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El Agua del Molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

  • Raul Carranca y Rivas
  • México y la corrupción

 

La revista británica “The Economist” publicó la semana pasada un artículo intitulado “Ciudad Juárez Tiembla de Nuevo”, texto de inusual dureza donde se dice que el trabajo del Gobierno mexicano y de la sociedad civil podría resultar inútil para recuperar la paz en Ciudad Juárez. Y advierte: “en gran parte del país los fundamentos del Estado de Derecho, una fuerza policial eficaz y la capacidad para procesar crímenes siguen desaparecidos”. Lacras sociales enormes, gigantescas, con que justamente se nos señala. Tales son en efecto los males que asolan despiadadamente al México de nuestros días. Crisis en el Estado de Derecho en todos sus niveles, Policía ineficiente, injusticia e impunidad. Lo que pasa es que el Gobierno no acierta a dar soluciones en el caso, o las que da son utópicas al extremo de la fantasía. Se nos quiere alimentar y tranquilizar con fantasmagoría social. Me explico. Se ha apostado todo, absolutamente todo, al llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal. Supongamos, sin concederlo ni remotamente, que ese sistema es una verdadera panacea, es decir, la solución general a esos males que nos asolan. ¿Solución a qué? A una situación dada, implantada por la errónea política de Calderón que ha echado raíces muy profundas con una serie inaudita de extensiones turbias, criminales, donde anidan la complicidad y el contubernio vituperable. Los ejemplos abundan: gobernadores corruptos, políticos de la peor ralea y una siniestra “corte de los milagros” que los sigue. En otros términos, ni la mejor ley concebida por el mismísimo Solón tiene el poder de cambiar la realidad. Se enfrentará a ella, eso sí, con poquísimas posibilidades de lograr algo salvo el castigo, porque la ley es “post facto”, acaecido ya el hecho. Desde luego la ley sanciona, ahuyenta al fantasma de la impunidad. Lo que es poca cosa para remediar los males de una sociedad con la corrupción metida en su seno. Pero bueno, consolémonos con la presencia del castigo, si es que llega. “The Economist” dice, ¡qué terrible!, que seis estados del país se han vuelto ingobernables por la delincuencia organizada, la corrupción y los conflictos sociales. Y agrega que el cambio de procurador General de la República así lo revela.

Ahora bien, implementar el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal para enfrentarlo al crimen organizado, como arma letal del Estado, es absolutamente ilusorio. En primer lugar ese sistema no es ni con mucho nuevo o perfecto y sus errores los hemos señalado de sobra (dejando aparte sus pocas virtudes). En segundo lugar los delincuentes se ríen y se seguirán riendo de él, porque a ellos ni siquiera la pena de muerte los asusta. Lo evidente es que su ambición desmedida, su poder expandido y tentacular rebasa a la misma ley. ¿Solución? Ante todo no equivocarse con ese “nuevo sistema”, ni ver en él un arma de eficacia inaudita. Se olvida que el Estado de Derecho -Policía incluida tanto como el Poder Judicial- no solo depende de la ley ya que es ésta, entre otros, uno de sus instrumentos. Hay una madeja que desenredar, hay intereses coludidos que deshacer, y para lograrlo hay que trabajar más allá de los tribunales y de la consecuencia legal de la pena. Jean Lucien Arréat, el célebre escritor y filósofo francés, dijo esta frase de oro: “Uno no se cansa de cambiar las leyes, no pudiendo cambiar los hombres”. Pero a mi juicio éstos sí son cambiables o, por lo menos, orientables. Cicerón, siglos antes, fue más lejos al sentenciar: “En medio de las armas, las leyes enmudecen” (Pro Milone). Lo que podría leerse de la siguiente manera: “En medio del fuego cruzado del narcotráfico, las leyes enmudecen”. Y leyes mudas son lo mismo que nada. En consecuencia hay que orientar a los hombres. ¿Cómo? Reto incruento y gigantesco que no se puede llevar a cabo cambiando de procuradores y apostándolo todo a un “nuevo” Sistema de Justicia Penal. ¿Cómo? Por medio de políticas que no caigan en el pantano de que la ley es todopoderosa y utilizando medios que operen antes de la comisión de los delitos. El Estado de Derecho es castigar pero también prevenir, es educar a largo plazo yendo al fondo moral y ético de la educación. Y me pregunto, ¿no verlo así no será, acaso, propiciar una forma de la corrupción?

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