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El Agua del Molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas
  • Sociedades de convivencia y adopción

Al resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad (en las sesiones de los días 6, 10 y 11 de agosto de 2015), que presentó la Comisión de Derechos Humanos de Campeche sobre el artículo 19 de la Ley Regulatoria (mejor reguladora) de Sociedades Civiles de Convivencia de Campeche, falló, por nueve votos a favor y uno en contra, que las sociedades de convivencia entre parejas heterosexuales u homosexuales conforman un modelo de familia reconocido por la Constitución y, por tanto, tienen el derecho a la adopción de hijos; siendo que el artículo de la Ley Regulatoria viola los artículos 1º y 4º constitucionales “al producir afectaciones al interés superior del menor y a una forma de integrar una familia, además de ser discriminatorio por cuestiones de orientación sexual” (preferencias sexuales), tutelada en el párrafo cuarto del artículo 1º de la propia Ley Suprema.

Ahora bien, el jueves anterior, el día 15, publiqué en esta misma sección un artículo intitulado “La Familia y la Constitución” en el que sostengo que en el párrafo primero del artículo 4º constitucional se manifiesta, después de declararse que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, que ésta “protegerá la organización y el desarrollo de la familia”, dando por entendido que por lógica elemental se trata de la familia constituida por el hombre y la mujer. Pero más aún, de sus subsecuentes párrafos, como por ejemplo el segundo en que se prescribe que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable a informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos”, se infiere también en lógica elemental que solo un hombre y una mujer son capaces de tenerlos (hijos biológicos) mediante matrimonio heterosexual. Es decir, que los derechos humanos de la familia heterosexual se hallan notoria y claramente definidos en el artículo 4º que, desde mi punto de vista y en la materia, no pueden interpretarse extensivamente. Al respecto me han preguntado algunos lectores qué pienso sobre la adopción de hijos por parte de familias homosexuales que conviven en una sociedad en convivencia. En rigor, y centrándome exclusivamente en el artículo 4º constitucional que es lo que aquí interesa, creo que éste de ninguna manera permite referirse, por más que se tuerza el sentido de la interpretación, a las sociedades en convivencia por lo que no comparto el criterio de la Corte que, a mi juicio, determinó que el precepto en cuestión viola los artículos 1º y 4º constitucionales “al producir afectaciones al interés superior del menor y a una forma de integrar una familia, además de ser discriminatorio por cuestiones de orientación sexual”. Afirmo por lo tanto que la familia queda perfectamente integrada en los términos del artículo 4º constitucional y que a su vez las sociedades en convivencia resuelven, en consonancia con el artículo 1º de la Carta Magna (de los Derechos Humanos y sus garantías), el problema de la discriminación. A mayor abundamiento opino que “la Corte no tiene atribuciones para alterar el contenido normativo del Texto Supremo ignorando el espíritu y la forma del citado artículo 4º”. En suma, tampoco hay que omitir que el párrafo noveno del artículo 4º alude a que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de educación para su desarrollo integral”. ¿Y no es acaso desarrollo integral conservar la familia tal y como la concibe el propio texto? Las sociedades de convivencia, pues, deben enriquecerse y ampliarse para respetar los derechos humanos tutelados por el artículo 1º. Queda y quedará por definir, al margen de lo que haya determinado la Corte, “si no se violan los derechos de los niños al predeterminarse su ruta sexual, trazando de antemano su destino al adoptarlos una pareja homosexual conformada en sociedad en convivencia”.
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