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El Agua del Molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

  • Raul Carrancá y Rivas
  • El magisterio disidente y el Código Penal

Cualquier acción o conducta contraria a los delitos tipificados (descritos) en el Código Penal se vuelve delictiva y sujeta en consecuencia al ejercicio de la acción penal, salvo que se pueda invocar y probar una causa que excluya la incriminación. Leo en las noticias que los maestros disidentes mantendrán su movimiento de resistencia en las calles y carreteras, afectando negocios y oficinas públicas, hasta lograr la abrogación de la Reforma Educativa. Esto sucederá principalmente en Oaxaca, pero con obvia extensión a otros estados del país. Y leo, además, que los maestros disidentes emplazan al Gobierno federal “a reinstalar la mesa de negociación (sobre la Reforma Educativa) con carácter resolutivo”. Los maestros disidentes advirtieron, así mismo, que de lo contrario “habrá movilizaciones que generen ingobernabilidad en el país”, acordando no permitir la toma de protesta del nuevo gobernador de Oaxaca, que será el 1 de diciembre.

Ahora bien, el Artículo 130 del Código Penal Federal, que tipifica el delito de sedición, dice a la letra que: “Se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y multa hasta de 10 mil pesos, a los que en forma tumultuaria sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el Artículo 132. A quienes dirijan, organicen, inciten, compelen o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a 15 años de prisión y multa hasta de 20 mil pesos”. A su vez el Artículo 132 alude en su fracción I a abolir o reformar la Constitución, que en el caso es la finalidad de que se trata aunque no sea aplicable aquí el tipo de rebelión. Lo evidente es que objetivamente hablando, y al margen de cualquier reflexión o juicio de valor sobre el particular, los maestros, resistiendo y atacando de distintas maneras a la autoridad, pretenden reformar la Constitución en materia educativa. En cuanto a impedir que el gobernador electo de Oaxaca tome posesión de su cargo, se podría recurrir al Artículo 180 del Código Penal Federal, que tipifica el delito de resistencia y que a la letra dice: “Se aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de 10 a mil pesos al que, empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal”. En suma, y considerando el contexto social en que los maestros disidentes persisten en su movimiento de resistencia, con las consecuencias de sobra conocidas en seria afectación de derechos de terceros, paralizando actividades de vital importancia para el progreso económico del país, resulta indiscutible que violan normas de superior jerarquía reconocidas en la ley penal de la República. Otra cosa es abrir espacios al diálogo entre las partes para encontrar una posible solución al problema, diálogo que se ha sostenido pero sin llegar a un resultado satisfactorio. Sin embargo, y mientras el delito se esté preparando o cometiendo, la autoridad tiene la obligación de prevenir y actuar en acatamiento de lo que ordena la ley. No hacerlo es o sería una falta grave de responsabilidad en perjuicio directo del Estado de Derecho y de la propia ley. Y lo paradójico es que quienes deben enseñar a niños y jóvenes que vivimos en un Estado de Derecho, lo desconozcan en cambio con sus acciones. Abundan los ejemplos en el país de épocas aciagas o conflictivas en que la ley fue invocada y aplicada en beneficio de todos. “Que el pueblo y el Gobierno respeten los derechos de todos”, “con un inviolable respeto a las leyes”, dijo Juárez poco después de entrar triunfante en la Ciudad de México tras la derrota de Maximiliano de Habsburgo. Añado que respetar los derechos de todos no puede quedar en las manos exclusivas de los gobernados, de suyo propensos a la pasión y a su desbordamiento. Para eso está la autoridad, con la salvaguarda de la ley que siempre será reconocida, tarde o temprano, como el único camino para mantener y consolidar la paz.
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