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El Agua del Molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas
  • ¿Armarnos?

La iniciativa de ley propuesta por el senador del PAN, Jorge Luis Preciado, para que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos puedan poseer armas en su domicilio, negocio y vehículo es, a mi juicio, demagógica para ganarse con halagos el favor popular, impolítica y populista, con el fin de atraer votos; aparte de contraproducente. De entrada me llama la atención que un senador de la República, miembro de uno de los tres poderes de la Unión, desconozca de golpe la efectividad del poder público en la estrategia de combatir el crimen. Ya sé que la misma no ha dado hasta el día de hoy los resultados exigidos por el pueblo, pero el senador se olvida de dos cosas. Primera, de que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma (Artículo 17 Constitucional), corriéndose el riesgo de que con lo que él propone se la haga, y, segunda, que inclina a la gente, en el caso, a actuar en legítima defensa pero fuera de los parámetros regulados por la misma ley, extralimitándose en la misma. Queda en pie, pues, la contradicción de que un alto servidor del Estado niegue la propia eficacia del Estado en una lucha tan importante como es la emprendida contra el crimen. Es tanto como decir: “hemos fallado (¿ingobernabilidad?) y propongo que nos armemos para resolver el problema”. Que lo diga un senador es contradictorio, habida cuenta de que él es Gobierno y de la proyección y consecuencias de su iniciativa de ley.

Ahora bien, el pensamiento político debe recurrir a las comparaciones (a lo que en derecho llamamos, por ejemplo, derecho comparado). Ellas sirven para cotejar ideas, problemas, soluciones. En este sentido el mundo entero experimenta día con día, y para comprobarlo no hay más que recurrir a las noticias diarias, lo equivocado que es armar a la población, renunciando así implícitamente al papel regulador, ordenador y coordinador del Estado. Un ejemplo dramático y próximo para nosotros es el de Estados Unidos, lo que tiene sobremanera alarmado al Gobierno y a amplios sectores de la opinión pública del país vecino. Matanzas cotidianas, crímenes horrendos, violencia generalizada ignorando la responsabilidad de las autoridades. Hoy en día en México el descontento es tan grande que poseer un arma en el domicilio, negocio y vehículo es prácticamente favorecer el desfogue de la ira e inconformidad contenidas. Eso no es resolver de ninguna manera el problema, sino acrecentarlo; y es, además, desconocer los principios esenciales del derecho penal y de la criminología, propiciando el incremento de la delincuencia. Frente al auge del crimen no resuelve nada combatirlo con violencia similar, ya que ésta distrae de lo esencial, es decir, de la pobreza, desigualdad económica, impunidad, corrupción, crisis de valores y enormes deficiencias en la educación. En tal orden de ideas armar a una nación entera equivale a darle a lo momentáneo el carácter de lo permanente. Solución simple que “políticamente” hablando -lo entrecomillo- quizá rinda ganancias, votos impulsivos. Eso es todo. En suma, armarse uno no es solución legal aunque lo pudiera autorizar la ley. Es una medida a medias, muy riesgosa, que se queda precisamente a mitad del camino y que entraña la contingencia de un daño mucho mayor. Repito que es negar la responsabilidad del Estado, en concreto del Gobierno, en la materia. Es una medida que no propone sino que simplemente niega y que puede poner en manos de irresponsables, descontrolados e iracundos pasiones y rencores desmedidos. Es echarle más fuego a la hoguera. Ojalá lo mediten los legisladores y que la iniciativa sea desechada, excluida, reprobada, pero con razonamientos sólidos, con argumentos bien fundados; porque abunda la gente que no reflexiona y que solo se deja llevar por la impresión del momento, obviamente inconforme con la situación que prevalece en el país, y que seguramente verá en la propuesta del senador del PAN algo positivo. Al respecto, los legisladores tienen la obligación de ilustrar e instruir al pueblo, si es necesario, al adoptar o rechazar un proyecto de ley. Lo contrario es la que se ha llamado peyorativamente “maquinaria legislativa”.
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