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Efectos secundarios del matrimonio gay

  • Eduardo Andrade

Eduardo Andrade Sánchez

El matrimonio homosexual sigue levantando ámpula al extremo de que un obispo se ha atrevido a insultar directamente al Presidente de la República lo cual puede constituir una violación al artículo 130 constitucional. En el PRI se afirma que el activismo eclesiástico contra esta iniciativa presidencial le costó muchos votos a ese partido y explica algunas de las derrotas. Lo incontrovertible es que se trata de un tema altamente polémico que polariza a la sociedad y exige una solución intermedia como la que propuse en mi artículo de hace tres semanas.

Encontrar la fórmula no es sencillo porque aceptar la diversidad sexual conduce a conclusiones extremas que no pueden ser desconocidas; así, un enfoque integral tendría que admitir la posibilidad de una sociedad de convivencia múltiple, es decir, matrimonios poligámicos o poliándricos que compondrían familias bisexuales, en respeto a la diversidad y al derecho al libre desarrollo de la personalidad que ampararía la anuencia de más de dos personas, de distintos géneros, para convivir como familia. La lógica jurídica lleva a la necesidad de aceptar un esquema esta índole.

La noción del libre desarrollo de la personalidad podría chocar también con la previsión de la iniciativa presidencial que impide casarse a personas menores de 18 años. Es difícil entender como si la edad para trabajar es de 16 años, se impide a muchachos en pleno uso de sus facultades físicas y mentales contraer matrimonio sin que ello constituya un discriminación por edad y un atentado al libre desarrollo de la personalidad. Ahora bien, si en virtud de convenciones internacionales se acepta tal límite de edad, cumplido ese requisito, debe constatarse además la capacidad jurídica para obligarse de parte de los contrayentes y, por lo tanto, no puede incluirse la discapacidad en general, como una causa de discriminación, prohibida para efectos de que las personas contraigan nupcias. Si se dejara entre las que ahora se denominan “categorías sospechosas”, se llegaría al absurdo jurídico de que la Constitución  garantizaría la posibilidad de que se casen personas con absoluta discapacidad mental, esto es, en estado de interdicción.

Por otra parte, aceptaba la diversidad familiar la consecuencia inevitable es la permisión otorgada a cualquier forma de asociación familiar, para adoptar niños, pero es preciso establecer una limitante en la propia Norma Suprema, según la cual la adopción es un derecho del niño, no de aquellos que desean adoptarlo, a fin de que las consideraciones objetivas sobre la idoneidad de la familia que pretende adoptar, cualquiera que ésta sea, se tomen en cuenta para conceder dicha adopción, sin que una familia de las de nuevo cuño pueda alegar que por ser distinta, se le ha limitado su derecho cuando aplicando razones objetivas no se autorice la adopción.

Si la regulación de las familias ha de ser integral y se pretende uniformar los criterios disímbolos de los Estados siguiendo las directrices de la Corte, sería necesario que junto con el derecho de toda persona a decidir de manera libre responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, se garantizase a toda mujer la posibilidad de interrumpir legalmente su embarazo dentro de cierto número limitado de semanas. Igualmente, en todos los tipos de familia habría que garantizar la ruptura del vínculo jurídico mediante la separación voluntaria de la misma sin necesidad de expresar la causa, lo que ahora se conoce como divorcio “incausado”.
eandrade@oem.com.mx