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El Agua del Molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carranca y Rivas
  • La familia y la Constitución

 

Miles de hombres y mujeres, de distintas edades y religiones, marcharon el pasado sábado 10 en más de veinte ciudades del país para apoyar a la familia que llaman tradicional, en rechazo a la iniciativa elaborada por el Presidente de la República y que apoya los matrimonios igualitarios. Al respecto es necesario leer lo que dice la Constitución. El artículo 1º en su párrafo quinto prohíbe la “discriminación motivada por las preferencias sexuales y el estado civil”, lo cual equivale a la protección que el propio Texto Supremo da a “los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. En la especie es imprescindible, a mi juicio, confrontar el artículo 1º con el 133 que establece claramente el orden de prelación lógica al definir la Ley Suprema de toda la Unión: primero la Constitución, luego las leyes del Congreso de la Unión y por último “los tratados que estén de acuerdo con la misma”, etcétera. O sea, deben estar en concordancia con ella. En tales circunstancias y si nos atenemos al artículo 1º ya citado, ni las preferencias sexuales ni el estado civil de las personas eliminan o anulan la unión del hombre y la mujer en los términos de lo prescrito en el artículo 4º constitucional. Bien es cierto, por otra parte, que en determinadas legislaciones se admite la unión de dos personas del mismo sexo, para mantener una comunidad de vida e intereses. Pero a mi entender no es el caso de México si nos remitimos al artículo 4º. En efecto, en su párrafo primero se refiere, después de declarar que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, a que ésta “protegerá la organización y el desarrollo de la familia”, dando por entendido que por lógica elemental se trata de la familia constituida por el hombre y la mujer. Pero más aún, en sus subsecuentes párrafos, como por ejemplo el segundo en que prescribe que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable a informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos”, no hay duda de que sólo un hombre y una mujer son capaces tenerlos mediante matrimonio heterosexual. Es decir, que los derechos humanos de la familia se hallan notoriamente definidos en el artículo 4º, que desde mi punto de vista y en la materia no pueden interpretarse extensivamente.

Ahora bien, queda en pie el asunto de los derechos humanos de las parejas homosexuales, y de las garantías constitucionales para su protección; lo cual encuentra cabida en las llamadas sociedades de convivencia. No hay nada en el artículo 1º de la Constitución, que tutela los derechos humanos y sus garantías, que impida la existencia de aquéllas sociedades que de suyo no se oponen a la familia consagrada en el artículo 4º de manera expresa. A mayor abundamiento no hay que perder de vista que el párrafo cuarto de ese artículo se refiere a los derechos de “los niños y las niñas”, siendo que por sentido común y conforme al contexto de todo el artículo no pueden nacer sino de una familia heterosexual. Y peregrina interpretación sería la de suponer que tales niños y niñas pudieran ser adoptados. En suma, las sociedades de convivencia bien estructuradas se ajustarían plenamente a lo ordenado por el artículo 1º constitucional, respetando un derecho fundamental del individuo y sin discriminación de las preferencias sexuales; dejando a salvo, además, los derechos tutelados y consagrados por el Texto Supremo para la familia. Yo creo que así se satisfarían dos tipos de necesidades psicológicas y en muchos casos espirituales, superando la llana denominación de “preferencias sexuales”. Otro camino sería la radical substitución del artículo 4º, lo cual contribuiría a polarizar aún más la ya polarizada opinión de los mexicanos en la materia. La gran verdad es que cada quien vive y convive según sus preferencias psicológicas y espirituales, que desde luego influyen en lo sexual. No hay razón humana válida para impedirlo si en el hecho se respetan los derechos de terceros.

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