria pesada. Esa noche daría inicio en el paradisíaco Cancún, paradójicamente, uno de los más aberrantes ecocidios de nuestra historia reciente con la devastación atroz del 90 por ciento de los manglares de que consta “esta Área Natural protegida” para favorecer con ello el arranque del proyecto inmobiliario Malecón Tajamar Cancún. Acción abominable que destruyó en horas el hábitat natural de 4 especies de mangles e infinidad de animales en peligro de extinción, protegidos por la Norma 029, a los que sepultó vivos (aves migratorias, cangrejo azul, rana leopardo, iguana rayada, cocodrilo Moreletti, garza tigre, pelícano café, entre otros).

Lo inédito y más aberrante del caso es que esta tala criminal fue realizada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con la total aquiescencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ante la permisividad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la anuencia de las autoridades del ayuntamiento Benito Juárez y del Estado de Quintana Roo, aduciendo las distintas instancias de Gobierno que este hecho se daba en apego a las leyes generales en materia de equilibrio ecológico, protección al ambiente y de desarrollo forestal sustentable, no obstante reconocer las primeras que este asunto estuvo plagado de irregularidades desde un inicio, hace ya más de una década. Con ello, una vez más se ha confirmado la gravísima falta de conciencia e indiferencia que campea en el obrar tanto de las autoridades locales como de quienes han estado al frente de la Semarnat, en especial durante los últimos tres sexenios, sistemáticamente en contravención de los más elementales principios de respeto a la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, función sustantiva que le ha encomendado la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Negligencia, en el mejor de los casos, que les ha hecho ya incurrir en responsabilidad, constitucional, penal, ambiental y, sin duda, administrativa, en el ecocidio institucional de Tajamar. Y es que desde el momento en que el extitular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental fue inhabilitado por la Secretaría de Función Pública luego de las denuncias presentadas, debieron someterse a una estricta revisión los actos por él avalados y, en su momento, revocar los que implicaban potencial daño al ambiente. En cambio, cómodamente la autoridad responsable se limitó a convalidar su ilicitud y la posibilidad de que tuvieran lugar daños irreparables contra el medio ambiente como el que Fonatur perpetró en los manglares de Tajamar y como los que recurrentemente se han venido detonando en esta misma zona, desde hace varios lustros, en la llamada Riviera Cancún, al consentir que particulares dañen indiscriminadamente áreas naturales en territorio quintanarroense, entidad en la que no olvidemos la intensa lucha que se libró tan solo para evitar otra devastación que hubiera sido aún peor, la del fatídico megaproyecto Dragon Mart. Afectaciones flagrantes, todas ellas, contra  el patrimonio y salvaguarda de nuestro medio ambiente.

Ahora bien, siendo los manglares reservorio de incomparable biodiversidad marina y la mayor barrera natural que protege a las zonas costeras de los fenómenos hidrometeorológicos además de filtro de las aguas negras, “constituye un delito federal en materia de biodiversidad su daño y además agravado”, pues ha sido cometido en un Área Natural Protegida,  pero ¿cómo calificar y sancionar cuando la acción y omisión ilícitas han sido a cargo de distintas autoridades, nada menos que las encargadas de la protección medioambiental? ¿Acaso ellas mismas se autosancionarán? Evidentemente corresponde al H. Congreso de la Unión, responsable en legislar sobre salvaguarda del ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico (artículo 73, fracción XXIX-G), intervenir en tan delicado tema, a través de la Cámara de Diputados, a fin de promover juicio político en contra de los servidores públicos que obraron vulnerando preceptos constitucionales (artículos 4, 25 y 27), particularmente contra el derecho humano al medio ambiente, la integridad del territorio y del interés supremo de la Nación.

México no resistirá más… un día podrá no haber sanción ni reparación del daño que resarza la devastación social y medioambiental que hayamos generado o de la que hayamos sido cómplices.
bettyzanolli@hotmail.com

@BettyZanolli

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