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El Agua del Molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas
  • El nuevo modelo educativo

La tolerancia que pide el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), “pese a los obstáculos y resistencias que ha enfrentado la reforma educativa”, es un reconocimiento expreso de tales obstáculos y resistencias. Los hay, en efecto. Y otra cosa, se reconoce, igualmente, que la tolerancia del caso implica un análisis en los foros de debate que se llevarán a cabo sobre aquélla reforma y a los que ha sido invitada la propia Coordinadora. Foros de debate que equivalen a una consulta para examinar, tratar un asunto, debatirlo. Son, pues, dos cosas: reconocimiento de obstáculos y resistencias, y presencia de la Coordinadora en los citados foros.

Ahora bien, de lo dicho en el párrafo anterior se deduce o infiere que en su momento no se hizo, por la razón que se quiera, una cabal consulta acerca de la correspondiente iniciativa de ley en materia educativa. O la que se hizo fue imperfecta y no  hasta agotarse con resultados que permitieran la viabilidad de la ley. Porque si una iniciativa de ley no tiene probabilidades de poderse llevar a cabo generará, tarde o temprano, problemas políticos como los que hay. Ya hemos dicho con anterioridad y en este mismo espacio que es imprescindible para la desahogada marcha del Estado de Derecho que cualquier iniciativa de ley debe responder, primero, a una necesidad y, después, a un consenso aprobatorio del gobernado o interesado; y si no consenso sí, por lo menos, que haya una importante aprobación. Si no, se llega inevitablemente a la impunidad o desobediencia a la ley. Lo que pasa es que tolerancia la deberían tener todos, tanto los promotores de la ley como los gobernados o supuestos beneficiarios de ella. Si la situación ha llegado al extremo que conocemos habría que pensar en una especie de replanteamiento de la ley en materia educativa. Por otra parte, digamos, yo no desconozco la buena fe del gobierno para realizar una reforma educativa a fondo. Lo que sin embargo es discutible fue el procedimiento para implantarla. Se han reconocido, repito, obstáculos y resistencias tanto como la necesidad de que la Coordinadora esté presente en los foros sobre educación, es decir, traducido lo anterior a un lenguaje político significa que es inconcebible que el Gobierno (la autoridad) se “queje” del gobernado por agravios recibidos de éste, ya que el gobernado es el único que puede ser agraviado por actos de autoridad. ¿Consecuencia? Que aquéllos obstáculos y resistencias deben ser atendidos. ¿Cómo? Oyendo al gobernado, que reclama ser afectado, en los foros sobre educación y dándole cabida a sus planteamientos, si no se oponen a la razón y al Derecho y si cuentan con el consenso necesario. Esto es política que favorece el equilibrio de fuerzas para lograr la paz social. ¿Tolerancia? Sí, respeto a las ideas ajenas. En una verdadera democracia hay juego de opiniones y el que dirige, el que coordina, el gobernante, tiene la obligación de conciliar diversos intereses. Además, en el caso hay una idea fundamental reconocida por todas las partes y que se impone por sí sola: mejorar la educación a cargo del Estado, depurarla, y que los maestros tengan la suficiente preparación para cumplir cabalmente con la alta tarea que les ha sido encomendada. Lo que ha fallado ha sido el procedimiento, el tacto político, sin desconocer que los maestros disidentes han causado perjuicios económicos enormes que, por ejemplo, ascienden a mil 700 millones de pesos sólo en Oaxaca. Daño descomunal que ha dejado cientos de víctimas. Añádase que somos un país seriamente herido por la violencia y la corrupción. Urge, pues, una solución política que sea auténticamente tolerante y encause el descontento por la vía de la paz. Lo contrario es darle largas peligrosamente a un problema que va creciendo. A nadie conviene.
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